Reflexiones sobre el Sistema Financiero en Colombia

Según dos economistas dedicados al análisis del sistema financiero, Zuleta y Carvajal (1997), el sistema financiero es un arreglo institucional consistente en el establecimiento de un intermediador financiero, con un costo dado, donde el agente que busca servirse del sistema paga un costo, único y fijo, y cede los derechos de un proyecto de inversión. A cambio, el intermediador se compromete a pagarle un retorno sobre la rentabilidad promedio de la economía un periodo después. De los proyectos recibidos el intermediador realiza un análisis comparativo de un subconjunto de proyectos donde evalúa entre otros aspectos su rentabilidad esperada, la neta de los costos de la intermediación y la tasa de rendimiento del capital seguro. En el evento que la última supere a las dos primeras variables, el intermediador invertirá en proyectos de inversión de baja rentabilidad, menos riesgosas. Si sucede lo contrario el intermediador prestará sus servicios a proyectos de inversión de retorno más alto y un mayor riesgo. Así, el sistema financiero ofrece tres beneficios, supuestos por varios autores, los cuales son, en su orden, (i) ofrece a los empresarios información como bien público, (ii) presentarse como un seguro para la diversificación del riesgo, gracias a un portafolio amplio establecido por el intermediador, (iii) ofrecer a los agentes la posibilidad de suavizar sus sendas de consumo, a través del manejo intertemporal de su liquidez. Sea también prudente citar a otro prestigioso economista, Schumpeter, quien hace casi un siglo calificó al sistema financiero como importante para el crecimiento económico en la medida en que sus servicios promueven la innovación y el crecimiento económico, consenso al que también se llegó por parte de varios economistas.

Así el acercamiento teórico, aunque precario, nos permite identificar un sistema óptimo donde se manejan incentivos para la inversión, gracias a un intermediador financiero que contempla una serie de portafolios que ajustan sus necesidades conforme a las condiciones presentadas por un agente solicitante de servicios. En cristiano no sería otra situación diferente a la de tener servicios de intermediación financiera de acuerdo a unas características ofrecidas por un usuario del sistema. En ese sentido, como ejemplo, no es lo mismo solicitar un crédito para financiar el inicio de una empresa o simplemente para adquirir un título de deuda pública, cuya tasa de retorno está soportada por el Estado y no por unos cálculos con margen de error, perturbados por la variable incertidumbre y que requieren parámetros de conocimiento y procesamiento de la información diferentes. En este sentido, se logra explicar lo que en esencia resulta ser un sistema financiero.

Sin embargo, ¿hasta dónde realmente la estructura financiera institucional colombiana posibilita el crecimiento y el desarrollo económico, como lo sugiere Schumpeter hace casi un siglo?, en primera instancia es incierta la respuesta ante la carencia de una evidencia empírica que soporte una aseveración positiva y negativa. No obstante, según las cifras de 2008, el crecimiento económico general fue muy discreto, por debajo del esperado, el crecimiento del sector financiero alcanzó el 4,6%, lo que según algunos analistas impidió que la contracción fuera más severa. Sin embargo desde el punto de vista agregado, macroeconómico, el comportamiento de las cifras parecen avalar las apreciaciones de varios analistas, desde la visión de los usuarios, algo más microeconómica, las cosas parecen no tener la consistencia deseada. Es bien conocido por algunos que la racionalidad del crédito es una medida totalmente lógica para los bancos y establecimientos crediticios, una medida racional si se tiene en cuenta que para un intermediario financiero es realmente imposible corroborar la totalidad de la información que presenta un usuario o solicitante de algún servicio de crédito (como nivel de ingresos, pasivos, activos, patrimonio, propiedades). Lo dijo un ex supertintendente financiero y ex ministro del Interior, si los bancos flexibilizaran sus políticas de crédito a un nivel por debajo del socialmente necesario nos enfrentaríamos a una situación altamente riesgosa: los ahorradores podrían perder su capital depositado en el banco producto del prestamo de éstos a través del intermediador a usuarios sin capacidad de pago, por ejemplo. Pero ciertamente, desde la liberalización financiera de los 80 en Colombia, no ha existido una política común de crédito que provea de capitales a aquellos agentes que por sus condiciones carecen de las cualidades requeridas para asumir una obligación financiera. Pero dicha inexistencia es más producto de una presunta negligencia que de una inexistencia de herramientas. Surgió en Bangladesh la figura del microcrédito como alternativa para los más pobres; y tiene sentido, aún para el banquero más radical y tipicamente maximizador de ganancias: una propuesta de inversión de un agente que ha permanecido por debajo de la línea de pobreza, naturalmente víctima de la racionalidad del crédito, no requiere de grandes sumas de capital para financiar sus proyectos. En ese sentido, además de establecer programas para minimizar el riesgo, se puede pensar que el microcrédito obedece a un condicionamiento: la tasa de retorno de la inversión es menor que la tasa de riesgo del capital seguro y por tanto la financiación no puede exceder un tope en el que el riesgo se incrementa casi que exponencialmente. Así las cosas el microcrédito es el resultado de un análisis al cual la sociedad no puede renunciar: sin distinción, de una u otra forma en una sociedad todos sus miembros requieren del acceso al crédito, unos en mayor proporción que otros. Y evidentemente el cierre definitivo de las puertas de acceso al mercado de capitales a quienes no cumplen con los requisitos deja de ser una condición rígida y deviene, en un gran modo, una posibilidad que no puede seguir contemplando una sociedad económica en vías de desarrollo.