Del oportunismo político en la emergencia social

Es un hecho. La Emergencia Social, como lo sugirió Echeverry en entrevista con Portafolio hace un par de días, no es tan perversa como se cree pero tampoco es lo que el país requiere para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud en Colombia en el largo plazo, pero sí se está volviendo en la manera para que, a partir de errores de interpretación o peor aún, de redacción, sea motivo de polarización en un país acostumbrado a los peligrosos sectarismos. A muchos políticos sin inspiración, creo que transpiran más de lo que inspiran, como a muchos detractores del Gobierno, se les apareció la virgen y en forma de decretos. Bastó que el sistema amenazara con caer, luego de años de negligencia que he procurado identificar en ocasiones anteriores, para que muchos, de esos que en su momento pudieron hacer algo por salvarlo como debía ser, se rasguen las vestiduras y pidan como revolucionarios de la Francia de antaño la cabeza de alguien...con tal que corra sangre, como dice el comentario censurable, todo se vale, incluso creer que el actual gobierno, lleno de defectos, tuvo la perversa imaginación de aniquilar al sistema de salud, entregarlo al mercado y socavarlo sin piedad. Parece que la falta de inspiración de algunos, con la L en la frente, o los errores de cálculo de otros, nietos de prestigiosa familia que tuvo a dos presidentes, pretende ser compensada con su agitada denuncia sobre la crueldad de la emergencia y las responsabilidades de sus autores.

No pretendo ilustrar lo ya ilustrado ni defender a ninguna de las partes. Que el sistema simplemente colapsó por ser incongruente con un contexto económico para el cual no estaba diseñado, es una realidad; que gastaba más de lo que recibía; que la Ley 100, controversial en un país acostumbrado a un sistema de salud estatizado y corruptamente ineficiente, fue terriblemente modificada y acabó con la paridad "peso a peso" que obligaba al Estado a aportar por cada usuario subvencionado lo mismo que aporta un usuario del régimen contributivo; que unificar los dos régimenes, contributivo y subsidiado, es decir, llevar a 23 millones de ciudadanos a tener las mismas atribuciones que los 17 millones que contribuyen, cuando realmente casi 10 millones son beneficiarios, significó la estocada final para un sistema desfinanciado y mal administrado.

Pero más allá de todo lo que implica, en el que muchos toman partido bien a favor pero generalmente en contra con un desconocimiento absoluto de lo que implica la declaratoria gubernamental pero siempre con un tufillo dialéctico que confunde, divide pero usualmente es bien capitalizado por sus autores, el asunto cobra mayor valor cuando el país enfrenta el proceso electoral más importante de los últimos años: elecciones parlamentarias, presidenciales y la votación de un eventual referendo que permitirá el aval popular para la reelección del Presidente de la República. Las protestas que pretenden presionar la derogatoria de los decretos, con algunos casos en que tienen toda la razón, o que piden la destitución del ministro de la Protección Social y la construcción de un sistema de seguridad social más justo, representan el análisis in situ de un asunto tan trascendental como la salud de millones, un análisis que no ha permitido, salvo los llamados prudentes de las asociaciones científicas para revisar las medidas del Gobierno, un estudio de la situación que conlleve a algo más consistente y útil que la calibración de un espectáculo político, esa grandiosa oportunidad que ningún opositor de Uribe había tenido en casi 8 años de gobierno. Esta discusión se diluye en el espíritu proselitista pero pierde el carácter técnico, juicioso, casi de rigor académico que su condición merece.

Destituir al ministro o pedir la derogatoria de las medidas no servirá para nada más que mantener el statu quo, para dejar que todo marche como venía haciéndolo con el riesgo de que el colapso del sistema sea más doloroso que las medidas de choque gubernamentales. Es una pena que se pierda en medio de la exaltación popular por la imposición de las medidas del Gobierno la oportunidad de plantear una solución de largo plazo que permita pensar con mayor criterio en las reformas del sistema, sabiendo que éste jamás permitirá el anhelado sueño de muchos de recibir el servicio sin aportar para su mantenimiento. Si de ese aforismo partimos, si de él somos conscientes, es posible que las reformas al modelo de salud en Colombia sean menos dolorosas, de efectos duraderos y no tengamos que recurrir a intervenciones para inyectarle algo de vida al moribundo. Si esperamos soluciones de corto plazo las plazas y avenidas de nuestras ciudades seguirán siendo el escenario ideal para convertir en palabras lo que debe ser un hecho.