O de la educación
El acceso a la educación superior ha tenido una transformación importante en la última década de Colombia, al duplicarse el número de estudiantes matriculados en universidades e instituciones de enseñanza superior, de acuerdo a las cifras del Gobierno Nacional. Según estimaciones del Viceministerio de Educación Superior, en la última década se pasó de una cobertura del 24.4% al 35.5%, con algo más de 570 mil estudiantes nuevos en las universidades colombianas. De acuerdo a un informe sobre la educación de la ONU, la tasa bruta de escolarización en el nivel superior tiene marcadas diferencias entre los países desarrollados y los emergentes, como Colombia, lo que supone la necesidad de ajustes políticos aún mayores.
Considérese que la cobertura en educación superior en un país avanzado como Francia equivale al 59%, aproximadamente, mientras la cobertura promedia en los países de América Latina y el Caribe es del 20%, lo que supone una brecha enorme entre ambos bloques de países. Más preocupante aún es que dentro de los mismos países emergentes la disparidad en el acceso a la enseñanza superior es grande y no se corrige fácilmente. No puede ser de otro modo, cuando el gasto público per cápita en Europa en educación equivale a casi 6500 dólares mientras en un país latinoamericano apenas se aproxima a los 1000 dólares anuales.
Así que el problema de la educación es una proxy de la estructura del gasto público en países como Colombia y termina por tener una solución en el terreno de la política real. El asunto toma más trascendencia cuando las necesidades de movilidad social determinan en buena medida las dinámicas de la segregación y la marginación que alimenta la brecha entre ricos y pobres. No obstante, como veremos, no es el acceso al sistema de educación superior una única condición para la formación y acumulación de capital humano que amplíe las capacidades de generar crecimiento y desarrollo en países ávidos de mejorar sus condiciones. También lo será la capacidad gubernamental de crear incentivos para detener la proliferación de instituciones de enseñanza superior de muy baja calidad, lo que puede lograrse al crear una mejor normatividad que impida que funcionen instituciones sin las condiciones de calidad académica, de procesos administrativos y de logística mínimos.
Así que el problema de la educación es una proxy de la estructura del gasto público en países como Colombia y termina por tener una solución en el terreno de la política real. El asunto toma más trascendencia cuando las necesidades de movilidad social determinan en buena medida las dinámicas de la segregación y la marginación que alimenta la brecha entre ricos y pobres. No obstante, como veremos, no es el acceso al sistema de educación superior una única condición para la formación y acumulación de capital humano que amplíe las capacidades de generar crecimiento y desarrollo en países ávidos de mejorar sus condiciones. También lo será la capacidad gubernamental de crear incentivos para detener la proliferación de instituciones de enseñanza superior de muy baja calidad, lo que puede lograrse al crear una mejor normatividad que impida que funcionen instituciones sin las condiciones de calidad académica, de procesos administrativos y de logística mínimos.
En Colombia la herramienta del ICETEX ha marcado una nueva tendencia en el acceso a la educación superior, aunado a un deseo de las universidades colombianas de obtener sellos de calidad que permitan su mejor desempeño y captar a los mejores bachilleres del país. Con el servicio público de crédito educativo cerca de 300 mil estudiantes del nivel superior acceden a diversas líneas de financiamiento de estudios superiores, mientras casi todas las universidades privadas firman convenios con entidades financieras y bancarias para suplir los residuos de demanda de cupos universitarios con necesidades de financiación que no la consigue con el Estado y eventualmente sí en el sistema financiero pero en condiciones mucho más rígidas, no obstante dista de ser lo necesario, lo único y obvia muchas condiciones que aún impiden que los resultados sean satisfactorios, porque si bien hoy hay mejoría loable para el palmarés del Gobierno, aún el 70% de los bachilleres de Colombia, casi siempre los menos favorecidos, no acceden a la educación superior y si lo hacen desertan sin llegar a la mitad de sus estudios y son obligados a acceder al mercado laboral en condiciones deplorables y con aportes a la productividad irrisorios. Sin duda cada estudiante que deja de acceder al sistema educativo y se enrola al mercado laboral con pocas cualificaciones termina siendo un potencial talento humano que la economía del conocimiento deja de captar.
Es así que la mejor política de educación que implemente un nuevo gobierno es aquella que vincule un mayor gasto en estos rubros, que implica necesariamente mayores inversiones en I+D, y promueva la excelencia en la calidad de la educación superior colombiana. Colombia hoy tiene instituciones de alto prestigio internacional, que pueden competir con las principales grandes escuelas del mundo, pero en su mayoría el sistema universitario colombiano está rezagado y no aporta las condiciones necesarias para brindar una adecuada formación de capital humano. Es imperativo corregir esta falla.
Por una parte es fundamental que se considere que para financiar la educación de aquellos menos favorecidos se debe cambiar el esquema de financiación de demanda por uno más enfocado a la financiación de la oferta, es decir, el Estado debe asumir los costos de formar colombianos como profesionales y técnicos idóneos bien sea de forma directa, a través del sistema de universidades públicas que implica ampliación de cupos en las existentes o creando nuevas instituciones -una ciudad como Medellín tiene dos universidades públicas, Bogotá cuatro y Cali sólo una a pesar de contar con más de dos millones de habitantes en su área-, o bien de forma indirecta, que implica incorporar un esquema similar al chileno en el que el Estado financia a universidades privadas para que acojan un determinado número de estudiantes sin someter a estos últimos al escrutinio del sistema financiero, que como lo demuestra la cartera del Icetex en la actualidad, es someter a personas sin ninguna capacidad de pago a asumir compromisos que al cabo de un tiempo serán incumplidos, destruyendo ex ante e innecesariamente la imagen comercial del beneficiario. Esta alternativa evidentemente no sustituirá el crédito educativo estatal, lo que actualmente se hace, sino lo reforzará.
Cabe destacar que sólo el 30%, según el Ministerio de Educación Nacional, de la demanda de cupos universitarios corresponde al sistema de universidades pública, es decir, de cada 10 opciones de acceder a la educación superior sólo 3 son para una universidad estatal y casi todas las de Colombia presentan un exceso de solicitudes (que la disposición de cupos disponibles es mucho menor que las solicitudes de ingreso); esa situación supone un verdadero reto si se considera que si un aspirante dispone de una fuerte restricción presupuestal sólo la universidad pública, que posibilita que la matrícula sea proporcional a su capacidad de pago, será una opción viable pero no inminente, es decir, inscribirse en una universidad pública no implica admisión.
Para estudiantes de estrato 1 y 2 e incluso del 3 el acceso a la universidad privada será un esfuerzo que sólo una pequeña proporción de ellos podrá lograrlo y aún más pequeña la proporción que logra finalmente graduarse. Eso demuestra la necesidad de aumentar la capacidad de las universidades públicas existentes para acoger más estudiantes en iguales o mejores condiciones que un estudiante de universidad privada o, en un caso extremo, crear más instituciones y/o considerar acuerdos de financiación de oferta con las privadas. Porque hay que ser conscientes que en estos momentos muchos si acceden al crédito del Estado o al financiamiento con entidades del sistema financiero no podrán mantener el ritmo de pagos en un lapso no muy largo, especialmente en la línea de corto y mediano plazo, mientras muchos otros no logran si quiera acceder a la financiación estatal por la incapacidad de obtener un codeudor; la misma barrera que para acceder al mercado crediticio privado.
De ese modo aunque se pretende abrir el acceso a la enseñanza superior vía crédito, se sigue haciéndolo bajo las condiciones elementales del sistema financiero que no ofrece comodidades para una familia pobre e incluso para un estudiante acomodado pero con dificultades financieras producto de adversidades que suelen atacar a la clase media, aunque finalmente tanto un estudiante pobre como uno de clase media comparten una expectativa para una mejora en el futuro -movilidad social-, que es sencillamente la existencia de un título profesional. Calidad y mejora en la estrategia de cobertura es sin duda un capítulo que debe escribir el nuevo gobierno en aras de promover una revolución educativa cuyas bases, ciertamente, debe reconocerse que hoy ya existen.
Por una parte es fundamental que se considere que para financiar la educación de aquellos menos favorecidos se debe cambiar el esquema de financiación de demanda por uno más enfocado a la financiación de la oferta, es decir, el Estado debe asumir los costos de formar colombianos como profesionales y técnicos idóneos bien sea de forma directa, a través del sistema de universidades públicas que implica ampliación de cupos en las existentes o creando nuevas instituciones -una ciudad como Medellín tiene dos universidades públicas, Bogotá cuatro y Cali sólo una a pesar de contar con más de dos millones de habitantes en su área-, o bien de forma indirecta, que implica incorporar un esquema similar al chileno en el que el Estado financia a universidades privadas para que acojan un determinado número de estudiantes sin someter a estos últimos al escrutinio del sistema financiero, que como lo demuestra la cartera del Icetex en la actualidad, es someter a personas sin ninguna capacidad de pago a asumir compromisos que al cabo de un tiempo serán incumplidos, destruyendo ex ante e innecesariamente la imagen comercial del beneficiario. Esta alternativa evidentemente no sustituirá el crédito educativo estatal, lo que actualmente se hace, sino lo reforzará.
Cabe destacar que sólo el 30%, según el Ministerio de Educación Nacional, de la demanda de cupos universitarios corresponde al sistema de universidades pública, es decir, de cada 10 opciones de acceder a la educación superior sólo 3 son para una universidad estatal y casi todas las de Colombia presentan un exceso de solicitudes (que la disposición de cupos disponibles es mucho menor que las solicitudes de ingreso); esa situación supone un verdadero reto si se considera que si un aspirante dispone de una fuerte restricción presupuestal sólo la universidad pública, que posibilita que la matrícula sea proporcional a su capacidad de pago, será una opción viable pero no inminente, es decir, inscribirse en una universidad pública no implica admisión.
Para estudiantes de estrato 1 y 2 e incluso del 3 el acceso a la universidad privada será un esfuerzo que sólo una pequeña proporción de ellos podrá lograrlo y aún más pequeña la proporción que logra finalmente graduarse. Eso demuestra la necesidad de aumentar la capacidad de las universidades públicas existentes para acoger más estudiantes en iguales o mejores condiciones que un estudiante de universidad privada o, en un caso extremo, crear más instituciones y/o considerar acuerdos de financiación de oferta con las privadas. Porque hay que ser conscientes que en estos momentos muchos si acceden al crédito del Estado o al financiamiento con entidades del sistema financiero no podrán mantener el ritmo de pagos en un lapso no muy largo, especialmente en la línea de corto y mediano plazo, mientras muchos otros no logran si quiera acceder a la financiación estatal por la incapacidad de obtener un codeudor; la misma barrera que para acceder al mercado crediticio privado.
De ese modo aunque se pretende abrir el acceso a la enseñanza superior vía crédito, se sigue haciéndolo bajo las condiciones elementales del sistema financiero que no ofrece comodidades para una familia pobre e incluso para un estudiante acomodado pero con dificultades financieras producto de adversidades que suelen atacar a la clase media, aunque finalmente tanto un estudiante pobre como uno de clase media comparten una expectativa para una mejora en el futuro -movilidad social-, que es sencillamente la existencia de un título profesional. Calidad y mejora en la estrategia de cobertura es sin duda un capítulo que debe escribir el nuevo gobierno en aras de promover una revolución educativa cuyas bases, ciertamente, debe reconocerse que hoy ya existen.
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