El odio y la diplomacia

¿O bien la diplomacia del odio?; realmente la reacción del Estado ecuatoriano, un año después de la operación militar contra las FARC en territorio del vecino país, más allá de sorpresiva e indignante, revela contundentemente el lineamiento que dirige la política con Colombia: el odio del jefe del Estado ecuatoriano transmitido a todos los estamentos institucionales públicos de la vecina república, denotando por esa misma vía la debilidad característica de los estados de la región, curiosamente donde se posó el pensamiento progresista de la izquierda latinoamericana. Pero la orden de captura preventiva contra el anterior Ministro de Defensa Nacional de Colombia por parte de un juez municipal de Sucumbíos, bastante cuestionable jurídicamente pero mucho más políticamente, pasa del carácter anecdótico e inédito a demostrar sin el más mínimo dejo de vergüenza lo que en relación con Colombia está en capacidad de hacer el gobierno ecuatoriano, cuyo carácter es el mismo pendenciero de Rafael Correa, cuya diplomacia es tan primitiva como obsoleta. Además de ser un adefesio jurídico, según connotados juristas y expertos; nadie se explica cómo pretendía la Rama Judicial del Poder Público del Ecuador llevar a sus tribunales a un alto ex funcionario del Gobierno de Colombia como si se tratase de un delincuente al mejor estilo del terrorismo internacional. Causa curiosidad que aún cuando era practicamente de conocimiento general que toda acción militar es una acción de Estado, el presidente Correa haya defendido la orden de captura contra Santos. Las responsabilidades de un gobierno son conjuntas y se requiere de unos protocolos internacionales para llevar a un individuo en nombre de un regimen a responder por crímenes de guerra. Hoy leía a un connotado editorialista en El Tiempo que en tono jocoso y de burla se interrogaba sobre la viabilidad de ese sistema sui generis que mostró Ecuador y se preguntaba si en ese sentido entonces un juez promiscuo de Nemocón o un tribunal de Quibdó podrían pedir orden de captura contra Nicolas Sarkozy o Hugo Chávez por intervención ilegal en asuntos internos o complicidad con organizaciones terroristas. Sin embargo llegan en otro sentido aseveraciones: si Ecuador hizo ese revuelo jurídico y político es por reacción natural a la doctrina empleada por el Gobierno colombiano para su lucha contra las organizaciones insurgentes, que justifica un ataque en suelo extranjero. En eso, Rafael Correa supo vender su idea: ataque traicionero, injustificado, criminal; por lo menos un buen grupo supo comprarle esas tesis. Pero realmente, si bien la ley no reconoce matices, es políticamente correcto aseverar: un ataque a un campamento 200 metros dentro del territorio ecuatoriano, en una zona deshabitada, olvidada, selvática no puede ser empleado como agresión a un pueblo. Es increíble que para un gobierno la baja de un criminal de guerra de talla internacional como 'Raúl Reyes' no sea motivo fuerte para atenuar una intromisión en su territorio por parte de una fuerza militar extranjera, cuando no causa daño alguno a inocentes o pérdidas económicas considerablemente altas y por el contrario convierta una acción de un Estado contra un objetivo militar enemigo, que no vincula a ciudadano ecuatoriano inocente, en una acción de guerra que sin importar nada ha llevado a un odio generalizado del gobierno del Ecuador contra Colombia.

En nombre del derecho internacional puede llegarse al orden y la armonía entre los pueblos. Posición indiscutible y universalmente respetada. Sin embargo cabría cuestionarse si en el caso puntual del conflicto armado colombiano, específicamente de la operación causante de la discordia, es el derecho internacional justificante para que el Gobierno del Ecuador haya permitido que un criminal, líder de la mayor banda terrorista guerrillera del continente, haya pernoctado y establecido una base de operaciones, visitada por turistas extranjeros (¿o alguien ha establecido cómo los mexicanos, colombianos e incluso el ecuatoriano muerto llegaron a dar con el campamento y las fuerzas armadas del Ecuador ignoraban con absoluta torpeza la presencia de una base guerrillera facilmente detectable por aviones de reconocimiento o satélites?). Quizás la única explicación lógica es que Ecuador, sobre todo su gobierno, no cumple con el deber de mantener su territorio libre de delincuentes, por un simple asunto de seguridad nacional, máxime cuando se trata de un grupo catalogado por los EE.UU. y la Unión Europea como terroristas. ¿Por qué no cumple su deber?, posiblemente valdría otorgarle el beneficio de la duda al gobierno de Correa, pero eso incluye la sospecha de su solidaridad con la organización guerrillera. Así el presidente justifique su ambigüedad tachando de cómplice de la guerrilla al Presidente Uribe por la presencia de campamentos de las FARC en territorio colombiano, acusación, sea seria o no, que denota la torpeza del líder ecuatoriano, quizás más por su ciego odio al Gobierno colombiano que por debilidades cognitivas o mentales, las cuales ni vienen al caso ni acotan en lo absoluto relevancia. Sea pues la oportunidad de establecer si en nombre de la soberanía de las naciones, un gobierno que persigue más que por mandato electoral por orden constitucional a quienes aún mantienen una posición agresiva contra el Estado y que tiene toda la certeza que sus perseguidos usan el Derecho internacional para salvaguardarse de la acción efectiva estatal contra ellos en un territorio extranjero y encuentra que el gobierno de ese país ni hace ni deja hacer, puede permitirse dejar el status quo, es decir, permitir que los criminales que le hacen la guerra al Estado colombiano delincan desde el extranjero con toda la impunidad del caso. Creo, así muchos juristas crean lo contrario, que hay casos extremos como el de Angostura donde hay que romper el orden y hacer con sus manos lo que otros se resisten a efectuar. Sin duda que la actitud del Ecuador es desmesurada y reviste un carácter perjudicial para la volátil región. No es lo mismo, está claro, bombardear Quito que una zona deshabitada. Lástima que para Correa el dossier colombiano se haya vuelto parte de su estrategia electoral y política.