Recato y responsabilidad

El uso potencial de toda política fiscal es la promoción del crecimiento, el combate contra la pobreza y la desigualdad, y la fijación de una primera piedra en la consolidación democrática, quizás a través del mecanismo de provisión óptima de bienes públicos. Una de las consecuencias de las políticas fiscales expansivas es el crecimiento acelerado de los déficit de los gobiernos, que generalmente intervienen de forma intensiva en presencia de ciclos económicos depresivos de influencia negativa sobre el gasto privado. No obstante en un contexto dominado por la globalización e influencia de los mercados financieros las medidas de gasto público deben ser desmontadas tan pronto es superado el periodo recesivo de la economía en el momento preciso, ni antes para evitar que colapse de nuevo el aparato productivo ante su incapacidad de crear empleo por sus propios medios, ni después, so riesgo de generar desconfianza en los mercados y plantear una crisis de pánico generalizado con efectos distributivos perversos.

Es así como parte de la competencia por la presidencia en Colombia ha puesto sobre la mesa la necesidad de acoger medidas de ajuste fiscal creíbles pero ante todo que respondan a las necesidades específicas de la economía colombiana, no obstante, ¿qué tanto ese debate es en parte resultado de la ortodoxia teórica dominante en las entidades multilaterales y una reacción a la crisis de la deuda europea?; conviene revisar varios aspectos.

Consideremos la crisis europea y un aspecto relevante: los ratios de la relación deuda pública-PIB tuvieron un crecimiento exponencial en los últimos años y el FMI estima que el ratio de las economías avanzadas subiría 20 puntos porcentuales hasta 2015, al punto de situarse en una relación promedio del 110%. Debe anotarse que estamos frente a niveles de endeudamiento sin precedentes desde la Segunda Guerra Mundial, pues antes de 2007, al estallar la crisis financiera, los niveles de endeudamiento público en las economías más grandes no excedían el 60%.

En efecto, si los gobiernos de los países ricos no disminuyen sus déficit es muy probable, como lo estima el FMI, que el crecimiento potencial de sus economías se disminuya en un 0,5 %, con efectos extensivos en las economías emergentes. Es claro que tales medidas implican ajustes impopulares como recortes en el gasto o incrementos en las cargas impositivas. Sin embargo es necesario no caer en el sofisma de distracción de aumentos tributarios con costos en la eficiencia económica, sofisma que se presenta cuando se considera que un evento en un país como Grecia debe ser abordado del mismo modo en Colombia.

En el caso colombiano hay consideraciones que nos acercan y separan de la crisis europea, razón por la cual es fundamental que las candidaturas a la presidencia de la República estructuren sus propuestas de ajuste fiscal. Por un lado no puede considerarse como un caso urgente la resolución de la deuda, en gran medida porque al desmontar el gasto público se deja a la economía colombiana sin su principal herramienta para la recuperación e impulso del crecimiento, que claramente el sector privado aún no puede asumir solo. Es claro que las mejores medidas fiscales ahora serán aquellas que apunten a unas finanzas públicas eficientes más que a unas finanzas públicas sanas. Los llamados halcones del déficit nos hablarán e intentarán convencer siempre de la necesidad de mirar con preocupación el crecimiento del stock de deuda y los pasivos de la nación y rara vez harán una mención favorable al crecimiento de los activos producto de la inversión pública vía endeudamiento. En su momento lo señaló Stiglitz y lo reforzó Krugman: debe inquietar más la deuda pública nacional de largo plazo que la deuda pública de corto plazo. Es probable que unas finanzas públicas bien canalizadas -lo que implica un tiempo adecuado- generen rendimientos suficientes para mover la demanda y cubrir los saldos de la deuda nacional una vez culmine una recesión económica.

De otro lado es conveniente señalar que la deuda pública de Colombia en 2009 se sitúa en un relativo discreto ratio del 21, 1% del PIB, cerca de 50 mil millones de dólares, con un incremento del 1,8% con respecto al año anterior 2008 (Japón experimenta un endeudamiento del 170% mientras Grecia, más similar a Colombia, enfrenta un endeudamiento del 113%). La primera consideración sobre la deuda pública colombiana es que está bien estructurada en términos de tasas de interés y vencimientos, lo que hace que los títulos de deuda pública, mayoritariamente en manos de la banca multilateral, tengan un nivel de confianza adecuado en los mercados financieros internacionales. En cierta medida la deuda pública externa ha migrado a manos multilaterales ante el deseo de las empresas privadas domésticas de cubrirse del riesgo cambiario, prefiriendo así obligaciones en el mercado local. Una segunda consideración importante es que el déficit actual no es criticable ni debe ser empleado como estrategia para juicio de la gestión de gasto del Gobierno; muchos consideran que de existir una disciplina fiscal en el sector público ya Colombia habría recibido al anhelado grado de inversión, no obstante es prudente intuir que no se otorga aún aunque el país en el corto plazo no está en disposición de recibirlo más como consecuencia del ciclo económico adverso que por defecto propio de la estructura financiera y de confianza en el país.

La crítica grande al Gobierno colombiano es la correspondiente al desmesurado gasto durante la época del auge, entre 2003 y 2008, tiempo en el cual las finanzas públicas han debido ser tratadas con cautela y el ahorro debió ser una regla. En el periodo de mayor expansión económica en los últimos treinta años se perdió una oportunidad de haber implementado la regla fiscal que hubiese permitido al Gobierno mantener reservas propias para los momentos de contracción del PIB como los actuales y así evitar acudir al mercado de deuda o reducir su sometimiento a él. De la misma manera se perdió la oportunidad de haber implementado una reforma al sistema tributario para hacerlo más acorde a las necesidades de la economía colombiana.

Por último cabe anotar el tema de los impuestos. Es imprudente anunciar un aumento de impuestos antes de estar al frente de las finanzas públicas, una lección que se aprende a un alto costo político pero que técnicamente tiene su lógica. Es un poco menos imprudente no comprometerse a la elevación de las tarifas, no obstante ambas apreciaciones tienden a llevar al candidato a un predicamento (¿qué decir ante una opinión pública ávida de saber el futuro de sus bolsillos?). Técnicamente ambos anuncios generan suspicacias en el sector privado, muy especialmente los inversionistas, muy susceptible a ver con ojos desfavorables y a formar expectativas frente a las reformas tributarias que resten poder adquisitivo a los consumidores y socaven los beneficios de las empresas. Tampoco es prudente ex ante incubar expectativas que sugieran lo contrario para eventualmente minar la confianza en el Gobierno cuando este se vea precisado a proponer una elevación de impuestos.

Debe descartarse a las exenciones al capital como las culpables de las desdichas que generan las cifras de desempleo y debe notarse que las complejidades históricas del estatuto tributario colombiano son en gran medida responsables que en tiempos de auge la economía colombiana no logre detener la espiral de paro. Tanto la informalidad y las preocupantes tasas de paro encuentran respuesta en un sistema perverso de incentivos incubados por el sistema de seguridad social y el esquema impositivo. Tarifas más homogéneas en el IVA y simplificación en el cobro de impuestos relacionados con la renta y otras contribuciones que cargan tanto consumidores como productores e inversionistas pueden ser propuestas interesantes para estimular el consumo, la contratación formal de mano de obra y evidentemente un aumento en el recaudo.

Un aumento en los impuestos puede traer más complejidades y no necesariamente un saneamiento fiscal, dado que obedece a un planteamiento propio de un corto plazo que afecta la estabilidad económica en el largo. Si el aumento de impuestos va de la mano de una gestión macroeconómica formidable es plausible aceptar y celebrar la elevación de tarifas o la creación de nuevas, no obstante si no se ataca el esquema de incentivos perversos -el núcleo duro del problema- es posible que la elevación de impuestos incremente el costo de oportunidad de forma exponencial, costo representado en los activos que dejan de crearse en el largo plazo. Un poco de recato y responsabilidad, no sólo en la gestión fiscal sino también en los asuntos programáticos de las campañas puede ser mucho mejor tomado que dar por sentado un hecho ante el cual aún no hay certeza. Se ensilla la bestia sin tenerla, o mejor aún, se va a la guerra sin saber por qué.