La seguridad como patrimonio

En algunos escritos sobre el tema se manifiesta que la seguridad es una característica de las naciones más desarrolladas. Quizás en los países pobres el crimen y la delincuencia son más frecuentes que en las naciones más ricas y avanzadas del mundo por cuanto las leyes de estas últimas que constriñen la conducta de los individuos tienen un carácter más preventivo: son incentivos en sí mismos para que sean respetadas y cumplidas, es decir, su espíritu es prevenir infracciones, delitos y crimenes mayores, cosa que no sucede en un país como Colombia, donde el crimen, en cualquiera de sus dimensiones, se enfrenta de modo correctivo, la ley está inspirada en una lucha que detenga un crimen corruptor que ha socavado buena parte de la capacidad institucional del Estado. Naturalmente evitar es mucho más barato y eficiente, garantiza un desplazamiento de recursos inferior - menos dinero en castigos, más dinero en mejorar las condiciones sociales en general que permiten considerarse como incentivos para que los agentes decidan cooperar con la ley- y del mismo modo sugiere mejores condiciones en el bienestar general al no estar inmersa la sociedad en un ambiente prolongado de confrontación.

Sin embargo pensar en un país donde la convivencia es regla es descontextualizado en el caso de un país latinoamericano, particularmente Colombia, cuyo estado permanente de confrontación ha generado toda clase de perturbaciones en el orden social, político y económico; en un escenario conflictivo como el colombiano es posible interpretar que las condiciones para el desarrollo son desfavorables, dado que desde las mismas instituciones políticas del Estado hasta las bases populares el silencio, la omisión e incluso la complicidad han permitido que el crimen y la delincuencia sea una regla social tácita y que, curiosamente, siempre se dejó en manos de dos partes beligerantes la resolución del problema: las fuerzas de seguridad del Estado, otrora mal dotadas e ineficientes, y las organizaciones criminales, usualmente dotadas de poder económico desestabilizador. La pregunta del millón entonces fue, ¿dónde está la sociedad civil? y aún más allá, ¿hasta dónde debe ir la sociedad civil para garantizar su seguridad?. Colombia desde 2002 ingresó al debate, cuando el entonces candidato Álvaro Uribe propuso la controversial red de cooperantes, es decir, civiles dispuestos a transmitir información en tiempo real a la fuerza pública.

Veamos los argumentos que podrían surgir, a propósito de la propuesta presidencial de involucrar a los estudiantes universitarios en la red de cooperantes y la preocupante ola de criminalidad en las principales capitales del país. Por un lado podría pensarse en la posición de las partes beligerantes más conservadora, aquella que sugiere un ejército estatal contra una organización criminal, donde la sociedad juega un rol pasivo, y que al parecer fue el argumento que gobernó a la sociedad colombiana en las últimas décadas del siglo XX. Sin embargo esta regla, de asumirse totalmente, supone riesgos como el hecho que la pasividad de la sociedad civil eventualmente la haga cómplice de actos delictivos, como pudo observarse en zonas de influencia paramilitar y guerrillera; una posición más liberal, defendida por el presidente colombiano, propone que la sociedad civil se identifique como parte beligerante, porque considera a la seguridad como parte del patrimonio inmaterial de sus integrantes. Pero es claro que involucrar a civiles en confrontaciones armadas resulta altamente riesgoso, más en un país donde la ley no ofrece incentivos para cumplirla y las instituciones encargadas de su cumplimiento, como la policía y las cortes judiciales, no logran ser un poderoso aliciente para garantizar que las denuncias que se entablen tengan el término esperado. Sin duda que el asunto de la seguridad sobrepasa a la simple voluntad popular, es necesario que todos los arreglos conduzcan a permitir que espontáneamente los agentes logren convivir, de lo contrario su conducta siempre conducirá a la defensa extrajudicial de sus intereses ante la debilidad del sistema legal para protegerlos.