Mirafloresnomics: el fracaso de la Revolución

¿Por qué fracasó la Revolución bolivariana en Venezuela? ¿Por qué Venezuela está polarizada? Es probable que asistamos al epílogo de la aventura revolucionaria en América Latina, cuando el modelo socialista alternativo impulsado desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, muestra señales de un deterioro irreversible. El gran error del socialismo del siglo XXI fue haber destruido la iniciativa privada, lo que se ha traducido en una escasez de bienes de consumo masivo; pero por otro lado, el carácter autoritario ha suprimido la pluralidad en el ejercicio de la política, lo cual ciertamente ha terminado por exasperar los ánimos de quienes se sienten relegados de la toma de decisiones de políticas públicas.

La Economía venezolana en buena medida ha estado sustentada por una política fiscal expansiva: a buenos precios del petróleo en el mercado internacional, los ingresos fiscales del Estado permitían mantener los acuerdos sociales. En un escenario más ortodoxo, se esperaría que los acuerdos sociales estuviesen alineados con los pactos fiscales, que en últimas soportarían a los primeros y en ese contexto se podría propiciar la estabilidad macroeconómica y el crecimiento. Entre otras razones porque daría sostenibilidad a las políticas económicas y sociales de largo plazo. El boom petrolero no fue aprovechado como el soporte de acuerdos sociales en el marco de un pacto fiscal sino como soporte de un control hegemónico, lo cual supuso la prociclicidad de la política fiscal con ese boom. En otras palabras, un Estado que gasta a manos llenas cuando hay abundancia de ingresos y un Estado que restringe su gasto cuando los ingresos caen, sumado al agravante de una fuerte centralización y un evidente control absoluto y poco transparente de las finanzas públicas, sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas. Es entonces visible que aquello que ha dado sustento a la Revolución sea ahora, en buena medida, su propia condenación. 

Las coyunturas no son alentadoras para la economía venezolana: el gasto público crece mucho más que la actividad económica, lo que disminuye el margen de maniobra de una política fiscal expansiva. Los servicios gubernamentales y el comercio, movido por las transferencias del Gobierno, han mantenido un relativo buen ritmo mientras que sectores que dependen de la inversión pública como la construcción, que además generan empleo, retrocedieron. Por otro lado, la incertidumbre y la inseguridad jurídica ha impactado de forma negativa en la iniciativa privada, hoy día replegada. Y hay algo que no es un secreto en Economía: el gasto público no puede mover a todos los sectores productivos, que requieren inevitablemente al sector privado para hacerlo. Sumado a que la burocratización del Estado venezolano impone altos costos de transacción, como por ejemplo el elevado costo de acceder a divisas, que entorpece el intercambio comercial con otros países como Colombia. Tal cantidad de controles y restricciones ha impuesto una drástica escasez de oferta, que se suple con importaciones. Sin embargo ahí hay otro cuello de botella: el consumo crece menos cada vez, las importaciones se incrementan muy poco, puesto que simplemente no hay divisas para ir a los mercados internacionales, por lo tanto es el sector público el que suele traer los insumos y los bienes escasos al país. 

¿Y en dónde entran los estudiantes venezolanos desplegados en las calles?, en que sumado a un modelo económico desgastado e inviable, el régimen han socavado la pluralidad, esencial para el progreso de una sociedad. La capacidad de participar en política, en la toma de decisiones y en la elección libre de sus representantes es parte de los incentivos del desarrollo, en la medida en que una de las guías esenciales de la elección individual es la capacidad de involucrarse de forma libre en la acción colectiva. El problema hoy día es que el control hegemónico del partido gobernante en Venezuela ha puesto cada vez mayores obstáculos para la oposición política, ha politizado a la fuerza pública y ha reducido ostensiblemente la calidad de las instituciones del Estado. Una ciudadanía que perdió la confianza en el Estado y cuyos derechos esenciales, como tener bienes y servicios suficientes para satisfacer sus necesidades, se encuentran en entredicho, es normal que reaccione contra una situación que confirma el fracaso de la Revolución.