Andrés Felipe Galindo

La pregunta que muchos se formulan cuando llegan a Cali. El problema es que no existe una única respuesta. Hacia la década de 1980 y la primera mitad de la década 1990 , la ciudad de Santiago de Cali era considerada no sólo la segunda ciudad del país, cuyo primer puesto naturalmente ocupa Bogotá, sino también era un ejemplo a nivel nacional de una ciudad bien administrada y de un cultura urbana bastante inusual en el trópico, más una ciudad que sin ser costera conserva rasgos similares. Llegó mi familia a Cali y la ciudad no tendría más de 1,5 millones de habitantes, si bien ofrecía lo apenas necesaria para una población de un país en vías de desarrollo, contaba con un liderazgo sólido, una administración pública eficiente, una red de servicios públicos domiciliarios y amplios, bajísimas tasas de desempleo, de criminalidad, un clima cálido pero también de prosperidad; en 1980 Cali no era una ciudad rica, pero vivía un auge agroindustrial que le permitió alcanzar significativos avances

Basicamente el mensaje de la en buena hora descartada ley de Víctimas era ese: El Estado colombiano es asesino, tan asesino como los actores armados, tan asesino como los criminales que pululan en los cárteles de las drogas ilegales y la función de las Fuerzas Militares, pieza fundamental de la conservación de la frágil institucionalidad, era ser extensión de los agentes criminales que sembraron de sangre y dolor nuestro territorio. La Ley de Víctimas es necesaria: la responsabilidad no se delega, principio universal de la administración de las organizaciones, y el acto criminal de un agente del Estado, arbitrario y violador de los derechos fundamentales de los ciudadanos debe ser además de severamente castigado reparado a favor de la víctima. Pero no podemos llevar al extremo que el comportamiento de un individuo o un pequeño grupo de agentes del Estado motivados por incentivos oportunistas lleve a considerar que el conjunto del aparato estatal cargue con un estigma inapropiado y teme

En un paradigma dominante durante muchas décadas se pensó que el orígen de la pobreza de las naciones consistía en perturbaciones al mecanismo del mercado que afectaba la eficiente asignación de recursos, en un contexto de precios y cantidades que afectaba el bienestar de los agentes y diezmaba significativamente y de forma irreversible la calidad del mercado como institución capaz de proveer a la población lo necesario para suplir sus requerimientos vitales. Sin embargo en los últimos años, con mucha fuerza pero con las reservas obvias que enfrentan los paradigmas alternativos, se encuentra que el orígen de muchos problemas no es, como se cree, las externalidades del mercado ni la pobreza se engendra en un problema intrincado de conductas asociadas a los incentivos que los precios y las cantidades transmiten a los agentes: el problema radica en las instituciones, antes relegadas a una simple externalidad y hoy simplemente la causa y no insípidamente el escenario dado donde se desenvu

Resulta interesante poder cuestionarse sobre las razones, causas y motivos de la existencia de unos elevados niveles de pobreza en un país en el que, evidentemente, hay abundancia de recursos naturales que, en primera instancia, sugieren un adecuado nivel de abastecimiento de alimentos y provisión de bienes y servicios fundamentales que promuevan el desarrollo humano que, siendo coherentes con este contexto supuesto, merece tener un país como Colombia. Sin embargo el contexto no es consecuente con la realidad de un país considerado como uno de los más desiguales del mundo, aún cuando para la Comunidad internacional no es considerado un país pobre ni un país rico. No obstante la pobreza en Colombia es lejos de ser una simple coyuntura un fenómeno complejo resultado de un sistema de relaciones humanas basadas en la violencia, la baja calidad de las instituciones que le dan forma y un establecimiento político corrupto. No es posible, al hacer un análisis histórico de la evolución social d

Recientemente se publicó un estudio solicitado por un centro de investigaciones europeo en relación con el éxito de la estrategia antidrogas del Gobierno portugués, que arrojó sorprendentes resultados en el descenso del consumo y de la distribución, en cierta medida motivados por la legalización y apertura del consumo y la dosis personal. Sin embargo para muchos excépticos resulta increíble pensar que la legalización es el remedio para el flagelo del narcotráfico, generalmente atado al crimen organizado y la corrupción. En Colombia, al igual que en América Latina, el debate de la regularización del consumo de la dosis personal pasa por el mismo rasero, aún cuando no sea lo adecuado. Ciertamente las variables culturales y demográficas distancian al consumidor europeo del colombiano y, en general, del latinoamericano. Evidentemente, para un gobierno de un país donde la población no supera los 10 millones de habitantes, con una renta per capita significativamente superior a la media de la