La Ética de lo Público

La ética es de esos asuntos que uno a veces quisiera eludir, no porque ella sea mala por naturaleza, simplemente es el arma predilecta de los vasallos de la doble moral que condenan en público lo que, muy seguramente, harán en privado. Y es que toda decisión tiene implicaciones éticas. Una gran decisión de un gobernante de destinar recursos para construir una portentosa autopista que conecte el norte con el sur de la Capital o destinar idéntica suma de dinero a construir vivienda para los desposeídos. Y decisiones pequeñas, tales que si prefiero salir de paseo con amigos o quedarme estudiando, tienen dimensiones éticas. Posiblemente si son dimensiones, como sugiero en este escrito, ciertas decisiones tienen más implicaciones que otras. Pero lo que no tiene dimensión, permanece constante en el tiempo y favorece a quienes no toman las decisiones, es decir, el resto del mundo, es el manejo que se le dá a la ética en lo público. Ayer transmitían en la Señal Institucional el debate que en el Congreso de la República hacían a los ministros de Estado implicados en la reglamentación de una zona franca al occidente de Bogotá en la cual, se dice aunque no se llega a acordar en qué magnitud y de qué modo, los hijos del Presidente de la República son accionistas y se beneficiaron de la plusvalía generada por el trato preferencial que en materia tributaria tienen dichos terrenos. Cuando el periodista Daniel Coronell presentó la denuncia de la existencia de la participación de los Uribe en el millonario negocio, dejó claro que legalmente no hay implicaciones de que ambos participen, así sea en un 7,7%, de la tenencia de unos terrenos en franca valorización. Oscar Iván Zuluaga, ministro de Hacienda con grandes dotes de orador, como pocos en los últimos años, dejó clara una posición que debe marcar el debate: La ética pública está ligada a la ley, lo ético, moral o lo contrario deberá estar debidamente especificado en la Ley y nunca sujeta a subjetividades. Es decir, será ético que los hijos del Presidente hagan negocios toda vez que ni la ley ni ninguna normatividad establece lo contrario. Será una falta a la ética pública que un funcionario público abandone su cargo, cometa peculado o prevaricato siempre que en la Ley está claramente reglamentado el comportamiento de los agentes del Estado. Pero es desproporcionado iniciar un debate y llevarlo al Congreso por un tema en el que se pide responsabilidad política al gobierno por un hecho en el cual ni la ley ni ningún mandato legal le pide que la asuma. La responsabilidad política, más relacionada con la ética, y aún más la penal y civil deberán ser aquellas que la ley indique, pero nunca aquellas, especialmente la primera, que la subjetividad ética y moral de los individuos considere. Si basamos el principio de responsabilidad ética de los funcionarios del Estado en la subjetividad de la ética particular, posiblemente debamos dividir el país en tantas repúblicas como conceptos éticos exista. De allí que el marco institucional debe ser el que oriente los juicios políticos, aún más cuando se trata del Presidente de la República y su familia.

En lo público la única medida de la ética de los funcionarios y sus actuaciones es el que la ley y la legislación vigente establezca debidamente.