Cali: clima de desconfianza

La reciente encuesta de opinión y percepción que realizaron algunos medios en las principales ciudades colombianas dejó un balance agrio para Cali: a pesar que 7 de cada 10 caleños se consideran prósperos, que es un grupo social relativamente optimista que considera que su ciudad es la mejor para vivir, existen reservas serias sobre la gestión de la administración municipal y, visto desde un enfoque económico, las mayores reservas de los caleños está en lo que estiman es una precaria provisión de bienes públicos: los tres principales problemas de la ciudad, perciben sus habitantes, no son las dificultades financieras o la ausencia de oportunidades, sino la inseguridad, el transporte y la violencia. En otros términos, los caleños perciben que vivir en su ciudad es un riesgo para su patrimonio y su integridad y además desplazarse en ella es complejo. Y tiene sentido: el MIO presenta serias fallas en su servicio, asociadas a problemas financieros estructurales de los operadores -la demanda está aún 300 mil usuarios por debajo del punto de equilibrio- y la tasa de homicidios de la ciudad es de 74 por cada 100 mil habitantes, casi dos veces y medio mayor a la tasa nacional.

El caso del MIO es elocuente: para funcionar bien requiere que la gente lo use, pero muchos deciden optar por el transporte pirata y el transporte público colectivo ante un servicio con profundas deficiencias, que a su vez pone en aprietos a los operadores para disponer de la totalidad de la flota y satisfacer la demanda. Pero al igual que muchos caleños no usan el MIO, la mayoría no denuncia los delitos y suele guardar silencio frente a actos de intolerancia y violencia en general; en el fondo pareciera que el problema más grande de Cali es una perdida acelerada y grande de confianza en el gobierno y en las instituciones que gobiernan las relaciones sociales y económicas de la ciudad. No se confía en la policía, no se confía en la justicia, no se confía en el gobierno que recauda impuestos y no se le cree capaz de prestar un servicio de transporte adecuado. Emerge entonces el concepto de capital social, que desde la visión de Putnam se refiere al nivel de participación social en organizaciones voluntarias, es decir, subyace la noción de confianza que en determinado nivel facilita las relaciones sociales y económicas. La ausencia de confianza dificulta los procesos sociales -teóricamente se habla de un aumento de los costos de las transacciones o de la consecución de información relevante-, que en últimas se observa en la incapacidad del Estado en el nivel local de computar la información necesaria para tomar decisiones acertadas de política pública y en una baja participación social en los procesos ciudadanos. 

El asunto es más delicado de lo que parece y, sin duda, a pesar de una mejora en el estado de las finanzas públicas -el recaudo tributario es uno de los grandes aciertos de la actual administración municipal-, la reducción de la incidencia de pobreza -en los últimos cuatro años se ha reducido en casi un 8%-, la llegada de mayores flujos de inversión extranjera y una ejecución inédita de obras públicas, los caleños mantienen un elevado nivel de escepticismo que es una respuesta natural a unos problemas estructurales que no han sido resueltos: las desigualdades entre ricos y pobres constituyen una vergonzosa economía dual, que se define como la cohabitación de dos grupos sociales que a pesar de compartir territorio, no se reconocen. Y la brecha entre grupos de ingreso supone una de las minas más dificiles quen enfrentan los hacedores de políticas públicas; ejemplo elocuente de esto es la dificultad de construir una estrategia de seguridad en una ciudad donde el 95% de los muertos pertenecen a los sextiles de ingresos más bajos. El panorama es absolutamente dramático cuando se habla que la incidencia de muertes violentas en la comuna 15, cuya caracterización socio económica la ubica en el sextil de ingresos más bajos, frente a la comuna 22, que enfrenta una condición socio económica opuesta: en promedio, hay 50 veces más asesinatos en la comuna localizada en el Distrito de Aguablanca que en la comuna más rica de Cali. Y la dificultad obedece a un problema de integralidad de la gestión pública: la conexión de redes de microtráfico, violencia, homicidios y pobreza hace que la sola reacción de la policía no sea insuficiente. Y es normal que quienes más padecen los rigores de estos flagelos desconfíen profundamente de sus instituciones, ¿cómo no si sus mejores resultados son con quienes tienen mejor ingreso?

En síntesis, lo que se quiso expresar en la encuesta de bienestar urbano en Cali es la existencia de un notable clima de desconfianza entre lo que se denomina en la disciplina económica el votante mediano, que es aquel cuyo voto resulta decisivo pero normalmente no está atado a ninguna ideología sino simplemente a que el Gobierno eleve su nivel de gasto y este se vea reflejado en su escala de preferencias. Dicho de otro modo: la gran solución de Cali se define en la capacidad que tengan los políticos y burócratas de recuperar la confianza de los ciudadanos que hoy ven con escepticismo lo que ocurre en la administración y en su Concejo y otras entidades, como la Cámara de Comercio, que parece que van a un paso más lento que el de los problemas y necesidades de los habitantes de la capital vallecaucana. Quizás en 2015 exista una buena oportunidad de pensar en liderazgos capaces de concentrar esfuerzos en lo importante tanto como en lo urgente. Finalmente recuperar la confianza de los votantes será la mayor tarea de las instituciones en los próximos años.