Conmoción ha causado en algunos círculos de la ciudad de Cali la propuesta de un grupo de habitantes de la comuna 22 de la capital vallecaucana, la más rica y homogénea en cuanto a niveles de renta y que hace unos años se escindió de la comuna 17, otra próspera aunque menos homogénea, cuyo proyecto consiste en la separación de buena parte del sur de Cali para constituirse en lo sucesivo como un municipio, el cual no sería menos que el más rico del Valle del Cauca y quizás del país, por su nivel de renta per cápita y niveles de desarrollo humano; la primera consecuencia de la separación de esta zona sería el golpe fiscal para la ciudad de Cali, teniendo en cuenta que sectores como Ciudad Jardín son los que más tributan al fisco municipal y sostienen buena parte del presupuesto del Gobierno local. A la luz de la conveniencia para Cali de este proyecto, algo mezquino para mí, la conclusión es que es nocivo para la capital del Valle desde donde se le mire.
La separación, por un lado y como se indicó anteriormente, supondría una pérdida irrecuperable de recursos vitales para el funcionamiento del municipio y es un riesgo que ningún gobierno interesado en la inversión pública estaría dispuesto a correr. Pero por otro lado una eventual separación supondría una pérdida de tierras enorme que afectaría la expansión urbana y la actividad turística, como el hecho que Pance no sería de Cali sino del nuevo municipio o pérdidas simbólicas que tendrían gran trascendencia práctica en un futuro cercano como el hecho que muchas de las mejores universidades de la región y del país, como la Javeriana y la ICESI, estarían a disposición de un nuevo municipio y no de la ciudad que merece un carácter internacional como Santiago de Cali. Una ciudad de dos millones y medio de habitantes perdería buena parte de su patrimonio por las presiones separatistas de unos líderes que dicen hablar en nombre de menos de 25 mil habitantes que alberga la comuna 22 y los corregimientos del sur de la ciudad, como Pance y Hormiguero.
Pero claramente el asunto es preocupante y no merece ser menospreciado. Este afán secesionista es el resultado de una gestión mediocre de buena parte de las administraciones que ha tenido Cali en los últimos años y es el reflejo de la pésima estructura tributaria que nos agobia. Nadie se explica cómo la zona de la ciudad que más tributa sea la que proporcionalmente menos inversión recibe, donde las empresas públicas prestan la menor proporción de servicios públicos domiciliarios y donde no existe una presencia considerable de la Administración municipal; buena parte de la forma en que se ha urbanizado la comuna 22 y la zona rural del sur ha sido producto de la iniciativa privada y ese es un punto que, de cualquier modo, el Gobierno de Cali debe lidiar. Pero por otro lado existen razones que, más allá del argumento que emplean los aspirantes a constituir el nuevo municipio, ponen en tela de juicio la conveniencia de su iniciativa.
Supongamos el siguiente escenario: el municipio de Valle del Lili, separado de la capital del Valle por la Carrera 100, tiene cerca de 25 mil habitantes, de los cuales más de la mitad realizan sus actividades económicas en Cali, es decir, viven en el ambicioso municipio nuevo pero la mayor parte de sus ingresos lo obtiene en la ciudad de la cual decidieron separarse. Allí empieza a filtrarse la propuesta por su falta de coherencia. Si bien Ciudad Jardín, Pance y sus alrededores presentan los niveles de riqueza más altos de la región, buena parte de esa riqueza se obtiene fuera de esos lugares. La actividad económica del hipotético municipio estaría sustentada en los servicios y en el comercio, pero es insulzo e ingenuo creer que la comuna 22 demanda la totalidad de la oferta laboral, de bienes y servicios que ella misma genera. Contemplemos otro hecho curioso: las universidades, tales como Javeriana, Icesi, Autónoma, entre otras, recibirían en su mayoría a estudiantes procedentes de Cali y no del municipio en que eventualmente estarían localizadas trás la separación jurisdiccional, es decir, todos los pagos que hagan estas instituciones a la administración del nuevo municipio, tales que impuestos y servicios públicos, procederían de ingresos generados en buena medida por la prestación de servicios académicos a usuarios procedentes de diferentes comunas de Cali. Del mismo modo Valle del Lili tendría que ayudar al sostenimiento y expansión del sistema integrado de transporte, como el MIO, pues no puede pretender que este sistema le preste el servicio sin contribuir a su mantenimiento, sobre todo cuando se considera que buena parte de su infraestructura serviría de frontera de la capital y la nueva localidad.
La pregunta es, ¿qué hará autosostenible a un nuevo municipio?, si se trata de una nueva ciudad dormitorio, creo que la mejor alternativa es hacer el arreglo necesario para garantizar que la Administración de Cali asuma con responsabilidad sus compromisos con la comuna 22; no justifica que se cree un municipio cuya riqueza esté dada por su vecina capital, no hay justificación para creer que esa nueva unidad administrativa y entidad territorial tenga autonomía si económicamente no logra ni logrará la autosostenibilidad. Finalmente no es un secreto que buena parte de los servicios que produce la comuna 22 van a satisfacer las necesidades de otras comunas, como se indicó en los servicios que prestan las universidades, y buena parte de los bienes que se comercializan en esta zona no son producidos ni consumidos por sus habitantes. Cuando se haga el debate con toda la altura y el rigor técnico necesario probablemente se descubrirá que la propuesta esconde quizás intereses mucho menos loables que el deseo de mejorar las condiciones de vida de quienes se consideran menospreciados.
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