El urbanismo viable II

Recuerda Krugman en algún encuentro realizado años anteriores en San Juan de Puerto Rico sobre geografía económica que la economía de Nueva York surge en primera instancia por unas ventajas iniciales de estar asentada sobre el canal de Erie. De allí, la aglomeración ha permitido la promoción de actividades extensivas que le han dado el carácter a la economía de la mayor ciudad de los Estados Unidos. Concluye aseverando que, a la economía como disciplina, debería interesarle profundamente el efecto de las fuerzas centrípetas que atraen a la actividad económica y a las fuerzas centrifugas que la separan y concluir que en un escenario geográfico la tensión entre ambas fuerzas determina una realidad del desempeño económico. De allí que Manhattan concentra la mayor productividad de la economía regional del área triestatal, La Défense (como en el centro histórico de París no puede construirse edificios de altura mayor a los 12 metros, el gobierno francés promovió el establecimiento de empresas de gran tamaño en una porción de tierra de 500 hectáreas al noroeste, con redes de transporte modernas y rápidas, donde se produjo un bum inmobiliario valorado en miles de millones de euros y constituyó una agencia estatal dedicada a su gestión, el EPAD) concentra una cuota enorme del inmenso PIB parisino y la Media milla cuadrada londinense se erige como la mayor plaza financiera del continente europeo. Ciudades avanzadas, que ocupan las primeras ubicaciones en los escalafones de urbes globales, han desarrollado esquemas de urbanismo económicamente viables que han favorecido el crecimiento económico y la mejora ostensible en el bienestar de quienes residen en ellas.

Habíamos concluido en una ocasión anterior que la diferencia entre las ciudades considerablemente desarrolladas y las que no lo son va más allá de si construyen las mejores obras. Si se contrasta la red vial principal de Bogotá con la red vial principal de París, aunque hay obvias diferencias en desventaja de la capital de Colombia, cumplen y desempeñan en esencia el mismo papel. La cuestión va más al fondo y radica en la calidad de las instituciones que promueven el desarrollo urbano de las grandes aglomeraciones. Ciertamente, la avenida de los Campos Elíseos como la carrera 7 unen a los barrios más importantes y representativos del país con el centro urbano, o la Avenida Caracas y el Boulevard Haussman atraviesan la ciudad o parte de ella pasando tangencialmente por el mismo corazón de la metropoli. ¿Cuál es la diferencia?, mientras el Ayuntamiento de París tiene normas de urbanismo exigentes que proscriben adefesios arquitectónicos y fomentan la actividad económica de bajo impacto social pero de gran beneficio para la economía de la región, la Alcaldía Mayor de Bogotá permitió, por ejemplo, que la zona occidental del centro de la capital se convirtiese en el más grande vecindario de alto impacto social del país (el más grande burdel de Colombia, dicen algunos), en detrimento de unas zonas que por su ubicación podrían perfectamente ser de los mejores suelos del país con gran valor económico, es decir, esas fuerzas centrifugas y centripetas de la aglomeración y de la localización estaban desequilibradas producto de un arreglo institucional ineficiente y expulsó toda actividad económica socialmente aprovechable (comercio, construcción) de esa zona. En conclusión, en unas ciudades se promovió que la aglomeración urbana permitiese la localización de actividad económica y la generación de riqueza, mientras en Bogotá así como tantas ciudades en Colombia en virtud de instituciones ineficientes se destruyó valor y se propició una acumulación de capital irrelevante. Dificilmente puede decirse que el Santafe, barrio tristemente célebre de la capital colombiana, sea un generador de riqueza del mismo modo en que lo es Étoile en París o el homólogo Santafe de la Ciudad de México. Es así como los gobiernos regionales permiten la configuración del espacio geográfico para promover el intercambio, la acumulación de capital y la consecuente generación de riqueza. El suelo, como un activo escaso del que dispone una sociedad urbana, determina su uso a través de contratos colectivos con costos ex ante elevados y costos ex post indeterminados por su prohibitivo monto en ocasiones por los arreglos contractuales que en el camino se efectúan. Un ejemplo típico de lo anterior es cuando en la Alcaldía de Mockus se permitió que el barrio Santafe acogiera comercio de servicios de altísimo impacto; los costos ex ante estaban casi determinados antes de la celebración de ese contrato que avaló el uso del suelo de esta zona de la ciudad dado que negociar con quienes previamente y de forma ilegal habían ocupado ese terreno para negocios no contemplados en el ordenamiento territorial era ya costoso, añadido a que el Distrito ignoraba muchos aspectos de la negociación, lo cual permite presumir que producto de ello era más barato otorgar a este grupo económico el uso legal del suelo que castigarlo (uno de los orígenes del denominado zoning, que se explica como la atomización de la actividad económica por sectores dentro del espacio geográfico, que lejos de lo que se cree, en lugar de construir valor lo destruye, como sucedió con el 7 de agosto, Quinta de Mutis o el mismo Chapinero); posteriormente el costo ex post podría determinarse por el valor de la oportunidad perdida de haberle dado a ese sector un uso socialmente menos impactante y económicamente más provechoso, como inversión en renovación urbana y redensificación que de entrada habría reactivado el comercio formal en la zona. En las sociedades modernas se determina gran parte de la distribución de los recursos a través de acuerdos, en el uso del suelo generalmente formales y propiciados por una autoridad. Recuerda North, no obstante, que las instituciones generan incentivos y que tales instituciones (contratos) no necesariamente pueden ser eficientes (es decir, que no maximizan el valor); de ese modo puede derivarse que si las instituciones que han regido la localización económica en un espacio urbano como Bogotá han sido ineficientes, puede estarse incentivando el desperdicio de recursos, la conducta oportunista (delincuencia, ilegalidad, crimen) y la información de baja calidad, que dificultan a la administración el control efectivo de la actividad económica y el uso del suelo en el espacio geográfico y dificulta una mejora sensible en el bienestar de los ciudadanos.