Andrés Felipe Galindo

Hace algunos días, James Robinson, el reputado académico de Harvard, experto en temas de Colombia y autor del exitoso libro  ¿Por qué fracasan los países?, hizo un análisis de un pequeño poblado del Pacífico, signo elocuente del abandono histórico del Estado colombiano en las regiones periféricas. Un poderoso contraste cuando se enfrenta con las publicaciones internacionales que destacan el buen momento macroeconómico de nuestro país: el mejoramiento de la calificación de la deuda, ante una perspectiva positiva de la economía colombiana, supone uno de esas buenas señales de su estabilidad. El PIB crece por encima de la media latinoamericana y de las economías más desarrolladas y apenas por debajo de Panamá y Bolivia, el nivel general de precios es bajo y estable, la demanda interna se ha constituido en la locomotora del crecimiento -lo cual supone una clase media en auge y un mercado laboral en mejores condiciones-, la pobreza se reduce y la desigualdad parece ceder. Sin embargo

A menudo los gobiernos caen en la peligrosa tentación de definir su gasto en función de la proporción de este con respecto al PIB. La recomendación tradicional de los economistas es implementar una política fiscal contra-cíclica. Es decir, simplemente gastar más cuando el producto se contrae y gastar menos cuando este se expande (consumo privado e inversión en aumento, fundamentalmente). Sin embargo a menudo el debate en torno a qué debe focalizarse el gasto de manera tal que este sea lo más productivo posible es escaso. Los modelos de crecimiento endógeno han expresado que el gasto público debe ser controlado, puesto que no siempre este tiene una relación necesariamente directa con el bienestar de la sociedad. No lo veamos como un asunto de gobierno: el impuesto que usted y yo pagamos -ya sea de forma directa o indirecta-, se espera sea invertido de la mejor manera, de modo que sus resultados sean percibidos por quienes los pagan, en el caso de la educación se esperarían más

Los colombianos llegamos al final de la década pasada con la idea que el Estado había ganado la fortaleza que nunca ha tenido. Las victorias militares contra la subversión hizo creer que sobre el lomo de las fuerzas armadas el Estado colombiano había alcanzado un nivel de control lo suficiente avanzado como para garantizar una óptima provisión de bienes públicos, una adecuada gestión de las políticas públicas y una reducción ostensible de los riesgos para la vida y la integridad de los ciudadanos. Infortunadamente, cuando se analizan indicadores relevantes de fortaleza del Estado con no necesariamente mucho rigor, rápidamente uno concluye que la corrupción, las desigualdades regionales y la violencia suponen aún retos para la supervivencia misma de la organización estatal colombiana. Y este tema cobra especial interés para mí cuando se culmina un periodo de gobierno y justo este siete de agosto damos inicio a otro. El balance del periodo constitucional que culmina en esa fecha es