El nuevo acuerdo

El nuevo acuerdo, en la década de 1930, constituyó una revolución en la manera en que los estados gobernaban sus economías y estructuraban la distribución del ingreso entre el mecanismo del mercado y la gestión centralizada de las coberturas sociales. La base de las recetas keynesianas conducían a crear un estado de bienestar, que perduró en Europa y se adaptó de forma intermitente en América. El nuevo acuerdo que hoy se propone es uno que reconoce que la pobreza no se combate exitosamente si se prescinde de las vías de intervención indirectas -crecimiento económico- y de las vías de intervención directas -promoción social-.

De acuerdo con mediciones mucho más modernas de la pobreza, se considera que una familia está en situación de pobreza cuando tiene privación de al menos 5 de las variables tales como educación, niñez y juventud, trabajo, salud, vivienda y servicios públicos, y con 7 o más privaciones, estará en la pobreza extrema. Señala el economista Angus Deaton, citado por el Alto Consejero Presidencial para la Prosperidad, que una persona puede ser pobre a pesar de tener un ingreso, que muchas veces está determinado por transferencias monetarias y subsidios, por lo que no reflejan la capacidad de autodeterminación de las personas. Si bien tendrá ingreso, no tendrá libertad de invertirlo ni podrá considerarlo un resultado de su libre actividad económica.

De modo que esto sirve de referente para establecer que el asunto del ingreso es apenas una de las tantas variables que hacen de la pobreza un problema multidimensional. La medición del ingreso permite la realización de comparaciones entre países o grupos sociales, pero no refleja la realidad de una sociedad que padece la pobreza como fenómeno de exclusión, violencia y ausencia de coberturas sociales. El ingreso no explica otros aspectos críticos para la calidad de vida de las personas, como la acumulación de capital humano, la vivienda o el acceso al agua.

La propuesta del nuevo acuerdo social debe, entonces, apuntar hacia la consolidación de las herramientas de lucha efectiva contra la pobreza. Antes que combatir la desigualdad, mitigar los efectos devastadores de la pobreza y la miseria debe ser prioridad para los gobiernos, las empresas y las organizaciones sociales: garantizar vivienda digna, educación y salud como base para la recuperación del tejido social deben ser esfuerzos y verdaderas políticas multiestamentarias. No obstante, el asunto no se detiene ahí. El crecimiento económico deberá ir acompañado de políticas macro orientadas a la creación de empleos bien remunerados, la acumulación de capital, la eficiencia en el gasto público y la modernización de la maquinaria productiva; pero el asunto debe ir más allá, porque la modernización económica del país no puede ser un objetivo en sí mismo.

El nuevo acuerdo debe procurar la modernidad de la sociedad colombiana y mientras el 40% de la población viva bajo la línea de pobreza este, el verdadero y más preciado objetivo, no será más que una quimera. Millones aguardan soluciones reales y no imágenes mentales de aquello que podría ser. La modernización del ejercicio de la política, del gobierno de las empresas y de las costumbres segregacionistas colombianas estarán determinadas por una iniciativa sincera y que proceda de lo más profundo de las convicciones de aquellos que han entendido que un país se construye con mucho más que buenas intenciones. Es fundamental que las nuevas generaciones consideren como eventos colectivamente exhaustivos formarse en la academia y enfocar sus esfuerzos hacia la inclusión social y la transferencia de conocimiento y trabajo, para lo cual el fomento del voluntariado, de la responsabilidad social empresarial y el diseño de políticas públicas de promoción social resultan pilares para llegar a este objetivo.