La economía política del capital

CALI- Una de las discusiones que más aceptación ha tenido entre los candidatos a la presidencia de la República es el papel que desempeñan las exenciones al capital y los costos de contratación laboral en Colombia. La importancia de la discusión aparece cuando el balance de la economía colombiana es bastante agridulce: ocho años de crecimiento, con un pico espectacular en 2007, y a pesar de la crisis que afectó el entorno económico global con una influencia profundamente depresiva en las economías desarrolladas y 'coletazos' en las emergentes, la expansión colombiana se mantuvo por encima de la media global durante 2009, y aunque a penas es perceptible dice bastante sobre su solidez. No obstante este éxito del Gobierno colombiano palidece cuando se contrasta con las cifras de desempleo que en algunos lugares, como los departamentos que conforman el Eje Cafetero, alcanza el 20% de la población económicamente activa.

Así las cosas es apenas lógico que los candidatos se concentren en erigir como prioridad de sus propuestas de gobierno al empleo, pero también es indispensable entender la manera como cada programa político concibe las herramientas para la generación de trabajos formales. El primer consenso que se percibe es que la economía colombiana debe crecer considerablemente por año para mantener activa una política de empleo ejecutada por el sector privado, es decir, debe haber un contexto de auge económico que posibilite que las empresas inviertan y de esa manera, siendo muy apegados a la teoría económica, se generen empleos suficientes. No obstante como la evidencia así lo demuestra, entre 2002 y 2007 -cinco años de espectacular crecimiento del PIB-no hubo generación de empleo coherente con un aumento del producto interno de la economía nacional. Ahí la teoría de la inversión privada generadora de empleo empezó a tener dificultades para ser contrastada favorablemente con la realidad y empezó a apuntar a un concepto vital en economía, pero obviado a menudo: incentivos.

¿Tiene el empresario colombiano incentivos para generar empleos?, llama la atención que tan sólo Mockus y Santos se han mostrado prudentes frente a establecer que ciertas cargas impositivas y algunas exenciones fiscales generan incentivos para alimentar el drama del paro en Colombia, mientras el resto de los candidatos no dudan en abogar por el desmonte de los aportes parafiscales y de las exenciones al capital de las que gozan las grandes empresas. Anoche, en el debate de City TV, sorprendió la postura del candidato liberal Rafael Pardo Rueda, economista de prestigiosa facultad, quien no dudó en establecer que las exenciones al capital son la causante fundamental del desequilibrio entre empleo-factores de producción y que eso ha precipitado unas tasas de paro elevadas. Su aseveración parece razonable hasta cuando se filtra el tufillo político que separa su teoría de lo que, muy seguramente, sucede en realidad. Porque aunque todos los candidatos hablan de las exenciones al capital y de los altos costos de la contratación de mano de obra en Colombia como la bête noir del mercado laboral nacional, todos caen en la trampa de la demagogia y, como suele suceder en estos casos, pasan tangencialmente el núcleo duro del problema, nunca lo abordan.

Los costos laborales en Colombia son ciertamente elevados y es una de las causas frente a las cuales muchos empresarios se abstienen de contratar con todo el rigor legal mano de obra, no obstante es temerario establecer que por el desmonte de los parafiscales -en lo cual está encerrado el debate político- se resolverá de manera definitiva el problema del desempleo y de la informalidad de la economía; al respecto, en un trabajo de Mauricio Cárdenas hace cinco años se estableció que una de las causas de la informalidad, que puede servir de aproximación a una de las determinantes del desempleo, radica en las complejidades del sistema tributario colombiano y en las elevadas tarifas que se impone a las empresas para formalizar los empleos contratados. Sin duda que un aspecto que anularía este efecto puede ser el desmonte gradual de los parafiscales acompañado de la adopción de un esquema simplificado, especialmente dirigido a las pequeñas y medianas empresas, que disminuya tramites y lo haga bajo una tarifa única -léase un pago único- que incluya todas las contribuciones e impuestos que deba pagar una firma. De igual forma, una conclusión que defiendo de Cárdenas es que el sistema impositivo colombiano considere la heterogeneidad de las empresas colombianas, luego los aportes fiscales y parafiscales deberían ser proporcionales al tamaño de las empresas.

Llama la atención que si bien los candidatos tienen buenas intenciones, sin excepción todos quedan cortos al abordar una política de expansión del empleo mucho más agresiva. Destaco a Mockus y a Santos, más que por sus ideas, por su prudencia que permite que eventualmente en un futuro acojan en sus programas de fomento de la productividad una reforma al código tributario de Colombia, que es el incentivo más perverso con el que se cuenta en el país en materia impositiva y que resume todas las incomodidades que hoy agobian a la economía por cuenta de los tributos.

El otro tema que exalta los ánimos es el correspondiente a las exenciones de capital que se han ido materializando a través de varias leyes sancionadas por el actual Gobierno. Algunas estimaciones las calculan en cerca de 7 billones de pesos, no obstante actúan como los deficit hawks, viendo sólo el lado de la hoja que mejor se acopla a sus intenciones. Nadie en el debate, ni siquiera los punteros en las encuestas, defiende que tales exenciones pueden justificarse por la acumulación de capital que han permitido y el incremento de los activos del sector privado. Tampoco se apoyan en la teoría económica, lo que hace ver cuánta falta nos hace que la política y la ciencia trabajen de manera integrada, como el Nobel Stiglitz lo sugiriera en su tratado sobre la globalización.

¿Cuál es la diferencia entre un país rico y uno pobre?, evidentemente el ingreso de sus habitantes y casi siempre ese ingreso se encuentra mayoritariamente determinado por la acumulación de factores. Según el FMI, aplicando la Paridad sobre el Poder Adquisitivo, el PIB per cápita en Colombia es de cerca de 8990 dólares, mientras el producto per cápita en los Estados Unidos es de 49800 dólares. Uno de los descubrimientos más llamativos es que sin excepción, todos los países de América Latina y del Caribe trabajan a la mitad de su capacidad productiva potencial: las estimaciones del BID establecen que la PTF de este bloque es del 52% con respecto a su potencial. A menos que haya fluctuaciones considerables en los insumos, algo no muy usual en países con abundancia de materias primas, la PTF debería aumentar de forma proporcional con el ingreso. Eso induce a un resultado bastante intuitivo: si los factores en América Latina estuvieran en su nivel potencial, el ingreso se doblaría. Otro descubrimiento notable es que el capital físico por trabajador determina cerca del 40% del ingreso per cápita. En el mismo estudio se concluye que el acervo de capital per cápita en Colombia equivale al 35% del acervo de capital por trabajador en los Estados Unidos. La fuerza laboral sólo aporta el 8% al ingreso mientras la contribución del capital humano -entendido como la cualificación de la fuerza laboral-, es del 16%.

En efecto es necesaria una intervención en el sistema impositivo colombiano. Actualmente se constituye en el más poderoso desincentivo para el fomento de la empresa y de las inversiones, especialmente de pequeñas y medianas empresas, poniendo una fuerte barrera a la creación de empleo o la formalización del existente. Eso, naturalmente, incluye la eliminación de tributos anti técnicos y el desmonte gradual y re-configuración de otros tantos. No obstante eso no implica que por defecto deba desmontarse la totalidad de las exenciones al capital, elemento este que fundamentalmente determina el crecimiento de las economías que como la nuestra se sustentan en el capital. Si bien las exenciones que abaratan el capital deben revisarse porque están montadas en virtud de un código tributario perverso, pretender su desmonte inevitable es simplificar a su mínima expresión la resolución de un problema dramático como lo es el paro y un problema más grave, aunque más abstracto en principio, como lo es la baja productividad de los factores en Colombia. Educación, capital y más empleo es la salida a buena parte de los rezagos de la economía colombiana, pero en la economía política del capital toda solución habita en lo mundo de lo concreto y no en el de las buenas intenciones; alinear a un elector en contra de medidas económicas puede ser a priori un atrevimiento, cuando el problema habita en las bases propias de la configuración institucional de la economía colombiana. Ojalá los candidatos lo entiendan.

Para ampliar este tema recomiendo los siguientes trabajos:

• Informalidad en Colombia: nueva evidencia, de Mauricio Cárdenas y Carolina Mejía.
• On the role of Productivity and Factor Accumulation in Economic Development in Latin America, de Christian Daude y Eduardo Fernández-Arias.