Los dividendos de la paz: unas reflexiones para la mesura

Mucho se ha dicho sobre las ganancias que le trae al país el hecho de firmar un acuerdo de paz. Al respecto, muchos autores –especialmente en el terreno económico-, han sostenido que tales beneficios se desprenden del hecho de reducir la incertidumbre y el riesgo, que llega como consecuencia natural de desactivar a un ejército ilegal de seis mil hombres alzados en armas y sus estructuras logísticas y de cooperación. Por supuesto, eliminar la causa de 6.044.200 desplazados es una buena decisión. Garantizar que a esta cifra escandalosa no ingresen más víctimas es un propósito noble que vale la pena. Promover la resolución pacífica de un conflicto con raíces en lo profundo de la estructura social colombiana nos hace pensar en la frase célebre del ex primer ministro de Francia, Dominique de Villepin, ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en febrero de 2003, cuando su país encabezaba los esfuerzos internacionales por evitar la aventura militar anglosajona en Irak: la opción de la guerra puede parecer a priori la más rápida. Pero no podemos olvidar que después de ganar la guerra, hay que construir la paz. Evitar nuevas víctimas, reducir las pérdidas humanas y materiales y promover la reconciliación es un fin que, creemos, llega más fácil cuando las diferencias se concilian a través del mecanismo de la negociación. Sin embargo, aún dicho esto, hay quienes quieren ir un poco más allá y demostrar que las bondades de un acuerdo de paz se pueden contabilizar en las cuentas nacionales. El dividendo de la paz se espera llegue en forma de mejores ingresos, más productividad y, por consiguiente, en una expansión económica sin precedentes. Al respecto, que el entusiasmo no riña con la mesura es mi sugerencia.

Existe un relativo consenso sobre el impacto de los acuerdos de La Habana en la economía colombiana: un trabajo muy reconocido de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes compendia varios documentos que analizan los beneficios de la paz. Estos aportes se suman a otros esfuerzos académicos y oficiales que sitúan el crecimiento adicional del producto interno bruto de los departamentos entre 1,9% y 4%. Al respecto, en términos de crecimiento económico, autores como Villar et al. (2014), sostienen que, a partir de un modelo neoclásico de crecimiento estándar Solow-Swan, la existencia de los grupos armados ilegales es capturada por la ecuación de acumulación de capital en términos de pérdida del capital físico y humano y del producto en términos de unidades de eficiencia. La lógica detrás de este supuesto es que, si bien el gasto en seguridad aumenta el stock de capital, los impuestos para financiarlo impactan negativamente en el ingreso disponible. Visto en términos más sencillos, la idea es así: las empresas y los inversionistas reducen su gasto en máquinas, equipos y plantas por motivos relacionados a las pérdidas causadas por ataques de los grupos armados ilegales o porque creen que serán atacados; dado que el gobierno los combate con una fuerza pública financiada por los contribuyentes, en la medida en que el gasto para tal fin aumente, más se le cobrará a los empresarios. A mayores contribuciones, menor inversión. Así las cosas, estos y otros autores coinciden en afirmar que el conflicto armado le ha costado puntos valiosos en el crecimiento del PIB de los departamentos. Algunos han postulado una cifra de 4,4% anual como los puntos que dejó de crecer la economía de un departamento en Colombia durante los años de mayor intensidad del conflicto. La noción entonces propuesta es que sin conflicto estos puntos se podrían recuperar. Desde luego esto se expresa porque las empresas verán reducida la incertidumbre, los inversionistas llevarán sus capitales a regiones antes golpeadas por la violencia de los grupos armados ilegales, se reducirá la salida de empresas y capitales y esto debería justamente redundar en una mejor perspectiva de crecimiento. Sin duda un panorama muy positivo que hace pensar que la paz es un buen negocio.

No obstante, es imperativo que el entusiasmo no nuble la perspectiva de las cosas. Y aquí nos debemos sustraer de los análisis metodológicos, donde se pueden plantear algunas reservas sobre la robustez del ejercicio empírico. De hecho vamos a suponer que el ejercicio es certero, pero que desconoce algunas realidades que condicionan los resultados. Un crecimiento económico por encima del promedio de las últimas décadas y del promedio de los países de la región entra en el terreno de lo plausible, sin embargo la esencia de estas ideas radica en que la paz es más bien una palanca para impulsar al país y no una varita mágica, como parece que se percibe un poco en el entusiasmo de la retórica oficial de la que se han contagiado los sectores empresariales y académicos e incluso los sectores opositores a la negociación de La Habana: los acuerdos logrados en la mesa per se no tendrán efectos ni extremadamente halagüeños ni potencialmente devastadores. El dividendo de la paz exige que los acuerdos se implementen bien pero también que se resuelvan algunas fallas protuberantes de la sociedad colombiana. Al respecto, conviene hacer las siguientes reflexiones:

En primer lugar, los acuerdos de paz que se firmen en un futuro muy próximo lograrán el efecto deseado –léase pagarán el dividendo esperado- si Colombia mejora la calidad de sus instituciones. Existe una corriente de pensamiento que insiste en que el buen desempeño de las economías tiene una relación positiva y estrecha con la calidad de las reglas de juego de la sociedad. Y ante la vaguedad del concepto –razón por la cual muchos economistas fueron renuentes en cambiar su concepción del crecimiento económico-, se ha avanzado en entender la relación del desempeño económico con la corrupción, el clientelismo, la meritocracia, el Estado de Derecho, la libertad de prensa, los derechos de propiedad, el acceso a la información y los servicios del Estado, rendición de cuentas, entre otros. Por supuesto, muchas de estas variables determinan la construcción de confianza entre los ciudadanos y las diferentes organizaciones e instituciones de un país, como el Congreso, las Fuerzas Armadas, la Policía, la Justicia, los Partidos Políticos y hasta los sindicatos. Siendo optimistas, uno pensaría que la sociedad volcará sus prioridades hacia la construcción de instituciones más sólidas si se deshace de factores que la distraen de este fin como la existencia de grupos armados ilegales, muchos de los cuales encontraron entornos generosos para su conformación justamente debido a la debilidad institucional crónica del Estado colombiano.

En segundo lugar, el dividendo de la paz sustentado en la noción que es constante y perpetuo puede generar ruido y desestimar las reales discusiones y reformas que requiere el país. La persistencia del crecimiento económico debe ponerse en duda a la luz de la evidencia, lo cual quiere decir que el comportamiento del PIB colombiano y de otros países indica que la expansión de la economía no ocurre en las mismas magnitudes durante un periodo indefinido, sino que con el paso del tiempo tiende a ser decreciente. El dividendo de la paz puede ser temporal o puede que no sea igual por los siglos de los siglos. Al respecto, hay análisis estructuralistas que aportan a esta discusión: la tasa de crecimiento económico de largo plazo solía ser más alta antes de la década de 1980 toda vez que existía una mayor participación del sector manufacturero. Un poco de historia nos revela cómo la economía colombiana tenía un crecimiento tendencial mayor particularmente entre los años 1930 y 1970, cuando el país apostó por la industrialización y un modelo de sustitución de importaciones que, luego, fue progresivamente desmontado por un proceso de apertura económica. El análisis que hacen autores como Ortiz (2009), de la Universidad del Valle, sugiere que indicadores como la autonomía tecnológica –equipos y máquinas para producción concebidos como un stock en las empresas- tuvieron un comportamiento negativo en la medida en que el país volcaba sus esfuerzos hacia las exportaciones. Claro, esto tiene sentido cuando se revisa que el país se ha ido especializando en materias primas y bienes de baja complejidad: flores, petróleo, carbón, banano, entre otros. Aquí la reflexión debe quedar clara en el sentido que la economía colombiana buscará un crecimiento tendencial mayor por las decisiones de política económica que se tomen, no por la firma de un acuerdo de paz. De nuevo, este puede ser tomado como una buena excusa para reformular la estrategia productiva en el campo y de formación de capital humano. La paz, entonces, de nuevo emerge como una palanca y no como una varita mágica.

Por último, es fundamental entender que la paz que hoy se promueve desde el nivel nacional realmente se materializa en los territorios: en este sentido, en una buena proporción los resultados que se desprendan de los acuerdos de paz pasarán por la capacidad de los municipios y departamentos de orientar sus esfuerzos para una implementación exitosa de estos. Basta pensar en la llegada de los miles de excombatientes a los municipios y capitales de los departamentos para entender la magnitud del reto: garantizar que el mercado laboral los absorba, que tengan acceso a la educación y la cualificación, a la vivienda, la salud y a la oferta institucional del Estado. Este asunto camina paralelo a otros muy importantes para garantizar que los efectos de la paz se perciban con mayor intensidad, tales como la reducción de las brechas interregionales e intrarregionales. Una ya ampliamente tratada, como es la que existe entre el sector rural y la ciudad y otra menos explorada pero muy elocuente, como lo es la brecha dentro de las mismas grandes ciudades. La evidencia recopilada sugiere que existe una presunta correlación entre la desigualdad, la pobreza y la violencia urbana, de hecho en ciudades como Cali los homicidios se concentran en un segmento crítico de la población –jóvenes entre 17 y 25 años- y en las cinco comunas más pobres de la capital vallecaucana, donde los índices de pobreza duplican y triplican la media de pobreza monetaria de la ciudad, que ya está unos puntos por encima de la media de las 13 áreas metropolitanas más importantes del país. En ese orden de ideas, es claro que el proceso de reinserción y de reconciliación pasa por la capacidad de los territorios de hacer una adecuada provisión de bienes públicos y de desarrollar estrategias de fortalecimiento de la presencia del Estado en estos sectores. No habrá proceso exitoso de construcción de paz mientras persistan las desigualdades abismales que hoy presenciamos. El fin del conflicto armado, que iniciará en el campo, pronto extenderá sus efectos a las ciudades inevitablemente. La paz, entonces, debe ser un motivo que apalanque con fuerza las urgentes intervenciones que exigen los territorios.

Como se ha podido revisar someramente, los dividendos de la paz no son automáticos ni permanentes y, de hecho, están condicionados a esfuerzos adicionales de parte del Estado en sus distintos niveles. El entusiasmo que genera la oportunidad histórica de poner fin al conflicto armado no debe estar sujeto a la cuantificación de grandes beneficios económicos y sociales. Más bien, debe asumirse el esfuerzo de la paz como imperativo ético que movilice los esfuerzos de la sociedad hacia la corrección de las fallas estructurales que han servido de terreno fértil para las expresiones de violencia que han encarnado los grupos armados ilegales. Cesar el fuego definitivamente es una oportunidad para replantear la concepción misma de la nación colombiana, de sus problemas y de sus oportunidades, sin perder de vista que el silencio de los fusiles no nos eximirá de hacer los esfuerzos que se nos exige.

Bibliografía

Arias, M., Ibáñez, A., Camacho, A., Mejía, D. y Catherine Rodríguez, (2014), Costos económicos y sociales del conflicto en Colombia, ¿cómo construir un posconflicto disponible?, Facultad de Economía, Universidad de los Andes, Bogotá, Colombia.

Ortiz, C., (2009), La desaceleración económica colombiana: se cosecha lo que se siembre. En Revista de Economía institucional, Vol. 11, No 21, Segundo semestre 2009, pp. 107-137, Universidad Externado de Colombia

Villar, E., Moscoso, M. y Restrepo, J., (2014), Crecimiento, conflicto armado y crimen organizado: evidencia para Colombia, Universidad de los Andes- CEDE, Bogotá, Colombia.