Sobre la Estrategia Antinárcoticos

Recientemente se publicó un estudio solicitado por un centro de investigaciones europeo en relación con el éxito de la estrategia antidrogas del Gobierno portugués, que arrojó sorprendentes resultados en el descenso del consumo y de la distribución, en cierta medida motivados por la legalización y apertura del consumo y la dosis personal. Sin embargo para muchos excépticos resulta increíble pensar que la legalización es el remedio para el flagelo del narcotráfico, generalmente atado al crimen organizado y la corrupción. En Colombia, al igual que en América Latina, el debate de la regularización del consumo de la dosis personal pasa por el mismo rasero, aún cuando no sea lo adecuado. Ciertamente las variables culturales y demográficas distancian al consumidor europeo del colombiano y, en general, del latinoamericano. Evidentemente, para un gobierno de un país donde la población no supera los 10 millones de habitantes, con una renta per capita significativamente superior a la media de la región del Sur de América y unas condiciones institucionales que permiten pensar que en Portugal no se requiere una estrategia agresiva contra el narcotráfico como suele ser la constante en América Latina y el Caribe. Sin embargo, ¿qué hace inconveniente una política agresiva en América Latina y una política liberal en el consumo de estupefacientes y su consecuente comercialización?, ciertamente, como miraremos en la primera política, una más bélica y de firme autoridad del Estado, los costos son cuantificables en dinero. Armamento, inteligencia, mantenimiento de enormes ejércitos y un elevado gasto militar; el esfuerzo fiscal del Gobierno por dirigir una política estatal de prohibición desplazaría ciertamente otros gastos que en Colombia revisten caracter prioritario. Pero además del esfuerzo fiscal, si descontamos en el caso colombiano la ayuda extranjera que a 2009 asciende a los 5 millardos de dólares, podríamos pensar que por simple análisis de factibilidad económica y financiera una política agresiva es sumamente elevada, no sin discriminar que la reacción armada del Gobierno contra el tráfico desemboca en la defensa del negocio a sangre y fuego, una guerra larga y cruenta con implicaciones incluso en el futuro político e institucional de los países. Por otro lado resulta indispensable pensar que una política de liberalización del consumo trae implicaciones notables que pueden generar perturbaciones en temas tan sensibles como la salud pública. Si bien ahorra al Estado los elevados costos económicos y sociales de la estrategia estatal para castigar el consumo y la comercialización, no exime al país en cuestión de los costos de velar por la prevención del consumo, de la protección de la seguridad pública y de la rehabilitación de los consumidores, así como los costos implícitos que lleva la baja en la productividad, el aumento de problemas familiares, posiblemente derivados a futuro en violencia doméstica y la perdida de ciertos preceptos éticos y sociales fundamento de las relaciones entre los ciudadanos de un país.

Algunos autores, en especial Cooter y Ulen, sugieren que el problema de las drogas ilícitas tiene una explicación económica: su demanda es inelástica y no tiende a ser sensible a los cambios en los precios. El precio de los alucinógenos es generalmente más elevado producto de las restricciones institucionales, de manera que cuando el Gobierno impone más restricciones al consumo y la comercialización el precio sube. Sin embargo la demanda no disminuye y se mantendrá e incluso se elevará. A medida que el precio se eleva existirá un incentivo para cometer más délitos con el fin de suplir la diferencia en el precio de la droga ilícita. Es decir, por muchas restricciones institucionales que se impongan, la demanda no reaccionará favorablemente y posiblemente aumente o, en el mejor de los casos, se mantenga. Pero una completa legalización de las Drogas actualmente ilícitas tiene otras implicaciones, que son principalmente el descenso en la comisión de délitos, pero puede ser un fuerte incentivo para que los no adictos, que no consumían por temor a las represalias estatales, cambien sus hábitos y empiecen a empujar la curva de demanda de las Drogas hacia la derecha, es decir, dejen de ser marginales y pasen a formar parte del grupo de adictos de un país. Podría entonces considerarse que si bien la flexibilización es favorable en asuntos de seguridad nacional no lo serán tanto cuando el problema se desplace a la salud pública y la convivencia. ¿Qué conviene más?, bueno, el debate está abierto.