Tierras y pobreza: el final del conflicto inicia en el campo
El panorama rural de Colombia es
bastante desalentador desde hace más de cuarenta años. Quizás el abandono del
campo pudiera obedecer a un proceso de urbanización que ha hecho de Colombia un
país de ciudades. Sin embargo el campo colombiano representa el 94% del
territorio nacional, mientras se estima que un 32% de la población total de
Colombia está ahí. Y es que definitivamente la tierra tiene que ser un asunto
de gran importancia si desde finales de la década de 1950 el desplazamiento de
los pequeños propietarios de tierra, especialmente en la Costa Atlántica, ha
sido una situación constante producto de conflictos e intereses antagónicos.
Desplazamiento en beneficio de grandes terratenientes y simiente de buena parte
de los conflictos armados de los últimos años. El panorama del campo parece más
elocuente a la luz de las cifras, que dan cuenta de este fenómeno social que ha
marcado buena parte de la Historia colombiana. El coeficiente de Gini de
tierras indica que desde hace cuatro décadas la tierra en Colombia está cada
vez en menos manos, pasando de un 0.74 a un 0.88 (Ibañez y Muñoz, 2011). Córdoba
y Caquetá aparecen como los departamentos con la mayor concentración de la
tierra junto a Antioquia y Valle.
El acuerdo preliminar alcanzado en el
tema de tierras entre el Gobierno colombiano y las FARC en La Habana no puede
ser visto como un hecho aislado y coyuntural y más bien debería ser visto como
parte de un proceso histórico. En definitiva, es una señal de la necesidad de
profundizar en verdaderas reformas que apunten a devolverle dinamismo al campo
colombiano, en su mayoría sin explotación económica, sin títulos de propiedad y
en otros casos despojados a la fuerza de sus propietarios originales. Se estima
que el 15% de la superficie agrícola del país fue arrebatada por la fuerza de
las armas (Semana, 2012). En ese sentido, no se puede concebir que la agricultura
emerja como motor de desarrollo y del crecimiento económico cuando producto de
estas adversidades se han vulnerado los derechos de propiedad y se ha afectado
la acción del Estado, representada esta en últimas en la provisión de bienes
públicos como la educación, la salud, las vías y la seguridad. Definitivamente
la informalidad en la propiedad de la tierra y la incapacidad estatal de poner
a funcionar la maquinaria agrícola hacen que el país viva muy por debajo de la
frontera agrícola[1].
A su vez, un conflicto que deja más de 5 millones de víctimas, muchas de ellas
relacionadas con las disputas por la posesión y propiedad de la tierra, es
improbable que permita a un país cerrar la preocupante brecha entre la ciudad y
el campo, que se ve reflejada en la proliferación de asentamientos irregulares
en las grandes ciudades y una mayor incidencia de pobreza extrema entre los
desplazados.
Las estadísticas suministradas por el
DANE permiten identificar algunos rasgos preocupantes de la situación social en
las zonas rurales, entre los que se destaca una incipiente cobertura en
servicios públicos domiciliarios, restricciones al acceso a la vivienda e
ingresos per cápita que pueden ser significativamente inferiores a los que se
gana en promedio en las ciudades. De nuevo, es la marcada desigualdad un sello que ha representado a la
sociedad colombiana a lo largo de su historia. Las instituciones políticas y
económicas del país han dado soporte al carácter elitista y extractivo de los
grupos sociales más fuertes, especialmente aquellos descendientes de los
hacendados españoles, dueños de hectáreas y esclavos por derecho real durante
la Colonia, que además no dudaron en usar su mayor poder para quedarse con las
zonas más fértiles, menos agrestes y con mejor conexión con el resto del país y
los puertos en el mar. No es casualidad que los antiguos esclavos traídos de
África y los indígenas hayan sido confinados a la periferia del país, en zonas
selváticas, como la región Pacífica y los departamentos de la Amazonía y Orinoquía.
El rasgo colonial español de la hacienda servirá de modelo que prevalece
incluso hasta nuestros días y esta figura implica la existencia de una clase
dominante latifundista a la cabeza de la producción (Charry, 2002).
Fue ya durante los albores del siglo
XX cuando las tensiones entre liberales y conservadores crisparon los ánimos,
ya exacerbados, en la zona rural. Durante la primera mitad del siglo, la
propiedad de la tierra tuvo como color el del partido dominante, normalmente
con la protección de las autoridades y de los grupos armados partidistas. Estos
fenómenos fueron especialmente fuertes durante los primeros años del Frente
Nacional en la Costa Atlántica colombiana; no obstante, ha sido la marcada
debilidad del Estado y su incipiente capacidad de proteger los derechos de
propiedad de los campesinos frente a los abusos de la avidez de oscuros
terratenientes los que exacerbaron los ánimos y sirvieron de caldo de cultivo
para la aparición de grupos guerrilleros, primero, y luego forzar la presencia
de las Autodefensas. Y es que las reformas agrarias impulsadas por el Gobierno
en el siglo XX apenas lograron titularizar una pequeña fracción de las tierras mientras
porcentajes mayores eran arrebatados por caciques regionales con apoyo de
grandes ejércitos irregulares. La frustración fue grande cuando del casi millón
de familias inscritas para recibir sus títulos, sólo un poco más del 10%
recibió el anhelado reconocimiento del Gobierno de Lleras Camargo. En ese
periodo y hasta hoy, las grandes extensiones privadas de tierra aumentaron en
un 59% (Reyes, 1987).
La actual estructura de propiedad de
la tierra en Colombia es la suma de diferentes sucesos que han definido su
carácter desigual, de hecho es una falencia histórica de las estructuras de
gobernación de la sociedad colombiana y hoy se cosechan los resultados de una
debilidad institucional que no ha impedido el conflicto de intereses
antagónicos. La aparición de grupos armados ilegales con fuerte influencia en
el sector rural es la respuesta a esa baja capacidad de centralización, en los
términos de Acemoglu y Robinson (2012), del Estado colombiano. Este es un
fenómeno que se consolidó con el siglo
XX pero que puede vislumbrarse desde los primeros años de la República, en el
siglo XIX. La existencia de una pobreza crónica y de la baja productividad del
sector agrícola es una consecuencia ineludible de esquivas y erráticas
políticas públicas que no lograron proveer satisfactoriamente bienes públicos
indispensables, tales como vías, educación, salud y servicios públicos, así
como reducir los efectos de fallos protuberantes de los mercados, que han
impuesto fuertes barreras para el acceso al crédito, la tecnología y que impone
altos costos de transacción a los productores de bienes agrícolas. Desde una perspectiva
más compleja, en el horizonte la política de desconcentración de tierras sería
apenas una de tantas conquistas requeridas para equilibrar la balanza entre el
campo y la ciudad. Si tomamos el acuerdo preliminar logrado entre las partes
beligerantes en La Habana como un punto relevante en la turbulenta historia nacional,
podríamos concluir que buena parte de las razones de los más de cuarenta años
de conflicto armado han tenido un origen en la forma en que la tierra se ha
repartido. Como lo recuerda a los colombianos una frase inmortal del brillante
economista británico Henry George: "¿Cómo se puede decir a un
hombre que tiene una patria cuando no tiene derecho a una sola pulgada de su
suelo?"
Bibliografía
Acemoglu, Daron y James A.
Robinson, (2012), Por qué fracasan los
países, Deusto, Colombia.
Charry, Juan Manuel, (2002),
La propiedad en el siglo XX. Nuevas
concepciones: subsuelo, función social, preservación ecológica. Revista
Credencial, Edición 149.
Ibañez, Ana María y Juan Carlos Muñoz, La persistencia
de la concentración de la tierra en Colombia: ¿qué pasó entre 2000 y 2010?,
Notas de Política No 9, Agosto de 2011.
Los Pilares olvidados de la
tierra, (2012), Revista Semana. Recuperado de http://www.semana.com/especiales/pilares-tierra/index.html
Reyes Posada,
Alejandro, (1987), La
Violencia y el Problema Agrario en Colombia. http://168.96.200.17/ar/libros/colombia/assets/own/analisis%20politico%2002.pdf
Revista Análisis Político NÚMERO 02 Septiembre/Diciembre de 1987 http://www.lablaa.org/blaavirtual/analisispolitico/ap2.pdf
Revista Análisis Político NÚMERO 02 Septiembre/Diciembre de 1987 http://www.lablaa.org/blaavirtual/analisispolitico/ap2.pdf
[1] La
noción de frontera agrícola supone la existencia de un límite entre las tierras
económicamente explotadas y las tierras cuyo potencial se encuentra intacto.
Comentarios