Del sentido de lo público: un caso

Apenas el estudiante encapuchado empezó a escribir su graffiti en el muro exterior del edificio de la Administración de la Universidad del Valle otro estudiante se le acercó y sin medir consecuencias le increpó por el daño al patrimonio de esta institución educativa estatal de Cali. Junto al encapuchado atestiguaban tres personas, una de las cuales no dudó en responder: -dejálo que la raye, ¿cuál es el problema?, eso vuelven y lo pintan-

Las escuetas líneas anteriores describen un comportamiento sistemático de los individuos hacia los bienes del Estado. Se presentó ayer martes en el campus de Meléndez de la tercera universidad más grande de Colombia, en el sur de Cali, y fue parte de los desafortunados desordenes que protagonizaron estudiantes insatisfechos con el proyecto del Plan Nacional de Desarrollo y algunas decisiones de la administración de la Universidad.

Fácilmente puede cuestionarse las arengas lanzadas por los manifestantes, sin embargo no es lo que me ocupa en esta oportunidad. Lo cuestionable es el desdén con que los agentes asumen el carácter público de ciertos bienes, porque de cualquier modo queda la pregunta: ¿es la Universidad pública un bien público o una entidad pública?; supongamos que es un bien público, ¿su naturaleza le permite excluir y rivalizar su consumo?.; pensemos ahora que es una entidad pública, ¿está exenta de diseñar sus mecanismos de control y reglas de juego internas?

Para darle ventaja a algunos, me ocuparé de pensar en que es un bien público. La Universidad pública es parte de la provisión de bienes públicos de parte del Estado. Si lo vemos jurídicamente, la ley no contempla ojos ciegos y oídos sordos a los daños ocasionados en la propiedad colectiva. Finalmente un daño sobre una edificación estatal será pagada con dineros públicos, procedentes de transferencias de cualquier nivel de gobierno finalmente originados en las contribuciones de los ciudadanos de la nación. Si lo vemos ahora económicamente, no puede verse a la Educación pública como se vería a la Defensa Nacional: defender a un individuo más no supone un costo marginal diferente a cero, defender a mil es probablemente igual a defender a 5 millones, ¿cómo excluye el ejército o la policía de defender a quienes no pagan sus servicios y defienden a los que sí contribuyen?; la Educación pública se sustenta en un derecho fundamental, pero no obliga a ser un bien ilimitado en su provisión: ¿han pensado en los costos prohibitivos de acoger a toda la demanda de cupos universitarios en el sistema estatal?, si se hiciera efectiva esta condición que descarto, es muy alto el riesgo de fracaso.

¿Cómo se resuelve el asunto?, a través de un mecanismo de exclusión. No rivalizar el consumo porque, por ejemplo, si un estudiante consume una clase de álgebra lineal es difícil que se impida a otro agente-individuo consumir esa misma clase de álgebra simultáneamente. Pero si no se excluye es probable que se genere congestión: un profesor puede estimar el esfuerzo de su voz y su impacto en el rendimiento académico de la totalidad de los estudiantes de forma óptima en un recinto dado y con un tamaño proporcional de asistentes. Si el número supera esas estimaciones, se requerirá una asignación espacial mayor (en lugar de un salón se requerirá un auditorio) y por consiguiente el profesor quizás requerirá de equipo audiovisual que suma a los costos per cápita de formación de un estudiante.

De modo que la Universidad, en aras de optimizar sus posibilidades de recursos limitados y para procurar el acceso de determinados candidatos que cumplan con parámetros primarios de calidad académica, aplicará un protocolo de admisión y cobrará un precio al estudiante para obtener los derechos efectivos como miembro de la comunidad universitaria. Si no fuera así, es probable que un estudiante falto de talento y ávido de orgullo quiera estudiar ingeniería industrial aún cuando el fracaso está asegurado dadas estas condiciones, generando congestión y consumiendo recursos (congestión en el servicio de bibliotecas, en el servicio de computadores, hemeroteca, restaurantes); así mismo, en aras de mantener un comportamiento uniforme dentro de las instalaciones de la Universidad, habrá un conjunto de reglas.

¿Por qué las reglas en un bien de uso colectivo?, simplemente tales reglas de juego, en palabras de North (1993), restringirán las conductas individuales que eventualmente, de no estar reguladas, generarían externalidades negativas. Es probable que si no se restringe el consumo de tabaco, el humo de este puede afectar negativamente a quienes valoran poco el humo del cigarrillo. Siendo así, es posible llegar a un acuerdo: establecer un espacio para fumadores, que valoran el tabaco y no sienten negativamente la emanación del humo derivado de su consumo. Del mismo modo es probable que las restricciones en el uso de las instalaciones busquen evitar el abuso de estas y así minimizar externalidades negativas. Es simple, ¿por qué los agentes no involucrados en el consumo de un bien que no valoran lo suficiente deben internalizar los costos causados por esta situación?, lo ideal sería que quien consume, internalice sus costos. Puede ser por el pago de un impuesto, al estilo pigouviano, que compense la externalidad negativa causada o asumiendo que el consumo de este bien sólo se haga en un lugar que disminuya el efecto sobre los otros agentes.

De modo que o bien jurídicamente, algo que ignoro en concreto, o económicamente, exposición que me esfuerzo por hacer, al margen de si la Universidad pública es o no un bien público o una entidad pública con características de bien privado, surge la necesidad de derribar ese argumento sintético, plano y hueco que sugiere que tanto el uso como el abuso son permitidos en aquellos lugares públicos. ¿Por qué no controlar el acceso de vehículos al campus o por qué no hacer un cerramiento de los predios de la Universidad pública?, por la sencilla razón que, si bien es de administración pública, no está exenta de procurar la seguridad de sus trabajadores y estudiantes. La Casa de Nariño es de propiedad pública pero, ¿qué pasa si es de puertas abiertas?, es probable que el Presidente de la República con este medio se acerque al pueblo, pero es probable que un desquiciado entre y lo mate, ¿sería ideal?, lo dudo.

Llama la atención la doble moral de quienes quieren ver en lo público la oportunidad de empoderarse arbitrariamente e imponer sus preferencias (llamémoslos carteles o grupos de interés en potencia). Si su discurso fuera coherente, ¿por qué aceptar el bloqueo de una avenida durante una protesta, bien público en toda su expresión, siendo que afecta a muchos más de los que beneficia dicho bloqueo?: la conducta del dictador, llamo yo, cuando las preferencias de uno o unos pocos se imponen sobre y como las preferencias sociales. Aceptar que bloqueen la calle pero no aceptar que cierren las puertas de la Universidad a quienes sin pertenecer a ella acceden libremente a sus instalaciones es un sin sentido. Tal parece que, como suele suceder, cuando acogemos defender la justicia por fuera de la ley estamos haciendo el más grande acto de injusticia.