La importancia de lo local

Se aproximan las elecciones regionales y aparecen en escena los engranajes con que el sistema político colombiano opera en la esfera local. Rara vez, excepto para las elecciones del Alcalde Mayor de Bogotá, las elecciones locales despiertan demasiado entusiasmo entre la opinión pública. Quizás esa ausencia de entusiasmo radica en una histórica percepción que asume a los gobiernos locales como menores de edad sin capacidad de incidir en las condiciones socioeconómicas de su comunidad o como entidades subyugadas al orden nacional. No obstante, lo curioso del asunto está en que los municipios y entes territoriales fueron concebidos como instrumento para aumentar la eficacia prestacional de un Estado que no lo consigue todo ni puede hacerlo así fuera su noble propósito.

En el debate de los candidatos a la Alcaldía de Bogotá emergió anoche un concepto interesante: las ciudades deben ser competitivas para procurarse un crecimiento económico elevado y sostenido, con repercusiones en el mercado laboral local, en el ingreso y finalmente en el bienestar de la comunidad. El crecimiento económico ha sido un tema históricamente de los gobiernos nacionales y, por consiguiente, ha estado generalmente ausente de las políticas públicas locales. Y es que la competitividad merece un capítulo especialmente relevante en tiempos de globalización e integración entre los mercados: los gobiernos locales juegan un papel importante en la medida en que facilitan una mejor comprensión del proceso globalizador (sensibilidad de escala).

Sin embargo en Colombia los retos de los gobiernos locales son mayores. En la política regional residen los mayores vicios y es el ejercicio político en el nivel local el más vulnerable a los ataques de las tiranías regionales, la corrupción y la negligencia administrativa. A grandes rasgos, en Colombia las regiones con mayores necesidades básicas insatisfechas encuentran que estas tienen una fuerte correlación con los niveles de corrupción y malos manejos de los recursos fiscales. Difícilmente una ciudad podría ser competitiva en la medida en que los recursos de la educación, la salud o la infraestructura tengan destinos diferentes para beneficio privado. Adicionalmente, en Colombia son pocas las ciudades y regiones con capacidad moderada de darse un autogobierno, lo que implica que la mayoría de los departamentos y municipios se autoadministran y por tanto se erige así una relación entre agente y principal con el gobierno nacional: en gran medida, los entes territoriales ejecutan recursos que les son transferidos desde un nivel de administración superior. En muchas ocasiones la falta de monitoreo, los altos costos de la información o la incapacidad de un gobierno central genera incentivos para que los recursos provenientes del tesoro nacional no se gasten de la manera especificada, acompañados de un desinterés a menudo palpable de parte de los electores la mayor parte del tiempo (en Bogotá la gente percibió lo corrupto del sistema de contratación pública cuando la movilidad colapsó por la lentitud en el progreso de las obras civiles.)

Pero en el marco de la descentralización en Colombia existe hoy día la posibilidad de pensar en unas regiones más facultadas para dictar su propia senda de desarrollo. Conviene devolverle a los gobiernos locales toda la importancia que merecen en la misma manera que son actores de primer orden en la búsqueda del bienestar de una región: generalmente definen y/o ejecutan la política de uso de suelos, la oferta de bienes públicos como la educación, la salud, servicios públicos como acueducto y alcantarillado, seguridad ciudadana y la administración de importantes tributos. Estos revisten a las alcaldías y gobernaciones de un gran poder para intervenir en la sociedad que los ciudadanos no deben subestimar en esta época de campaña.