Una locomotora que no arrastra

No ha habido gobierno en la Historia colombiana que no anuncie grandes reformas agrícolas para poner fin a la pobreza endémica del campo, dinamizarlo, modernizarlo y de ese modo detener una espiral de violencia que tiene sus orígenes en las zonas rurales, olvidadas por el Estado. No obstante, como lo reconocen varios analistas, es la primera vez que un presidente pone como eje estructurante de su política económica a la agricultura y, al menos en el papel, concede a este sector económico la importancia que insólitamente se le negó en tiempos pasados.

El nuevo gobierno, aún sin asumir sus funciones, ha establecido una muy bien diseñada estrategia que permita favorecer el crecimiento económico. Bautizados como locomotoras, aquellos sectores económicos que aparecen como primarios y secundarios adquieren gran relevancia cuando se les identifica como los más susceptibles de crecimiento. Nada descabellado, si se tiene en cuenta que en 2007, cuando la economía tuvo el mayor crecimiento de su PIB en 30 años, el sector que permitió ese auge fue la construcción.

Pero lo que diferencia al proceso actual de similares en el pasado es concreto. Identifica a esos sectores, los articula entre ellos y, lo más importante, los enlaza con el sector terciario, mayor generador de empleos en Colombia. Pero, ¿cuál es el papel de la agricultura?, si lo vemos a la luz de los últimos 20 años, quizás el campo aporta poco o nada. Ha aportado en el mejor de los casos un crecimiento sectorial del 2%, es el mayor exponente de la acumulación de riquezas y reflejo fiel de las problemáticas sociales más agudas que padece la sociedad colombiana. En efecto, si a lo que aspira el nuevo gobierno es a cambiar esa realidad y volver a Colombia una potencia agrícola, como lo puede ser Francia o España, es prudente pensar en un fortalecimiento institucional: definir las instituciones agrícolas, iniciando desde el mismo Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ejecutor de la política agraria del país.

En algún trabajo de Kalmanovitz, se sostiene que la historia de la agricultura puede entenderse a partir de unas condiciones iniciales de distribución de los factores productivos e inserta en una dinámica más general, que proviene de las señales emanadas por la Constitución como estructura institucional y legal de la sociedad, de la calidad y la cobertura de la educación, de los derechos de propiedad que fueron definidos en el pasado, en ocasiones extensivos para pocos y mal especificados y por un sistema de financiamiento de las actividades agropecuarias. Claramente, al final, se incluye a los grupos de interés y a las acciones colectivas que despliegan sus intereses para, como debe ser deducible, favorecerlos en un ámbito político nacional.

De lo anterior puede intuirse que el bajísimo crecimiento y discreto desempeño de la agricultura en la economía colombiana obedece a variables institucionales (derechos de propiedad), políticas (gobierno y grupos de interés), legales (legislación agrícola) y socio-económicas (educación, vivienda, infraestructura, crédito) que determinan un comportamiento en este segmento económico. En Colombia las grandes industrias agrícolas reciben importantes beneficios que las han impulsado en sus procesos de expansión mientras los pequeños agricultores y campesinos en general permanecen relegados de los auxilios oficiales y del acompañamiento estatal. No es casual que el Nobel Stiglitz sugiera que le va mejor a una vaca en Suiza que a un campesino en América Latina. Si el nuevo presidente quiere convertir a la agricultura en un motor económico, el trabajo que le espera no es poco, porque por ahora la agricultura es una locomotora que no arrastra.

Publicado como columna de opinión en el diario El Tiempo, el día 30 de agosto de 2010: http://www.eltiempo.com/opinion/columnistas/otroscolumnistas/esto-tiene-que-cambiar_7884425-1