¿Camino del post-conflicto?

Difícilmente puede describirse un instante en la Historia de Colombia en el cual la tierra no haya sido objeto de pujas entre dos o más bandos, que al final de cuentas terminaron convertidos en actores de un conflicto. Durante el siglo XIX el país padeció cerca de ocho guerras civiles por motivos políticos y sociales, con un panorama en el siglo XX no mucho más halagüeño y que se vio acentuado con los conflictos ideológicos que polarizaron al mundo durante ochenta años.

La reforma que propone el Gobierno Nacional es tan ambiciosa como riesgosa. Por una parte supone una capacidad legal e institucional que el Estado colombiano no ha tenido y que no hay indicios ahora que existan además de la existencia de unos costos fiscales muy elevados que pueden servir de claro pretexto para que a su paso por el Congreso la ley sufra toda clase de ataques y modificaciones que se ajusten a la conveniencia de los grupos de poder representados en los escaños parlamentarios.

Pero ninguna traba institucional o construida por algún grupo de interés debe ser argumento suficiente para no jugársela por una ley de tierras que determine una nueva configuración del campo colombiano y garantice que la riqueza, alguna vez, se verá fuera de las ciudades. No obstante y en el Gobierno deben ser conscientes de eso, la reforma despertará toda clase de polémicas entre quienes naturalmente no están dispuestos a ceder lo que consiguieron, muy seguramente, en la sangrienta contrarreforma agraria impuesta por los actores del conflicto.

Sin embargo, y aunque el costo de pasar esa ley es alto, será una oportunidad histórica perdida si se logra ceder ante la ética criminal de quienes encontraron en el delito la mejor forma de aumentar sus fortunas. La ley de tierras impulsada por el nuevo Gobierno contiene un recetario que puede poner fin al origen mismo de la violencia rural, porque es en la posesión de los derechos de propiedad que radica la semilla misma del conflicto.

Es también conveniente que la política de distribución de tierras no sea una estrategia aislada y única: el campo es un sector que ha crecido muy poco y que no ofrece perspectivas de expansión y de aporte de bienestar a sus habitantes en las condiciones en que se encuentra. Existe una ausencia de capital y recursos que impide que cualquier iniciativa tome vuelo en las condiciones que actualmente se encuentra: es prioritario que se considere una política social, compacta y multidimensional que permita que quienes reciben las propiedades de esas tierras sean capaces de hacerlas productivas.

Pero sin duda que hablar de redistribución de tierras halaga un poco. Por lo menos nos hace pensar que Colombia camina, por fin, hacia un post-conflicto.