Andrés Felipe Galindo

Tras casi cuatro años, se pactó el punto de fin del conflicto, que en la práctica traduce que el Gobierno y las FARC determinaron el mecanismo por el cual esta última agrupación dejará las armas y la combinación de las formas de lucha. Esto en un contexto en que tanto el Estado como la subversión mantendrán el cese al fuego bilateral. Por supuesto, falta aún un terreno  por recorrer, pero se vislumbra la inminente firma de un acuerdo final y el inicio del proceso de desmonte de las estructuras de guerra de las FARC. Sin embargo, aunque hay un ambiente de optimismo en torno a la conclusión de la mesa de negociación, persisten dudas desde algunos sectores. La pregunta es si esas inquietudes son viables en el contexto de la negociación y si efectivamente lograrían un mejor acuerdo que el conseguido. Una de las principales inquietudes está en la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de no repetición. La tesis defendida por algunos sectores sostiene que la impunidad -q

Las dos advertencias del presidente Santos han causado revuelo en la opinión. Parece que lejos de conseguir lo que esperaba, ha logrado despertar una profunda animadversión entre quienes consideramos que está haciendo una política basada en generar miedo. La realidad es que no es la primera vez que el presidente acude a esta estrategia -durante la campaña para su primera elección lo hizo-, ni tampoco es la primera vez que se acude a esta estrategia de comunicación en Colombia. Los dos intentos reeleccionistas de Álvaro Uribe se basaron en persuadir a través del miedo -recordemos la famosa frase de la hecatombe- , con lo cual justificó los esfuerzos para cambiar la Constitución y mantener vivo su proyecto político. Posteriormente lo hizo Óscar Iván Zuluaga y lo ha mantenido el sector opositor al Gobierno. Hablar generando miedo es y ha sido una estrategia común en los últimos años. Pero, ¿qué tan cierto es el par de advertencias hechas por Juan Manuel Santos?  Decir que si

El proceso de negociación de La Habana recorre sus últimos pasos. A lo largo de este proceso, plagado de polémicas, impaciencias y dificultades, sin duda alguna han ocurrido cosas menos mediáticas pero que ya por sí solas justifican la negociación: en los tres años del proceso los actos terroristas se han reducido en un 90% y se ha disminudo a una sexta parte el número de muertes violentas atribuidas a la acción violenta de las FARC. Resulta paradójico que a pesar que las pérdidas materiales y de vidas humanas han llegado a sus mínimos históricos, la retórica de algunos sectores se ha tornado más agresiva. Sin embargo, es claro que sobre la sociedad colombiana todavía se cierne la amenaza constituida por el hecho de tener una máquina de guerra de seis mil hombres alzados en armas que no se ha desactivado ni desmontado, simplemente silenciado temporalmente. De modo que la firma de los acuerdos, su refrendación e implementación plantean una serie de escenarios ciertos pero también

Mucho se ha dicho sobre las ganancias que le trae al país el hecho de firmar un acuerdo de paz. Al respecto, muchos autores –especialmente en el terreno económico-, han sostenido que tales beneficios se desprenden del hecho de reducir la incertidumbre y el riesgo, que llega como consecuencia natural de desactivar a un ejército ilegal de seis mil hombres alzados en armas y sus estructuras logísticas y de cooperación. Por supuesto, eliminar la causa de 6.044.200 desplazados es una buena decisión. Garantizar que a esta cifra escandalosa no ingresen más víctimas es un propósito noble que vale la pena. Promover la resolución pacífica de un conflicto con raíces en lo profundo de la estructura social colombiana nos hace pensar en la frase célebre del ex primer ministro de Francia, Dominique de Villepin, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en febrero de 2003, cuando su país encabezaba los esfuerzos internacionales por evitar la aventura militar anglosajona en Irak: la opc

Con sorpresa leo en redes la indignación de muchos profesionales y estudiantes universitarios que han rechazado la propuesta del Ministerio de Educación Nacional de implementar una política pública de educación terciaria en Colombia. La mayoría han sugerido que se trata de una bofetada del Gobierno que pretende igualar a los profesionales con los técnicos y tecnólogos; otros han sostenido que se trata de una política injusta que pretende igualar las remuneraciones y, no han faltado, quienes han sostenido que esta es una salida engañosa del Ministerio para ahorrarse el esfuerzo de ampliar cupos en el sistema universitario. Claro, también se hicieron presentes los que han dicho que no permitirán que equiparen al SENA con la Javeriana. Tristemente, todo esto denota que nuestros profesionales y estudiantes universitarios, por la calentura de la indignación, no analizaron más allá del titular de la noticia. Por supuesto, la mayoría de las conclusiones son curiosas, odiosas y son expr