Asunto estratégico

Durante dos siglos la discusión sobre el tamaño del Estado ha ocupado de forma casi que obsesiva a los economistas de occidente. Desde la publicación de The Wealth of Nations de Smith, a finales del siglo XVIII, se hizo prioridad el deseo de promover una economía libre y basada en la iniciativa privada, mejor herramienta para optimizar la asignación de los recursos. Es así como la teoría económica liberal primitiva postula a un gobierno pequeño, con unos deberes limitados que no son otras cosas diferentes a aquellos bienes públicos que el sector privado no está en disposición de proveer en el mercado. De allí que si el Estado y los gobiernos se extienden más allá de la administración de justicia, la defensa nacional y crear empleos públicos improductivos pero necesarios, sus funciones están extralimitadas y fuera de lo requerido.

En la misma forma que llegó la crisis económica de los años 30 y la posterior formulación del New Deal, como expresión materializada del modelo económico keynesiano, el Estado acumuló otras funciones, mucho más allá del límite racional aceptado por la doctrina económica que gobernó a la política durante más de un siglo. Un Estado chico era necesariamente un Estado eficiente, se creía, mientras se otorgaba al mercado la capacidad única de asignar de forma eficiente todos los recursos necesarios para el bienestar de los habitantes de un país. Después de la crisis, que dejó al 25% de la fuerza laboral mundial cesante, el Estado asumió funciones de seguridad social, salud, educación, inversión pública en infraestructura y una configuración similar a la del "Estado de Bienestar" que prevalece hasta nuestros días en gran número de países.

Los principios liberales promovían, entonces, un estado pequeño apoyado en los valores en que la libertad individual expresada a través de la libre iniciativa es el valor supremo que justificaron toda clase de reformas constitucionales para dar coherencia al Estado con tal principio. Sin embargo el gran punto de análisis que quizás distorsiona el objetivo de la discusión ha sido que se haya tomado como indicador del tamaño del Estado la proporción de recursos que la nación destina a su mantenimiento, dicho de otro modo, la proporción entre el gasto público y el PIB. Así las cosas, un fenómeno como la crisis económica puede llevar al gasto público de un 12% del PIB, en el caso de las naciones industrializadas, a un 30% después de la Guerra o de los efectos devastadores de la Gran Depresión, como sucedió en el Reino Unido.

De modo que la idea general de la configuración del Estado estaba íntimamente ligada al gasto y no al gobierno de los asuntos estratégicos del Estado, que luego de la crisis fueron mejor reconocidos. No es prudente alejarse del impacto del gasto público en las economías, como las recientes crisis de endeudamiento público lo han mostrado en Europa, pero tampoco es prudente basarse en la noción de estado pequeño como el estado más benévolo con la eficiencia económica. Es probable que cuando el análisis se centra en el sector Ejecutivo como encargado de la gestión económica se cometa errores desastrosos, tales como menospreciar el conjunto de los cuerpos legislativos o judiciales.

De modo que aparece otra noción: el tópico no puede ser reducido a una cuestión de simples dimensiones y magnitudes, sino que lo importante es el papel que juega el Estado frente a los problemas económicos y sociales y a la forma de interrelación entre el Estado y la sociedad. Dicho de otro modo, si bien el gasto público es un buen indicador para determinar si el Estado es más grande de lo socialmente necesario, no lo es para saber si el sector público hace bien o no su tarea. Es probable que, como sucede en Chile, con menos recursos el Gobierno obtenga mejores resultados económicos, mientras que países con un gasto desmedido, como Venezuela, tengan como costo una pérdida irrecuperable de eficiencia y discretos resultados sociales. En el otro lado, Colombia procuró disminuir sus gastos públicos pero no obtuvo los resultados esperados: el déficit aumentó y no existe evidencia que el desempeño de la economía colombiana haya tenido relación alguna con la reforma del Estado adelantada en 2002. De modo que si bien en el primer ejemplo hay coherencia con la ortodoxia económica, en el segundo caso no lo es tanto, ¿o cómo explicar desde la visión del Estado pequeño que a pesar de una reforma del Estado central el déficit haya seguido aumentando?

Es importante que a la hora de reformar el Estado no se asuma que este padece de una incapacidad natural congénita para promover el desarrollo, ni se asocie 'reforma' con 'reducción'; en tal caso, lo más prudente es definir en qué asuntos estratégicos el Estado debe ser fuerte. Por ello la necesidad del proyecto que cursa en el Congreso de la República que brinda facultades extraordinarias al Gobierno colombiano para reformar el Estado.