País en peligro

En una valiosa reflexión, Alejandro Gaviria reconoce cómo los colombianos han virado de un fatalismo común en las últimas décadas del siglo pasado a una especie de armonía, si no parsimonia, en la forma como se concibe la mayor parte de los problemas que afronta Colombia; claro está, sin desconocer que el país de hoy es bastante diferente al que padecía una generación atrás pero muy debajo de las expectativas de país para las generaciones venideras.

En el país subsisten amenazas sustanciales para su durabilidad y perdurabilidad como Estado. El narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción y la ineficiencia aberrante del aparato estatal se erigen como fallos protuberantes de la sociedad colombiana que han incubado exclusión socio-económica y han cobrado su presencia con años perdidos de desarrollo. No en vano el índice de Estados Fallidos, publicado por Foreign Policy, pone a Colombia en un incómodo listado con 60 países cuya característica fundamental es que, si no han fracasado ya como Somalia, Chad o Sudán, están en una situación vulnerable de inestabilidad política, social y económica como Angola, Bolivia o Filipinas.

A excepción de Haïti, que realmente es un país decapitado institucionalmente, sólo cinco países de América Latina están en una categoría de "riesgo", entre ellos Colombia, y supone una interesante reflexión. Contrario a lo que el colombiano y observador desprevenido supone, para algún segmento influyente de la comunidad internacional el Estado colombiano no se diferencia notablemente del Estado boliviano, por ejemplo, y está más cerca de ser comparado con un país africano en conflicto que con un país emergente como Argentina, Chile o el mismo Brasil.

Pretextos para ser catalogados de esa forma hay varios. Basta citar el caso de las interceptaciones ilegales, las relaciones inocultables entre miembros de la élite política dominante con grupos armados ilegales de izquierda y derecha durante más de una década, la presencia aún en el escenario del conflicto de las FARC, las bandas emergentes ligadas al narcotráfico y asuntos menos evidentes pero preocupantes como la dificultad que supone pensionarse en Colombia: 60% de la población colombiana corre el riesgo de llegar a su vejez sin una pensión mínima, configurándose otro incómodo precedente. Colombia es un país económicamente informal, con industria incipiente y de alta vulnerabilidad en el plano laboral.

La corrupción, que Transparencia Internacional ha denunciado como elevada en Colombia, es sin duda el mayor lastre y, aunque ignoro una correlación en específico, el indicio de sus repercusiones en el desempeño económico es preocupante. Un Estado en riesgo es un estado incapaz de proveer a sus ciudadanos de los elementos básicos de bienestar social. La mala gstión estatal se verá revelada por las precarias infraestructuras, lo provisión ineficiente de bienes públicos y la creciente exclusión socio-económica. Reformar al Estado no es reducirlo, aunque hacerlo sea un imperativo inicial; el Estado colombiano es una copia ingrata de lo viciada que ha estado la dirigencia colombiana. Colombia no es un Estado fallido por complot de la Providencia divina o por travesuras de la casualidad. Es una obra en la cual por acción y omisión ha estado partícipe la mayor parte de los colombianos.