El Gran Bazar

En el gran bazar hay dos fuerzas que lo sostienen: una demanda y una oferta. Un comprador que paga un precio y un oferente que lo pone. Un grupo de compradores que orientan sus preferencias hacia un bien y un grupo de oferentes que ajusta su producción a la satisfacción de un conjunto de necesidades. En esencia y sin minucias económicas es este un típico mercado. En palabras insípidas de los economistas, la interacción entre la curva de la oferta y la demanda. Así las cosas, parece que Colombia es un gran bazar donde, como en cualquier intercambio, hay compradores y vendedores que actúan como dos actores en el mercado de la corrupción.

Los escándalos de corrupción en la contratación pública, en el sistema de seguridad social en salud y, en general, en el comportamiento de la administración estatal colombiana permiten pensar que la configuración del Estado colombiano se asemeja más a la de un mercado de dádivas ilegales que han cooptado su funcionamiento y han diezmado su carácter de generador de desarrollo. Es presumible que ese papel que un estado está por naturaleza llamado a desempeñar se encuentre diezmado a causa de la corrupción que en todas las esferas presenta la burocracia colombiana. La decisión del burócrata estará siempre sujeta a su capacidad como vendedor del sector público y la conducta del comprador del sector privado estará enfocada en buscar una alineación de las preferencias del servidor público con las suyas propias.

El gran asunto que pretendo exponer no es a la corrupción como un resultado de unos entornos generosos que son abono que fertiliza cualquier escenario para que surja, ni mucho menos dar una explicación de lo que ya es entendible a grandes rasgos: hay corrupción porque hay un agente corruptor y un agente propenso a ser corrompido. Los corruptores potenciales tienen incentivos perversos que exhiben con facilidad su tentación a incurrir en estas prácticas -recobros al sistema de salud es un elocuente ejemplo de lo que digo- y no cuentan con mecanismos de control ni un sistema de castigos que inhiba a un empresario a acceder a la contratación pública interviniendo directamente en la determinación del tomador de decisiones. Pero a su vez la configuración de los incentivos para los servidores públicos, por excelencia los agentes propensos a la corrupción, residen en la alta propensión que tienen estos para alterar sus decisiones. Es plausible si se considera la brecha entre los salarios del sector privado y los del sector público, significativamente inferiores, unido este fenómeno a un mecanismo de control interno muy incipiente.

Colombia construyó afanosamente un gran bazar de intereses particulares potencialmente distorsivos de los intereses generales. A medida que se reforzó una conducta de cooperación que se prolongó en el tiempo entre los policy makers y los burócratas y el sector privado, en el largo plazo se gestó una conducta oportunista que abarcó todas las jerarquías del Estado y lo cooptó, al punto que muchas veces es común ya imponer una comisión a los contratos públicos para garantizar que los licitantes los ganen. Lo que hoy se ve en el sector de la salud, en la contratación pública de vías y obras de infraestructura, en la manera en que algunos demandantes del subsidio del Agro Ingreso Seguro configuraron sus propiedades para acceder de forma irregular a mayores dineros públicos no reembolsables denota que la corrupción ha logrado crecer en un terreno fértil. De golpe, Colombia se volvió en un gran bazar de favores, delitos y prebendas.