Con toda seguridad

Revisando como de costumbre el material que llega a mi cuenta de correo, encontré una nota en prestigiosa publicación sobre un estudio realizado por la Universidad Icesi de Cali que sugiere que el comportamiento de la criminalidad en Colombia, concretamente los homicidios, están relacionados de forma directa con el crecimiento económico. Una de las conclusiones, al parecer más del periodista que de los investigadores, es que la política de seguridad democrática de los últimos dos gobiernos en nada han contribuido con el comportamiento de la criminalidad en Colombia.

Hay que partir del hecho que Colombia siempre ha sido un país violento antes de cualquier referencia al artículo. Hasta la década de 1980 la mayor parte de los crímenes cometidos en el territorio estaban asociados a la polarización política que se fraguaba en el campo con la composición acelerada de movimientos subversivos y anti-subversivos y la politización de la fuerza pública, como se demostró durante los momentos previos al golpe de estado de 1954 y en cierta medida durante el periodo de transición hacia el modelo de duopolio del poder planteado por el Pacto de Benidorm, que dio vida al Frente Nacional.

Pero si antes de 1980 la mayor parte de la delincuencia estaba asociada a la violencia política, después de este año y ante el auge del narcotráfico los homicidios y actividades criminales empezaron a hacer difuso su origen: si provenían de la violencia política o de la delincuencia organizada daba, en esencia, lo mismo. Los grupos formados en el marco de un conflicto con el Gobierno y la clase política dominante junto a sus políticas económicas empezaron a evolucionar a bandas delincuenciales financiadas por el tráfico de drogas. Hoy no existe horizonte ideológico que determine la conducta criminal de los actores del conflicto, como ocurría hace 30 años. Eso explica en cierta medida por qué hoy, según Medicina Legal, el 8% de los homicidios cometidos en Colombia se asocian al conflicto armado y el 92% asociados a la criminalidad.

Antes de hacer un juicio al respecto que me ocupa, conviene revisar algunos datos empíricos que delinean la conducta de los fenómenos de expansión del PIB y de los homicidios en el país. Según los datos oficiales, durante la década de 1990 la economía experimentó un ciclo expansivo, más interesante por lo sostenido que por lo elevado, y curiosamente los homicidios son más elevados que los de la recesión global que afectó a la economía colombiana en 2008 y 2009, aspecto llamativo que no explica el estudio de la Universidad Icesi, ¿qué sucede?, que entre 1990 y 1994 los homicidios por cada 100 mil habitantes superan los 80, que al contrastarlos con otras variables, éstas logran explicar más el aumento de las muertes por homicidio que el mero hecho de una contracción económica: simultáneamente en el primer lustro de la década pasada, los homicidios crecieron con casi similar proporción al número de grupos ilegales -número de combatientes, frentes guerrilleros-, así como con la producción de cocaína. Nuevamente el conflicto político pierde fuerza y parece que el fortalecimiento de los grupos armados ilegales encuentran poderoso abono en el narcotráfico.

En 1999, caso muy concreto, los homicidios equivalían a 24358, en un momento en que la economía tuvo una tasa de crecimiento realmente desconcertante: -4,5%; en 2001, con una economía en tenue pero franca recuperación los homicidios llegaban a 27840 y en 2002, con una tasa de crecimiento cercana al 3%, superaban los 28000; con la caída en el PIB de 2008 se registraron 16140 homicidios y en 2009, con efectos más perceptibles de la recesión económica, hubo 15819 . En momentos en que empieza la desaceleración económica producto de la crisis subprime no queda clara la tendencia alcista de los homicidios mientras sí es notoria la tendencia depresiva del ciclo económico negativo. De allí que para mí no es claro que si se coteja el número de homicidios en periodo de crecimiento con el número de homicidios en idéntico periodo exista una tendencia que para algunos economistas es una clara correlación o traslapación de fenómenos: si crece la economía, descienden los homicidios y viceversa.

Lo que cuestiono del ensayo de los investigadores caleños no es quizás su interés de desacreditar la política de seguridad del actual Gobierno, lo cual no me consta. Para mí los resultados -la evidencia empírica- explican por sí solos el éxito de la iniciativa gubernamental; lo cuestionable del análisis académico propuesto es que se pretenda suprimir fenómenos que componen el mecanismo de incentivos que determina el comportamiento criminal de la sociedad colombiana.

Primero hay que advertir que la criminalidad encuentra un poderoso incentivo para expandirse en la medida en que los sistemas de educación y justicia se encuentran inaccesibles para ciertos segmentos de la sociedad -algo que atañe más a la gestión de la administración pública y a la pobreza del país que a la expansión económica per se-, así como seguramente la carencia de empleos dignos supone falta de oportunidades para los individuos y la criminalidad, acompañada de un incentivo monetario poderoso como el narcotráfico o los negocios ilícitos, puede ser una salida para muchos sin opciones. Pero no para todos. Igual, es cuestionable que se crea que el crecimiento por sí solo traiga bienestar social si no viene acompañado de políticas que permitan distribuir los beneficios de la bonanza. Es así como China experimenta crecimientos acelerados y altas tasas de pobreza mientras Japón tiene a su economía en estado crítico y tiene estándares de vida mucho más prominentes.

Si no hay justicia es probable y plausible suponer que los individuos cometan crímenes para asegurar y proteger sus derechos de propiedad, su integridad o defenderse de agresión de terceros contra su patrimonio y vida cuando la autoridad competente es ineficiente y no satisface las necesidades sociales de protección. Pero ese fenómeno tampoco tiene aparentemente -valdría la pena estudiarlo- relación con el ciclo económico. En tan severa crisis como la que se vive en las economías avanzadas no existe indicio aún que permita establecer que haya habido un comportamiento anormal de los sistemas judiciales ni que en Colombia en las épocas de auge haya habido una mejora ostensible en la definición de los procesos en las cortes de justicia.

Otro aspecto cuestionable que debe y merece ser atendido es la lógica de la conducta que se asume los individuos adoptan ante la crisis. Una primera consideración consiste en resaltar la inexactitud en que un estudio de esta naturaleza puede incurrir cuando se toma como homogéneos a los individuos: es muy probable que una persona de clase media asuma muy diferente a una de clase baja la perdida de empleo o una bancarrota. Una segunda consideración deja ver que es muy probable que una contracción económica no afecte del mismo modo a una región apoyada en la agricultura, muy golpeada en Colombia por la contrarreforma agraria emprendida por los grupos armados ilegales que se apropiaron de grandes extensiones de tierra, hoy sometidas a ser activos improductivos, con costos sociales enormes y bastante sangre derramada; no puede pretenderse entonces que una región cuya economía se sustente en el comercio y los servicios asuma el mismo comportamiento que una región rural o sin industrializar ante un periodo de crisis.

Por otro lado hay que definir el mecanismo de transmisión de los incentivos al crimen: si cae la producción, ¿se despierta de manera espontánea la violencia que cada individuo trae dentro?, no creo que directamente. Conviene saber que una caída en el ingreso puede inducir a un incumplimiento en las obligaciones financieras -muchas de ellas adquiridas en un mercado informal de deuda- y que eso precipite conductas intolerantes.

Si bien eso lo aclara el estudio de manera discreta, al final la conclusión obvia esa salvedad e induce al lector a creer que una baja en la producción impulsa un aumento de los homicidios, sin explicitar qué factores produce la contracción económica que actúan como verdaderos incentivos para la violencia. Piénselo así, con un ejemplo clásico en economía: la teoría sugiere que ante un aumento de la tasa de interés el consumo se resiente de manera directa. Piénselo de nuevo, ¿si hoy el Banco de la República aumenta la tasa de interés de intervención usted disminuye su consumo por regla general? ¿coge menos buses? ¿come menos? ¿sustituye bienes costosos por bienes más baratos?, la respuesta es simple. La respuesta es no. Si aumenta la tasa de interés es posible que en un plazo determinado caiga la inversión, si la inversión cae es muy probable que caiga el volumen de ocupación y crezca la tasa de paro. Ante un aumento del desempleo caerán los ingresos de las familias y se alterará el consumo. Pero entonces lo que determina la caída en el consumo no es el alza en la tasa de interés sino la caída en la inversión, ¿tiene lógica?

De ese modo puede decirse que el análisis que se ha hecho parece desacertado cuando concluyen los analistas de Icesi que la criminalidad está atada al ciclo económico, aunque no me atrevo a elevar un juicio alternativo. Lo desconcertante para mí es lo inexacto que se puede parecer cuando elimina ciertos factores que dan robustez y mayor legitimidad a un análisis que puede ser muy rico a la hora de explorar los aún fértiles suelos de la economía del crimen. Con toda seguridad y en los términos planteados por los académicos parece un estudio apropiado para quienes la seguridad democrática es un némesis de la legalidad. Para mí es un buen inicio ese estudio en un área levemente explorada en Colombia, pero como las verdades incompletas, corre el riesgo de parecer una gran mentira.