Andrés Felipe Galindo

La sorpresa fue generalizada: las Farc, luego de una semana de haber reiniciado los diálogos en La Habana con el Gobierno y tras dos semanas de suspensión de las negociaciones, anunciaron un cese al fuego unilateral e indefinido sujeto a verificación internacional y a que el Gobierno se abstenga de realizar cualquier acción militar en contra del grupo armado. Que ese grupo armado ilegal haya declarado un cese al fuego es algo no menos que histórico y reviste trascendencia en la instancia en que se encuentra el proceso de negociación. Sin embargo, ¿qué implicaciones tiene la cláusula donde, fundamentalmente, presionan al Gobierno a aceptar un cese bilateral no declarado?, tras la declaración de la guerrilla, muchos se preguntaron sobre la conveniencia de este anuncio. No se pacta un alto al fuego, el Gobierno no lo encuentra vinculante y existen argumentos legales e ideológicos que aceptan el cese al fuego unilateral pero rechazan la cláusula de permanencia. Sin embargo hay que

La reciente encuesta de opinión y percepción que realizaron algunos medios en las principales ciudades colombianas dejó un balance agrio para Cali: a pesar que 7 de cada 10 caleños se consideran prósperos, que es un grupo social relativamente optimista que considera que su ciudad es la mejor para vivir, existen reservas serias sobre la gestión de la administración municipal y, visto desde un enfoque económico, las mayores reservas de los caleños está en lo que estiman es una precaria provisión de bienes públicos: los tres principales problemas de la ciudad, perciben sus habitantes, no son las dificultades financieras o la ausencia de oportunidades, sino la inseguridad, el transporte y la violencia. En otros términos, los caleños perciben que vivir en su ciudad es un riesgo para su patrimonio y su integridad y además desplazarse en ella es complejo. Y tiene sentido: el MIO presenta serias fallas en su servicio, asociadas a problemas financieros estructurales de los operadores -la d