País de Hampones

Los juicios que sobre la ética pública se hacen en la calle tienden a ser los más temerarios pero, a menudo pienso, son los más acertados. Que Colombia es un país de hampones es una de las perlas más lapidarias que he oído pero, a la luz de muchos hechos, no dudo que si este no es un país de hampones, por lo menos parece tener más ladrones que el promedio. Entre 182 países, Colombia ocupa el puesto 80, a 102 escalones de Somalia, considerado el país más corrupto por parte de Transparencia Internacional, pero bastante atrás de los primeros lugares. De un puntaje posible de 1 a 10, Nueva Zelanda obtiene el 9.5 mientras Colombia obtiene un 3.4 y Somalia un 1. Si en el escalafón en términos relativos no estamos atrás, en puntuación obtenida estamos muy debajo de obtener una calificación tranquilizadora. Más aún, al ver el listado de los 20 países que encabezan la lista hice un ejercicio sencillo: tomar de forma aleatoria 5 países como muestra y contrastarlos con su nivel de renta y calidad de vida. Encontré a Noruega, Canadá, Austria, Reino Unido y Japón. En su mayoría, salvo Barbados, tienen rentas per cápita superiores  a los 25 mil dólares. Entre esos 20 no encontré a ninguno en América Latina. En el puesto 22 encontré a Chile, por encima de la misma Francia que se ubica en el lugar 25 y, sorprendentemente, encontré a una España en el puesto 31 con un puntaje del 6.2 e Italia en un discreto puesto 69, con un 3.9. Si bien no existe una relación lineal entre posición en el escalafón y renta per cápita, sí es claro que los países más transparentes tienen los mejores estándares de vida. 

La corrupción ha tratado de ser definida en diferentes ámbitos, especialmente en la ciencia económica. En 1966, Bailey la define como el mal uso de la autoridad derivado de consideraciones personales. Dicho de otro modo, es el uso de una posición de privilegio que usa de forma desviada para satisfacer su beneficio personal. Eso deja claro que muchas veces la corrupción trasciende más allá de la cacería de rentas y busca la acumulación de poder e influencia por parte de un individuo o de un grupo de interés. En el plano teórico se trabajó usualmente a la corrupción como un asunto propio del sector público, dejando una sensación de estar lavando los pecados de turbiedad en la gestión del sector privado. A diferencia del sector público, muchas conductas irregulares del sector privado pueden o no tener efectos sobre la sociedad. Por ejemplo, cuando indebidamente un grupo de empresas conciertan un alza en los precios que afecta negativamente el poder de compra de los consumidores. Claro, esto desde un punto de vista ético es turbio, se gesta de forma truculenta y no de cara a la opinión pública. Pero puede haber expresiones puras de corrupción que no generan externalidades en la sociedad, como dar una propina al guardia del edificio donde trabaja la esposa de uno para que informe de sus movimientos o revender una boleta de un partido de fútbol a un precio mayor del precio oficial de venta. Es posible que en el tema de la colusión el Estado pueda generar los incentivos para prevenirla o sancionarla, a través de mecanismos de regulación de mercados. En el tema de las transferencias de rentas entre agentes privados es posible que una sociedad establezca la estructura institucional necesaria que configure los incentivos para actuar de manera proba en el ambiente de negocios y en las relaciones entre los agentes.

Colombia, dice un informe recientemente publicado en medios de comunición, pierde al año 9 billones de pesos (algo así como cinco millardos de dólares) por asuntos relacionados con la corrupción. Hay que hacer un contraste necesario: hablamos de corrupción como un acto voluntario que vincula a una parte corruptora y a una susceptible de ser corrompida. Por ejemplo, un funcionario corrupto que captura rentas en una agencia del Estado cobrará una comisión por adjudicar un contrato aprovechando que seguramente el empresario participante de la licitación está dispuesto a quedarse con el contrato, siempre que el beneficio sea mayor que el costo de ofrecer la dádiva. No cuenta el ladrón o la banda de delincuentes que a diario roban de forma descarada a peatones en la Carrera 10 con Calle 19, en pleno centro de Bogotá. Allí la corrupción sería, quizás, que estos criminales actúen bajo complicidad o anuencia de una autoridad o individuo que reciba una renta de la banda delincuencial por permitir o ignorar su acción. 

Sin duda la corrupción surge de entornos generosos, como lo escribí un par de años atrás. La estructura institucional de la sociedad privilegia conductas que permitan a los agentes obtener ventajas de un ambiente específico. Por ejemplo, la excesiva burocracia, los obstáculos para acceder a la contratación con el Estado o lo engorroso de ciertos trámites, que en general es una excesiva e incorrecta regulación estatal, es un poderoso incentivo para que los funcionarios al servicio público busquen captar cuasi-rentas producto del deseo de los agentes privados, empresas o individuos con intereses en juego, de reducir el costo de transar con el Estado y que están dispuestos a pagar por evitar todo el intrincado proceso regulatorio. De la misma forma que una persona está dispuesta a pagar por ganar puestos en una fila cuando su tiempo tiene un alto costo. Pero, claro, este argumento no está completo. No necesariamente una empresa paga por evitar el trámite burocrático: muchas veces las empresas pagan porque un ambiente de corrupción conviene para incrementar sus rentas, ganar mercado y así suplir su incapacidad de competir limpitamente en ese mismo mercado. Piense que los Nule, por ejemplo, no constituían el grupo más eficiente, pero si querían ganar un contrato y posición en el aún limitado mundo de las obras civiles debían hacerlo por el camino que supliera su incapacidad.

La corrupción es difícil ponerla como una variable en un modelo de desarrollo. Pero existiría un consenso respecto a las implicaciones que tiene considerarla. Un escenario corrupto como el colombiano, por ejemplo, privilegia el derroche, la desviación de fondos y plantea una perturbación seria a la política económica que se verá reflejada en la asignación de recursos, con impacto en el sistema de salud, en la justicia, en la educación, en la vivienda, entre otros beneficios sociales o en la ejecución de obras públicas. Bastaría ver que una obra de importancia como la autopista entre Bogotá y Girardot, que lleva más de tres años de retraso, le ha costado al país un cantidad de dinero suficiente para emprender otra obra de similar magnitud. La corrupción es un nudo difícil de deshacer, dado el valor de los intereses individuales que se configuran en el juego económico entre empresas y, especialmente, entre los agentes privados y el sector público. Si Colombia es un país de hampones no es por nada diferente a su propia creación: generosidad con aquel que opta por el atajo. Finalmente la corrupción implica voluntad para su existencia, que dos partes lo encuentren beneficiosa.