Disciplina fiscal: disciplina en los derechos

Digamos, en primera medida, que existe una cointegración bien llamativa entre el crecimiento económico y el gasto público. El primero es el mecanismo por el cual el mercado produce más y dada la identidad macroeconómica fundamental "producto es igual a ingreso" consecuentemente es el mecanismo para agrandar el ingreso nacional; el segundo es la herramienta para que la porción de ese ingreso que corresponde al Estado sea ejecutado para la provisión eficiente de esos bienes de uso colectivo -obsesión de todo economista- que ningún agente privado está interesado en producir. El primero es tan técnico que el Estado destina una entidad con rango ministerial para su medición pero ignora aspectos más humanos que el gasto público, por definición, contempla como estrategias para garantizar el bienestar social.

¿Qué determina el crecimiento?, algunos trabajos empíricos sostienen que la perdida de dinamismo de la economía colombiana, por ejemplo, se explica por la perdida de la productividad multifactorial, casi siempre hallada a través del mundialmente famoso residuo de Solow. Lo que soporta aquella tesis es que el crecimiento está sustentado por aquello que está detrás de la acumulación de los factores y no la acumulación de estos. Es decir, el determinante principal del crecimiento es el cambio técnico, la calidad de la política económica y los efectos de las externalidades. Pero, de otro lado, ¿qué determina el gasto público?, más aún, ¿cuál debe ser ese nivel de gasto público que podríamos denominar eficiente?

Una respuesta intuitiva es aquella propuesta en un trabajo de Sala-i-Martín, hará unos diez años, quienes proponen cinco principios para explicar el crecimiento económico y dar tácitamente una pauta para el nivel de gasto más pertinente: (1) la estabilidad política y económica, (2) el grado de apertura de la economía al exterior. (3) el mantenimiento de la ley y de los derechos de propiedad, (4) la poca intervención pública, (5) la inversión en capital humano, educación y salud, y (6) la inversión en capital físico y maquinaria. Si somos cuidadosos, llamará la atención que la regla tácita del gasto público debe estar concentrada en educación y salud.

Es allí donde se concentra la discusión en Colombia, a propósito de la presentación al Congreso de la República de un proyecto de ley que impondría la célebre regla fiscal que, si asimilamos al Gobierno como una empresa, sugiere lo siguiente: sus gastos no deben ser superiores a sus ingresos para así evitar el endeudamiento excesivo. Suponga que el producto de la empresa que llamamos "sector Gobierno" son los servicios que hacen efectivos los derechos políticos, sociales, económicos y fundamentales de los ciudadanos (colegios, universidades, hospitales, parques, calles, seguridad y defensa, justicia, entre otros); una empresa produce de acuerdo a unas fronteras de posibilidades de producción, de acuerdo a su capacidad instalada, capitales fijo y circulante, capital humano disponible y acceso al crédito. Si la empresa puede, maximizando y optimizando el uso de sus factores, producir 10000 unidades, ¿cómo puede pretender responder con un encargo de 100000?; lo mismo con el Gobierno: tiene una frontera de posibilidades de provisión de bienes públicos y por tanto debe optimizar sus recursos para maximizar la producción de estos. Si el empresario es irresponsable cuando promete cumplir con un pedido de 100000 y sabe que su máximo es 10000, ¿será que a un Gobierno que garantiza más de lo que le es posible no le cabe alguna mención de irresponsabilidad?

De modo que la discusión no es que se quiera recortar gasto y beneficios, como los opositores al proyecto de ley argumentan, sino acondicionar al Estado colombiano para que garantice lo que le es posible y se halle un mecanismo para responsablemente cumplir con aquellos aspectos ante los cuales fiscalmente está impedido.

Llama la atención, por otro lado, lo siguiente: las tasas de crecimiento del país han sido históricamente discretas y cuando son elevadas obedecen a factores coyunturales, no a una dinámica propia e inherente al comportamiento de la economía colombiana. Si en 2007 el PIB creció por encima del 7%, en 2009 apenas creció una tercera parte de lo reportado hace tres años. No obstante el déficit ha venido creciendo, la percepción del observador desprevenido es que ese dinero no se ve. Es entonces donde se gasta mucho pero se gasta ineficientemente. Ciertamente hay que buscar finanzas públicas sanas pero hay que buscar, por sobre todo, finanzas públicas eficientes.

Por eso hay que aplaudir el esfuerzo del Gobierno Nacional en buscar la aprobación de una modificación legal que eleve a rango constitucional esa disciplina fiscal, sino también las sucesivas reformas a las transferencias a las regiones por conceptos de regalías de la explotación minera, la reforma al sistema de salud y todas aquellas reformas económicas que demanda el país para propiciar un crecimiento mayor y un gasto público racional. Si la regla fiscal buscada fuese un evento aislado, probablemente lo único que hará es des-financiar un gasto que por estructura es inflexible. No obstante el manejo por otros frentes, como la reforma al sistema de la educación superior pública y su financiación, la reforma al sistema de salud y la modificación al régimen de las regalías puede transformar en algo dicha estructura. Dicho de otro modo: buscamos disciplina fiscal pero también disciplina en los derechos.