El dilema de la universidad pública

El tema de la financiación de las universidades públicas en Colombia presenta algunas discusiones que representan las divergencias que en torno al tema se tiene. Por una parte, quizás por razones obvias, los rectores y personas vinculadas a las universidades estatales promueven una educación superior pública basada en la autonomía, en la financiación proveniente de recursos gubernamentales y con fuertes subvenciones que hacen de la universidad pública un típico producto no mercantil. No compite con las privadas con precios, al menos. Por otro lado están quienes promueven la inmersión de la universidad pública en la competencia con las universidades privadas, desmontando subsidios y promoviendo el acceso a la educación superior estatal con un esquema basada en tarifas diferenciadas.

Sin duda es una discusión fuerte. Por un lado el esquema imperante es muy cómodo para los estudiantes pero no es lo más sensato para el Estado que asume costos elevadísimos por la formación profesional y técnica de cientos de miles de estudiantes que quizás en toda su carrera no pagarán un porcentaje significativo que compense el costo. Eso lejos de ser negativo es algo muy importante cuando se canaliza a las poblaciones cuyo acceso a la educación superior suele ser restringido. El problema radica cuando los beneficios del Estado los toman estudiantes provenientes o bien de familias con capacidad de pago o, al menos, capacidad de endeudamiento.

Sin embargo la discusión se aleja un poco del corazón de lo que debería ser la preocupación de la opinión pública. Al margen de si la financiación de las labores de las universidades públicas debería o no proceder del Estado o si debería o no propender por su auto-sostenibilidad, el gran asunto en el que se deben concentrar los esfuerzos es en la eficiencia en la administración y las asignaciones de los recursos en estas instituciones educativas, así como la erradicación de los vicios comunes al sector público que han devenido en incentivos poderosos para que la universidad pública colombiana contraste incómodamente con las universidades privadas.

Si la administración es irregular es muy probable que la semilla del conflicto esté sembrada. Una administración irregular prescinde del orden y, como dice el refrán, en río revuelto hay ganancia de pescadores. Mientras en una universidad privada la infraestructura refuerza notoriamente los esfuerzos en producción del conocimiento y la formación de capital humano, la universidad pública, con recursos multimillonarios, presenta rezagos importantes en materia de facilidades locativas, recursos tecnológicos e instalaciones adecuadas. De otro lado se ha transferido innecesariamente poderes a la comunidad universitaria que muchas veces nos recuerda que los excesos distan de ser deseables. Nadie puede asegurar con algo de sensatez que la democracia en cantidades excesivas ofrece beneficios. Escuché una propuesta tan absurda en la Universidad del Valle sobre la elección popular de rector y decanos que me pareció revivir las palabras de Moisés Wasserman: ¡no tanta democracia, por favor!

El asunto realmente debe conducir a que el acceso a la educación pública sea más flexible que el acceso a la educación privada en lo que a los costos educativos respecta, algo que sucede ahora, por supuesto. No obstante es deber del sistema de educación superior estatal proveer a la sociedad de educación de calidad, gratuita para las clases menos favorecidas, igualitaria y garante de la movilidad social. Sin embargo eso obliga a que quien desee ingresar a la educación superior pública aporte lo que sus capacidades económicas permiten, ni más ni menos y es allí donde hay que hacer otra revisión fuerte. Eso presiona a replantear el esquema de financiación de parte de los gobiernos en los diferentes niveles y, ante todo, conlleva a revisar también el sistema de créditos que permitiría que de la educación pública no dependa solamente la capacidad de movilidad social de quienes por razones sociales y económicas encontrarían en situaciones normales muy remoto el acceso a la educación superior.