Cantos de sirena

Recientemente circuló por las redes sociales una infografía que desglosaba algunos de los principales componentes del gasto militar. El público lo tomó con indignación, como era previsible, al suponer que el gasto militar representa un costo de oportunidad inaceptable: un peso que va a financiar la defensa nacional es un peso menos a la salud, la educación o la atención a los más pobres. Es decir, la mejor opción que deja de tomarse por financiar el funcionamiento de la flota de aviones, helicópteros o dotar apropiadamente a los soldados es atender a un enfermo de gravedad en un hospital. De alguna manera es cierto, pero a priori, al contextualizar el caso colombiano, podríamos ver que no lo es tanto.

Hace un par de años, en una exposición que realicé a estudiantes del curso de Política Fiscal de la Universidad del Valle, señalé que el Gasto en Defensa y Seguridad en Colombia es alto, ocupa una importante fracción del presupuesto nacional y ese aumento ha tenido de alguna forma una presumible relación inversa con la ocurrencia de ataques de parte de los grupos armados, es decir, como aumentó el gasto en este frente se redujeron los ataques de las guerrillas. Sin embargo, insistiré, es presumible. Desde 1990 el Gasto militar ha estado en incremento constante, alimentado desde el año 2000 por los recursos provenientes de la cooperación de los Estados Unidos en el marco del Plan Colombia. Pronto el país se ubicó en el segundo lugar en América Latina en la proporción que del PIB se destina al mantenimiento del aparato militar de la nación. Entre 1994 y 2008 se duplicó el pie de fuerza y entre 1990 y 2008 el gasto militar se triplicó. En este periodo el pie de fuerza de los grupos armados ilegales más representativos se redujo a la mitad y, especialmente, entre 2002 y 2010 los ataques contra la infraestructura, la población civil y las instituciones del Estado cayeron a mínimos históricos. La tendencia es que al crecimiento del Gasto en Defensa, la reducción de la capacidad de los grupos armados ilegales se ha reducido. Pero al detenerse en el análisis de ese gasto, uno descubre que, por ejemplo, los gastos de funcionamiento del Ejército Nacional son 3 veces superiores a los gastos de inversión: es decir, el Estado gasta más en salarios, nóminas, mantenimiento, combustibles y bonificaciones que en armamento y tecnología.

En ese sentido, la discusión no debería enfocarse a si el Gasto debe aumentarse o reducirse, el asunto debería ser si realmente el gasto es eficiente o cómo se gastan esos millonarios recursos. Finalmente al asignarse recursos para el sector de la defensa nacional se espera la provisión óptima de seguridad para la población. Un gasto adecuado debería verse reflejado en mejores condiciones para la actividad económica en general y el fortalecimiento institucional, más en un país como Colombia donde los asuntos de seguridad y orden público muchas veces dependen de muchos actores: guerrillas, delincuencia común, bandas narcotraficantes, contrabandistas, piratas terrestres, entre otros. La reducción del gasto militar no debe ser una consecuencia inmediata de un eventual proceso de paz exitoso: es más, no es que no deba, es que sencillamente no puede. La experiencia en países centroamericanos, por ejemplo, demuestra que aún en la etapa del posconflicto, el gasto militar no debe reducirse: en efecto, estos países vencieron los grupos armados que amenazaban la democracia, pero hoy enfrentan un delicado problema de seguridad urbana. Un escenario no muy lejano de lo que pudiera ocurrir en Colombia.

Lo que debe considerarse no es la reducción del gasto militar. De alguna manera lo que debe procurarse es hacer las reformas necesarias para que el gasto sea más eficiente: reducción de personal y más inversión en tecnología, por ejemplo, puede ser una alternativa que reduzca la inmensa carga laboral. El conflicto debe terminarse, pero eso no traerá consigo como mayor recompensa la reducción del gasto en defensa que permita transferir recursos a otros rubros. El conflicto incide notablemente en el dinamismo de la economía, a través de la destrucción del capital y la cooptación de las instituciones, especialmente en los entornos locales. Es allí donde realmente se pierden cuantiosos recursos para el desarrollo de Colombia. Reducir el gasto militar en este país es ceder a los cantos de sirena.