Gobernabilidad universitaria y la universidad pública en Colombia

No puede caminar por los pasillos ni visitar los edificios del enorme campus de la Universidad del Valle, en un muy buen vecindario del sur de Cali, ni por la sede de San Fernando, empotrada en el oeste de la capital vallecaucana, ni por ninguna de las ocho sedes regionales de la tercera universidad de Colombia. No lo puede hacer por elementales razones de seguridad: un acto de vandalismo, un hostigamiento o un simple bochorno, como lo han padecido rectores anteriores de este alma mater y otros como la Universidad Nacional. Y es el rector de la Universidad del Valle, una institución con 31 mil estudiantes matriculados. Quizás una muy buena muestra de una tesis en lo absoluto novedosa: a las universidades públicas no las aflige solamente problemas presupuestarios, sino un problema de gobernabilidad sensible y evidente.

Es habitual que existan diferencias entre los planes del Gobierno y los grupos involucrados, como con la reforma a la Ley 30 propuesta en días anteriores, o con iniciativas de la administración autónoma de las universidades del sistema estatal de educación superior, como es el caso en la Universidad del Valle y tantas otras; como es habitual que esas diferencias se surtan por las vías de hecho. Una convocatoria a asamblea estudiantil es una rebelión en su máxima expresión: impiden la normalidad académica, pues los líderes estudiantiles la consideran contraria a la participación democrática, bloquean edificios, impiden la libre movilidad de los docentes y personal administrativo y se imponen como una suerte de tercer estado declarado en desobediencia. Escenas más extremas es cuando amenazan a los docentes o los intimidan en momentos en que, los estudiantes y personajes usualmente encapuchados, ven su seguridad en riesgo.

¿Qué hay detrás de estas manifestaciones?, un deseo legítimo de los estudiantes de formar parte de las discusiones que les incumbe. Es la regla de la democracia: la participación de sus ciudadanos. Sin embargo la democracia prevé una serie de mecanismos que permite la simplificación de la elección social, a través de cuerpos colegiados y la representatividad. Y veamos por qué: suponga que hay tres votantes y tres opciones, representadas por A, B y C. Suponga que el votante 1 prefiere A a B y B a C; el votante 2 prefiere C a A y A a B y, por último, el votante 3 prefiere B a C y C a A. Supongamos que, entre A y B, los votantes 1 y 2 votan a favor de A, por lo que gana esta opción. A continuación tomemos las opciones A y C: los votantes 2 y 3 prefieren C a A, por lo que gana C. Según Stiglitz en su famoso manual de economía pública, C es la elección social, en apariencia, ¿qué pasa entonces?, confrontemos a C y a B y encontramos que tanto el votante 1 y el 3 prefieren B a C. Ahora es, también, preferida B a C. Si B derrota a C y C derrota a A, ¿cómo A derrota a B?, esa denominada paradoja del voto nos sugiere que hay un ciclo indefinido en la votación, una clara contrariedad en la elección social.

Ahí sólo tenemos 3 votantes, pero cada decisión podría traer tantas combinaciones como preferencias individuales existan y así resultará poco probable que se llegue a un acuerdo que refleje las preferencias grupales: imagínese eso en 30 mil o 1 millón de potenciales electores. Así las cosas, los mecanismos de gobierno han buscado a través de la representación simplificar el proceso. De allí que el argumento de los grupos cerrados más radicales del movimiento estudiantil -que han capturado el debate en las grandes universidades- de promover una falsa democracia, como exigir la elección democrática de decanos y rectores, raya en el terreno de lo absurdo. Absurdo por el argumento sencillo teórico que dí anteriormente y porque, ante todo, se desconoce que la universidad es un centro para la ciencia y el conocimiento y no una institución política.

Las asambleas estudiantiles no son escenarios deliberativos, son espacios donde se impone la emotividad y las pasiones más arraigadas en el terreno de lo ideológico. Si el rector de una universidad no puede caminar por los corredores de sus edificios y recorrer sus jardines, existe un problema indudablemente. Si las universidades públicas son expendios inexpugnables de drogas, donde la infiltración del delito hace que los modos de los grupos de presión estudiantil se asemejen más al de bandas delincuenciales, si un grupo de estudiantes se escuda en argumentos livianos -como que los vendedores ambulantes "nutren" a la comunidad universitaria, para justificar su presencia en los campus-, es probable que al problema financiero se le junte ahora un problema de gobernabilidad.

En el nombre de la autonomía universitaria debe promoverse la ciencia, la innovación, la calidad profesional y humana de estudiantes y egresados, pero bajo ninguna circunstancia ser la excusa que legitime lo ilegal, lo insensato y lo insolente. La propuesta de reforma a la Ley 30, por ejemplo, promovida por el presidente Santos, es una oportunidad para el sano ejercicio del debate y el intercambio de ideas. Pero si la actitud de los movimientos estudiantiles sigue estando marcada por el radicalismo y los extremismos violentos, lo que se hará es mandar al traste una oportunidad de inclusión en ese debate. Y una vez más, a causa del pasivismo de unos y de la violencia desmedida de otros, los estudiantes de Colombia serán escuchados, pero sus requerimientos serán ignorados.