Sobre el déficit fiscal

El estallido de la descomunal crisis económica griega, reflejada en su monstruoso déficit público que ha puesto a tambalear a las estructuras políticas de la Unión Europea, supone un problema que pone en una situación incómoda a un bloque geopolítico cuyas economías más importantes, como Francia y Alemania, vienen de superar una aguda recesión y economías grandes pero más débiles, como la española y la italiana, presentan un estado aún crítico, con altas tasas de paro, elevado gasto público y una disminución importante del consumo. Así como la Unión Europea y los Estados Unidos, Colombia, de cualquier modo, no podría estar alejado de este fenómeno que ha afectado a las mayores economías del globo, luego del ciclo depresivo de la economía. Vale recordar, a grosso modo, el mensaje enviado por Krugman y Stiglitz, entre otros economistas de la escuela postkeynesiana en el sentido que es fundamental que los gobiernos incrementen su gasto público en inversión para impulsar a la demanda agregada, una identidad macroeconómica tradicional y clave, aún recorriendo a endeudamientos elevados en momentos en que la inversión privada caía a plomo y el consumo perdí su ímpetu. Era claro que el costo de no intervenir a la economía en repliegue era mayor, por la pérdida de empleos y la caída en la producción que impacta directamente a las familias, que una elevación del gasto público, por las vías que fuese necesario.

Pero la delicada línea que frena el exceso del punto de equilibrio del gasto facilmente se pasa y se obvia. Mientras en los Estados Unidos el déficit federal aún no preocupa más que a unas facciones de conservaduristas fiscales, en países como Grecia los números rojos del Gobierno dejaron de ser una preocupación para los griegos y ahora es motivo de preocupación para toda Europa. En Colombia el déficit público supera ya los 2 puntos porcentuales del PIB, pero lo que más preocupa no es la cifra, aún manejable, sino que pareciese que el endeudamiento es una falencia estructural de la política económica colombiana. Sin duda que el gobierno de Uribe, si bien promovió el crecimiento económico a tasas elevadas, no corrigió este fallo que tiene algunas implicaciones en el mercado de capitales y en la capacidad de las empresas colombianas de acceder al mercado del crédito. Por una parte, como lo sugirió Juan Carlos Echeverry, el déficit colombiano encuentra explicación en las elevadas cargas fiscales en el sector de la salud, los gastos en seguridad y los pasivos pensionales, por lo cual ha sido la prudencia en el manejo de la inversión pública una recomendación reiterada al Gobierno de Colombia, a pesar de que en un periodo recesivo y adverso para la producción la sugerencia es dar rienda suelta al gasto.

Pero el déficit fiscal en Colombia tiene, como todo, una consabida causa y unas riesgosas consecuencias. En primer lugar siempre que emerge el tema del gasto público se recuerda el frustrado deseo de muchos de ver una reforma tributaria estructural, que acabe en lo sucesivo con los vacíos que el esquema impositivo colombiano aún tiene. Con el fin de fomentar la inversión privada, especialmente el flujo de capitales extranjeros, se ha aplicado una serie de excenciones tributarias que tienen un costo equivalente a los 7 billones de pesos, una cifra grande si se reconoce que el recaudo por concepto de impuestos no satisface las necesidades del gasto del Estado; si bien los alivios fiscales para los empresarios son necesarios, se tornan peligrosos cuando dejan de ser incentivos y se vuelven en una condición sine qua non y toman forma de vicios. En un contexto deficitario una reforma fiscal que promueva la derogación de las disposiciones oficiales que promueven las excenciones permanentes a los capitales privados podría ser una medida oportuna para superar una parte del déficit. No obstante hay que buscar un equilibrio que no proscriba a la inversión privada.

Por otro lado existe la disyuntiva de gravar el consumo o por lo contrario disminuir los cargos tributarios como el IVA y el impuesto a las transacciones financieras, por ejemplo. En un sentido amplio se sugiere que el impuesto al valor agregado debe mantenerse, unificarse y desconocer así discriminaciones entre bienes y servicios, lo que supondría unos ingresos suficientes para oxigenar a las arcas estatales. En un país como Colombia el gasto público desempeña un papel importante en el desarrollo, especialmente en regiones atrasadas a las que la inversión privada dificilmente llegará si no existe iniciativa pública, pero un gasto público desmesurado puede poner en riesgo la estabilidad cambiaria, poniendo en riesgo a los exportadores que encuentran a la tasa de cambio como su herramienta clave para perdurar en los mercados internacionales.

El nuevo gobierno, quien sea que lo presida, deberá enfrentar la promulgación de una reforma tributaria que re formule de una buena vez la forma en que el Estado percibe ingresos (más contribuyentes grandes y quizás menos cargas para los más pobres, por ejemplo), no obstante que algunos conservadores sin recato consideran ésto como culpable de la postración económica de algunas naciones; impuestos altos para los ricos y beneficios para los pobres, lo que algunos no han bacilado en defender en casos concretos, entre ellos Krugman, quienes citando como ejemplo a los países más avanzados de la UE, donde las altas contribuciones de las grandes empresas no han impedido que la inversión llegue a estas latitudes, en busca de un mercado sano y vigoroso, dejan sin sustento absoluto a quienes se oponen a gravar a los grandes empresarios. Una correcta estructura impositiva permite que los déficit no sean un camino único para los gobiernos y que el desempeño económico llegue a un punto óptimo entre creación de riquezas y beneficios para todos.