Crónica de una Emergencia social anunciada

Que el sistema de salud colombiano iba a colapsar financieramente no era un secreto. Finalmente el POS con el que se pretendió mantener la salud de los colombianos estaba concebido para un país con cultura preventiva y no uno como el nuestro en el que nos acostumbramos a ir al médico cuando ya la situación escapa a una solución residente en el imaginario popular. Desde el mismo momento en el que en Colombia se adoptó la Ley 100 se condenó a la desaparación a un sistema novedoso ahí ideado, propio de una nación con una estructura productiva más sólida pero incompatible con las condiciones reales del país. Así pues los decretos de la Emergencia social emitidos por el Gobierno Nacional son el resultado de un camino errático que en seguridad social el país ha recorrido desde 1993, además de ser la ocasión ideal para que algunos acostumbrados al discursillo popular recorran el país denunciando la inhumanidad de las reformas planteadas a la luz del estado de excepción.

Sin duda que los decretos parecen más concebidos para una emergencia económica que una social. Para un observador desprevenido de la forma en que se conformó el paquete de medidas resulta descabellado que el riesgo de colapso financiero del sistema de seguridad social en salud fuera un asunto que preocupara a un ciudadano usuario del sistema: por emergencia social se habría entendido más el momento ex post del colapso pero nunca el ex ante. El usuario mientras siga recibiendo servicios de salud, así sea interponiendo recursos legales como las tutelas, no pensará de qué modos resultan los recursos con que se financian costosos tratamientos que son consecuencia de negligencia preventiva. Pero ese es el sistema, finalmente no es dificil identificar que las áreas destinadas a prevención y promoción son poco conocidas por los usuarios y disponen de insignificantes espacios para estar presentes como parte fundamental de una seguridad en salud integral. Si colapsa el Fondo de Garantías de donde las EPS financian los tratamientos que se encuentran es un asunto que debería ser de la competencia de las autoridades y no de los usuarios. En eso se comparte el malestar por lo extremo de algunas posiciones del Gobierno.

Sin embargo lo que hace el Gobierno es simplemente cortar la puntita del iceberg. La emergencia social ataca como paliativo pero no corrige las fallas históricas de un sistema que en Suecia podría ser exitoso pero que en Colombia no lo sería por las razones que entro a explicar, nada novedosas, pero que aún así, no fueron atendidas en su momento. Primero la estructura del mercado laboral, interrelacionado íntimamente con el funcionamiento del sistema de salud y pensiones, en Colombia está marcada por la informalidad, que estudios serios calculan en más del 55%. El sistema de salud adoptado por la Ley 100 parte de supuestos facilmente controvertibles en el contexto colombiano, como es el hecho de suponer que es un mercado apto para tener un régimen mayoritariamente contributivo. Quizás en un país europeo como Suiza o el mismo Reino Unido es aceptable pensar en un esquema de salud con énfasis en la prevención, con una red hospitalaria adecuada y un mercado laboral un poco más estable que el colombiano. Finalmente debe tenerse en cuenta que el sistema de seguridad social está atado inevitablemente a las fluctuaciones de la economía, particularmente al empleo, y el caso colombiano presenta una bajísima productividad per cápita, un bajo poder adquisitivo de sus agentes y un esquema de contratación laboral que en el mejor de los casos terceriza a la gestión humana pero que en una gran mayoría de los casos supone que buena parte de la fuerza laboral se encuentra subempleada y la precariedad de sus ingresos impide mantener un aporte constante al sistema de salud y pensiones. Es decir, el modelo de salud creyó que todos iban a poner y terminó estrellándose con una realidad que indicó todo lo contrarió, sólo unos pocos pusieron pero todos demandaron. En ese escenario es obvio que los recursos destinados a subsidiar tratamientos costosos se acabaran. Funcionó todo bajo una lógica detestable: es como si yo siendo dueño del negocio y consciente que mi supervivencia depende del pago de contado del consumo de cada cliente me la pasara fiando constantemente los servicios o bienes que vendo.

Reformar al sistema del salud es bastante dificil. En las actuales condiciones a Colombia no le quedan muchas opciones a modelos de salud centralizados por el Estado y fiscalmente onerosos. Si queremos un modelo de salud eficiente y flexible, tendría que pensarse no sólo en inversiones en infraestructura sino en reformas de fondo que promuevan a la productividad, el crecimiento, la generación de empleo de alta calidad y la recuperación del poder de compra de los individuos así como un exhaustivo exámen a la capacidad de supervisión del Estado para evitar que el sistema se vuelva un negocio y pierda su raison d'être. Pero llama poderosamente la atención en los decretos de la emergencia social el carácter frío con que se asume que por la recuperación financiera del sistema se sobreentienda que todo funcionará bien; el Gobierno tocó fibras sensibles como el derecho a la salud, declarado conexo al derecho a la vida por la Corte Constitucional, así el espíritu de las medidas de choque no hubiese sido nunca violar tan sagrados principios de la sociedad. Agrio se pone el ambiente pre electoral, donde sin duda la postura inflexible de los decretos permite suponer que ante todo prima el sentido financiero del sistema. Pero eso no es el problema real, eso es más bien una consecuencia de no haber reformado a tiempo al modelo de salud. La emergencia social es la cuenta de cobro a la negligencia de muchos, incluídos quienes hoy se rasgan las vestiduras ante las circunstancias.