Andrés Felipe Galindo

La protesta es un derecho que toda democracia debe conceder a sus ciudadanos. En gran medida, tranquiliza saber que en Colombia la movilización y la oposición manifiesta a iniciativas de origen gubernamental es permitida, aunque los más radicales consideren que la autoridad policial que restringe los excesos cometidos en las manifestaciones masivas es un ataque a las libertades individuales. Pero eso sería otro tema. Creo que en el fondo es necesario sostener con sólidos argumentos los motivos por los cuales el paro de los estudiantes que protestan contra el proyecto de reforma a la Ley 30 merece una reprobación, aún cuando los motivos que generan la indignación sean loables. Finalmente, una cosa es defender la postura de educación superior gratuita y de calidad y otra cosa es oponerse a los bloqueos viales, a los actos vandálicos y la manipulación de la información de forma tendenciosa. El paro se me asemeja a la protesta que la familia del enfermo hace por la atención negligente

En la lógica de la ganancia, todo tipo de negocio es válido. Hace ya casi cuatro años estalló la peor crisis económica desde La Gran Depresión de los años treinta, como muestra elocuente del desgaste de la receta que el nuevo liberalismo económico, en adelante neoliberalismo, presenta. Los resultados de ese sombrío binomio entre beneficios de corto plazo y una excesiva acumulación de riesgos de largo plazo no fueron menos que desoladores: deudores que no pudieron cumplir con sus obligaciones financieras, adquiridas con pocas condiciones; bancos que perdieron los ahorros de sus clientes al no recuperar sus carteras vencidas; empresarios que encontraron iliquidez en los mercados financieros y restricción para acceder al crédito; una demanda contraída y unos gobiernos que debieron incrementar su gasto para salvar a las economías de sus países con consecuencias hoy desastrosas: las arcas públicas se endeudaron por encima de sus capacidades, hoy amenazan con una cesación de pagos que tiene

El discurso de la corriente principal del gobierno económico ha afirmado con gran vehemencia la existencia de un orden puro, perfecto e inefable por las palabras que ha caído en una finura abstracta y ha quedado corta para reaccionar con certeza y pertinencia a los desafíos de las sociedades globales. La actual crisis económica que afronta el mundo desarrollado y las espectaculares brechas sociales en los países emergentes no logran ser explicadas más allá de lo que permite la formulación de modelos simplificados de la realidad: todo se halla centrado en la concepción estrecha de la razón y su dominio sobre los mercados y el deseo incontenible de medirlo todo -lo cual no es justificación de demérito- al costo de renunciar a la búsqueda de soluciones concretas a males cada vez más evidentes, lo que sí resulta reprochable. La noción del capitalismo sustentado en el discurso neoliberal ha logrado que la lógica del funcionamiento de las economías esté totalmente entregada a la visión walr

La experiencia acumulada por años ha demostrado que los pobres extremos difícilmente podrán superar las condiciones que le impone la indigencia sin una estrategia que necesariamente debe vincular al aparato estatal. Son las trampas de la pobreza esas minas que destruyen y contrarrestan los esfuerzos propios de las familias y condena a que, generación tras generación, la indigencia se prolongue indefinidamente en un horizonte de tiempo. Bajo ninguna circunstancia países como Brasil o Chile han logrado una mejora en las coberturas sociales, reducción de los indicadores de pobreza y mejora en el ingreso de las familias sin la participación del Estado y sin la formulación de estrategias integrales focalizadas en ciertos núcleos de la población más vulnerable y que están definidas por un proceso previo de identificación de las variables que determinan la pobreza de una familia. En la actualidad, gobiernos como el de Brasil y Colombia le apuestan a iniciativas que abandonan las viejas p