Andrés Felipe Galindo

Forbes anualmente publica un listado con las empresas más grandes del mundo. En Iberoamérica, Brasil y España obtienen la mayor participación, con 64 empresas entre ambas. Sin embargo llama la atención que Chile, cuya economía es menor en términos de PIB y mercados, obtiene en el listado a 9 empresas entre 2000, mientras Colombia sólo seis. En el caso colombiano un avance significativo, si se considera que en el año anterior sólo clasificaban 3. Sin duda que los avances en Colombia son significativos en materia económica y deben necesariamente verse reflejados en el conjunto de decisiones que soportan al clima de negocios. De una nación caótica y conflictiva a una que proyecta una acción estatal decidida para privilegiar la inversión, a través de una fuerte intervención armada contra los ejércitos irregulares que sometieron al Estado colombiano durante años, seguridad jurídica para inversionistas, exenciones fiscales al capital y una estabilidad política inusual en un país conflictivo.

Las palabras del ex-alto comisionado para la paz del Gobierno de Uribe, Luis Carlos Restrepo, coinciden con un sentimiento sumamente arraigado en las huestes ultra-conservadoras del país que, sin duda alguna, están sustentadas por el talante godo del ex presidente colombiano. Para muchos haber elegido a Santos era garantizar la continuidad sin variante alguna de las tesis fundamentales que han caracterizado a los ocho años de administración de su antecesor. De hecho, hay que reconocerlo, fue el discurso que manejó la campaña del hoy presidente Santos y fue una acertada estrategia de merchandising político que manejaron sus hábiles estrategas de campaña; lo cual es bueno en una carrera por la presidencia, evidentemente. Todos los mandatarios, no sólo en Colombia sino en el mundo, encuentran como punto de apoyo aquello en que creen que se concentran las preferencias del electorado. Si Santos se revela como el liberal que es, probablemente hubiera tenido la negativa del poderoso caudal de

La reforma a la Ley de Educación Superior presentada por el Gobierno Nacional a la opinión pública es la muestra fehaciente de una torpe ligereza cometida por el presidente y sus asesores económicos y de política educativa. El más grande error que deja esa propuesta es que logró ser la excusa perfecta para que los caza-fantasmas deliren con el espectro malévolo de la privatización. No sé qué es más torpe: si la intención del Gobierno de reformar a la educación superior con una fe inquebrantable en el sector privado configurado por incentivos que lo lleven al rentable altruismo o los receptores más radicales de la comunidad académica que han logrado poner a trabajar su maquinaria ideológica para reencauchar a ese diablo que tanto se aborrece en la educación pública como lo es su privatización. Moisés Wasserman, rector de la Universidad Nacional, es el primer opositor a la ley y descarta la privatización de la universidad pública como intención de la ley. La privatización es un fantasma

Circula en la Web una historia que muestra a una autopista en Naka, Japón, que fue parcialmente destruida por el sismo del pasado 11 de marzo, catalogado como el cuarto más potente desde que se mide la intensidad de las actividades sísmicas. Sin embargo la noticia no es que la autopista haya sido destrozada: la noticia es que en seis días fue reparada y puesta en servicio. Simultáneamente rondaba en otra red social un mensaje que, en referencia a la repatriación de 139 colombianos residentes en Japón, sugería que en lugar de traer a los colombianos en mención hubiéramos traído y nacionalizado a 50 japoneses. Y es que se siente en Occidente, y especialmente en América Latina, un furor incontenible sobre lo que hemos llamado la crisis japonesa sin que se haya realmente procurado analizar objetivamente lo que la tal crisis implica para los directos implicados: los japoneses. Y es que la paranoia de los latinoamericanos residentes en el Imperio del sol naciente contrasta con la pasividad