La salud del sistema

Mientras la opinión pública se escandaliza por los decretos con fuerza de ley expedidos por el Gobierno Nacional en el marco del estado de Emergencia Social, pocos se detienen realmente a pensar si la perversidad manifiesta del Ejecutivo es una causal o una simple consecuencia de una falla estructural. Para mí, sin habermelo preguntado, es una consecuencia lógica y la perversidad a la que hago referencia en letra cursiva podría serlo sólo si se analiza a la luz de un sistema negligente y absolutamente incompatible con las características del país al cual ningún gobierno, al que muchos de los hoy candidatos presidenciales y al Congreso apoyaron, se sirvió revisar para evitar que hoy estuviésemos indignados con los resultados obvios de años de pésimos arreglos institucionales. Si creemos que Álvaro Uribe es el culpable del fracaso del sistema de salud en Colombia entonces esta responsabilidad es transitiva, tanto al Congreso que aprobó su proyecto de ley de reforma a la seguridad social en 1993 como al Presidente de la República que entonces sancionó un sistema cuyos daños, casi 20 años después, aún hoy percibimos, son tanto o más responsables.

¿Bajo qué lógica se constituyó el sistema de salud vigente?, la respuesta es tan simple como complejas sus implicaciones. Por un lado se partió del hecho de una economía cuyo crecimiento estructural reduce las tasas de paro a cifras irrisorias, que permite la formalidad de la actividad económica y donde los costos laborales no son considerados como variable determinante del desempeño económico si se les compara con los beneficios de enganchar más y mejor mano de obra. Del mismo modo se parte de la capacidad institucional de mantener una estricta supervisión sobre los oferentes del servicio de salud y que Colombia va a tener un régimen mayoritariamente contributivo, donde todos o por lo menos una gran mayoría aporta al mantenimiento del sistema y donde unos cuantos están bajo la modalidad de salud subsidiada. Así las cosas el sistema de salud colombiano debió ser ejemplar, porque para los tecnócratas del gobierno las cifras cuadrarían fenomenalmente y para los médicos la ética que reviste su profesión no se vería limitada por variables financieras que, siendo francos, poco o nada deberían importar a los galenos.

Pero nos estrellamos con una realidad bien diferente. Un crecimiento estructural discreto, insostenible generalmente, inestable, que no garantiza generación de empleos en condiciones de formalidad en forma mayoritaria, con costos laborales elevados que siempre han superado los beneficios de contratar empleados (allí entra el problema de la productividad per cápita, que sin duda en Colombia es baja y que puede servir de base para explicar problemas estructurales de la sociedad colombiana como la pobreza) y una incapacidad institucional de prevenir y corregir los fallos del sistema que dentro del espíritu de la ley considera siempre la ecuación costo-beneficio y constriñe la ética médica cuando las condiciones no son las adecuadas; es decir, el sistema se abarrotó de usuarios de régimen subsidiado, en una proporción bastante alta en relación con las expectativas del Gobierno y de los arquitectos del sistema de salud, mientras los aportes del régimen contributivo no son suficientes para su sostenimiento. Las altas cargas fiscales que asumió el Estado pusieron en riesgo la sanidad de las finanzas públicas y pronto la salud de los colombianos puso en estado de observación médica a las finanzas nacionales. Necesariamente un sistema que recibe menos de lo que gasta tendrá que colapsar tarde o temprano y ante la ausencia de una entidad fuerte capáz de corregir las perturbaciones del modelo éste mismo tomó sus correctivos, no siempre beneficiando a sus usuarios, y los resultados obviamente afectaron su razón de ser: con tal de preservar su viabilidad fue necesario implementar toda clase de arreglos internos que impidiesen gastos elevados que afectaran sus balances internos, de allí que enfermedades complejas y de alto costo se volvieron aún más dificiles para quienes las padecen por cuenta de las dificultades para acceder a un tratamiento efectivo, ¿culpa de quién?, eso no importa, para el caso es el resultado de todo un periodo de negligencia que sólo una reforma profunda podrá erradicar. Si no es así, sólo cuando estemos en el fondo del abismo tendremos consciencia para pensar en cómo salir de él y no como se hace en la mayor parte de países civilizados, donde se piensa es en cómo evitar irse al abismo.