Lo que queda y lo que falta

Estamos a poco más de tres meses de la primera vuelta de la elección presidencial, aunque la primera apuesta sea en una semana, y las preferencias de los electores apenas se ajustan a la nueva realidad en la que el presidente Álvaro Uribe Vélez no será candidato. Es así como el análisis de los votantes estará orientado a darle un balance a la gestión del Gobierno actual, no obstante del rigor y éxito del resultado final dependa claramente la victoria de quien logre despertar el interés de las mayorías, así no sea en la magnitud en que estas se pronunciaron en 2002 y 2006. Es así como en estos tiempos surgen y surgirán todas las posiciones, algunas radicales y otras moderadas, sobre la pertinencia del modelo de gestión de Uribe .

Haré a manera liviana una contribución a estas posiciones. Primero convendrá una retrospectiva interesante para remontarnos a 2002, así el ex presidente Pastrana se esfuerce en hacer del panorama algo contrario a lo que generalmente se percibe; por una parte la situación de orden público en el último año de ese gobierno es preocupante. Entre 1998 y 2004 hay una plétora de evidencia que permite identificar la correlación entre una economía rural endeble y el surgimiento de cultivos ilícitos, comercio de drogas ilícitas, violencia política y grupos armados ilegales. Es entonces curiosos que hoy muchos críticos de Uribe pasen por alto que después de la apertura económica de la década de 1990, en la cual muchos de los hoy insignes representantes de la oposición participaron como la senadora Cecilia López y el candidato Rafael Pardo Rueda, se perdió cerca de 1 millón de hectáreas de suelos cultivables junto a la perdida progresiva de empleos derivados de la actividad agrícola y el aumento de la población desplazada y las migraciones a las ciudades. Otra cifra llamativa es que los cultivos ilícitos, según estimaciones de la UNODC, aumentaron de 45 mil en 1994 a casi 160 mil en el año 2000, del mismo modo que los grupos armados ilegales duplicaron el número de hombres, como el caso de las FARC, e incluso sextuplicaron su tamaño como los grupos de autodefensas. Es así como la peligrosa convergencia entre narcotráfico y los fenómenos de la guerrilla y los llamados paramilitares llevó al Estado colombiano a uno de sus periodos más oscuros, donde incluso las más importantes instituciones políticas del país se vieron afectadas como el Congreso de la República. Con este precedente, como lo indican ya varios investigadores en el tema, la situación socio económica del campo no podía ser alentadora.

En 2002 el 83% de la población rural vive bajo la línea de pobreza y el 40% vive en lo que se denomina extrema pobreza. Sólo 30% de la población estudiantil rural tiene acceso al sistema educativo, en todos los términos un fracaso estruendoso de la gestión estatal mientras en las ciudades la cobertura está cercana a ser plena, aunque en 2004 era ya del 65%. Así las cosas no resulta descabellado pensar que existe un círculo vicioso que vincula a los efectos de la violencia con la coyuntura social y económica, si partimos del hecho que el 90% de quienes integran las facciones armadas provienen de esta lamentable coyuntura. Es así como el panorama en 2002 era realmente detestable: no en vano se recuerda que Colombia era un Estado fallido, al juicio de muchos.

En 2010 resulta erróneo pensar que el gobierno de Uribe trascenderá a la historia por sus éxitos sociales, políticos y económicos pero también puede serlo si no se le otorga el mérito de haber dejado las bases de un Estado más sólido, en especial si se recuerda que su mayor incapacidad era el control territorial y la impotencia institucional ante la violencia generalizada producto de las mafias y ejércitos irregulares. Sin duda que la correlación entre violencia y pobreza es un hecho palpable, por lo que pensar que la política de seguridad es un capricho o un espejismo político es mezquino. En 2009 las capturas habían duplicado a las de 1999, si bien en 2007 las capturas llegaron a las 3336. Por otro lado los secuestros en 1999 se elevaban a 3204, mientras en 2009 habían descendido a 213. La infraestructura energética fue siempre presa de los ataques subversivos, siendo el balance en el último año del siglo pasado la voladura de 454 torres de energía mientras que en el último año de la década el número fue 77. La composición de los grupos armados ha llegado a su punto más bajo, si se considera que los grupos de autodefensas fueron desmovilizados, aunque las bandas emergentes reincidentes agrupan a no más de 2000 combatientes, y las FARC no superan los 8 mil integrantes. La evolución del conflicto hacia la violencia urbana, aún patrocinada por el narcotráfico, es el segundo capítulo de una etapa que debe ser uno ingenuo para considerar inevitable.

Por ello no deja de ser circunstancial que los resultados de seguridad hayan facilitado el fortalecimiento institucional, aún a mitad de camino, y el descubrimiento de inauditas falencias en el servicio público como lo significó el penoso escándalo de los vínculos de políticos con mafiosos, así como el hecho que se haya avanzado en la recuperación económica. Es evidente que aún los resultados en materia económica distan de ser los adecuados, el crecimiento estructural es insuficiente y el desempleo parece ser parte de la estructura de la economía colombiana, el gasto público es elevado y el endeudamiento del Gobierno parece ya mostrar signos de exceso, mientras el modelo tributario no basta y las exenciones al capital sumado a los altos costos laborales fomentan la baja contratación de mano de obra, la informalidad y la baja productividad per cápita. No obstante el trabajo adelantado para impedir que el conflicto armado adquiriese matices como los de una nación africana en guerra civil -expresión usada para el conflicto colombiano con odiosas y oscuras intenciones por ciertos personajes interesados en que así sea- resultó fundamental para al menos lograr la estabilidad institucional de la que gozamos, demostrada con gran magistralidad por el fallo de la Corte Constitucional en relación con el referendo reeleccionista, y en segundo lugar para facilitarle las cosas a quien en lo sucesivo asuma la presidencia de la República. Sin embargo es deber del nuevo gobierno, el que sea que venga, mantener lo hecho y naturalmente hacer más. Con Uribe se avanzó, pero como dice el adagio, nunca mucho es suficiente. Más un país que se debate entre la delgada línea del orden y el caos.