La rebelión de las ratas

La obra de Soto Aparicio podría encajar perfecto en las insurrecciones populares que a menudo su suscitan en regiones del país usualmente aisladas, con abundancia de recursos naturales y sin mucha autoridad del Estado. La historia de Timbalí, el ficticio municipio boyacense donde se desarrolla la historia de los campesinos que son desplazados por la minería extractiva, podría ser la misma del Catatumbo, con la diferencia que en el pueblo de la novela colombiana popular en los años 1990 no existía una mano negra como las bandas armadas ni el oportunismo propio de la política. El Catatumbo es una región históricamente llena de complejidades. Tal y como ocurre con otras regiones del país, ha estado marcada por el aislamiento físico y político, expresado por infraestructuras precarias y una turbia y débil presencia del Estado. Lo que ocurre hoy en esta zona del oriente del país no es más que la acumulación de sucesos y un cruce divergente de intereses, sobra repetir que en conflicto.

Durante años ha sido el fortín de economías extractivas. El petróleo a principios del siglo XX y durante los siguientes años, sumada a la explotación carbonífera y la consolidación de poderosos intereses en una minería ilegal en expansión y cada vez más común. Y como los entornos generosos de la ilegalidad suelen ser tan fértiles para la gestación de más flagelos, apareció la maldición de los cultivos ilícitos, la corrupción y el narcotráfico que vio en esta región un corredor natural hacia Venezuela y el resto del mundo. Una tierra rica, fértil y productiva arada por manos miserables, población sometida a la pobreza, el olvido y el abandono, sin hospitales, colegios ni vías suficientes y adecuadas. Tal riqueza que brota de las tierras se la han peleado diversos bandos: entre 1980 y 1999, las FARC fueron amas y señoras de esta región, junto a otros grupos armados de izquierda; entre 1999 y 20404 ingresaron con firmeza las Autodefensas campesinas, que usurparon el lugar histórico de las guerrillas marxistas e instauraron un régimen del terror (otro, en realidad, pero de extrema derecha), y aprovecharon el potencial económico de la región más importante del Norte de Santander para hacerse con esas rentas. En 2004, luego del proceso de paz con las Autodefensas, estos ejércitos abandonaron la confrontación directa y el Estado, como suele ocurrir, reaccionó lentamente y en poco tiempo las Farc habían ocupado los vacíos dejados.

El conflicto, la pobreza y la incertidumbre forman parte integral de la historia del Catatumbo, tanto como la incapacidad del Estado de mantener su presencia. Y es que uno de los grandes desafíos de esta región es que se ha asentado sobre la existencia de la ilegalidad como mecanismo de subsistencia, especialmente en los cultivos ilícitos. Cada instante que la lentitud del Estado colombiano impedía la llegada de medidas de fomento al desarrollo sostenible en el futuro, caía más abono para el establecimiento de economías subterráneas muy rentables. A pesar que el Catatumbo no salió de la pobreza, como era de esperarse en un modelo de economía ilegal, la percepción de prosperidad y la mano dura de los poderosos se convertirían en el peor enemigo de cualquier acción que estableciese el Estado. Simplemente entrarían en conflicto intereses antagonistas, tan simple como saber que si un campesino recibe mayor compensación por cultivar y cosechar hoja de coca en lugar de cacao o plátano, no dudará en elegir la que le reporte mayor beneficio. Y en un contexto de necesidades insatisfechas este criterio no tomará en consideración ningún tipo de aforismo moral o ético. Esto sumado a una crisis humanitaria de aquellos que, como suele pasar en estos fenómenos, pierden sus tierras y posesiones y deben huir desplazados. 

En últimas, el Gobierno afronta el alto costo de pagar una deuda que ha generado intereses que la hacen prohibitiva. El paro actual, con motivaciones que posiblemente no hayamos terminado de comprender, es una muestra que ya los intereses de los pobladores de la zona están lejos de los del Estado colombiano y llegar a acuerdos será todo un proceso de cesiones y concesiones mutuas. Muestra de ello es que parte de las exigencias de los campesinos es que se suspendan las erradicaciones de cultivos ilícitos, justamente en parte causantes de la violencia desenfrenada que ha terminado de exacerbar la crisis en las últimas décadas. Es plausible pensar que detrás de esa economía ilegal del Catatumbo existan poderosos grupos de interés, algunos alzados en armas, dispuestos a ir a la guerra si fuera necesario. No me reservo señalamientos y no dudo que Farc y grupos radicales y hasta delincuenciales están detrás de las movilizaciones del Catatumbo. El tema es que en un entorno generoso como el de esta región del país no puede estar explicado por nada diferente a abandono y olvido y esos costos debemos pagarlos como sociedad.