El 1% de Colombia

En medio del pobre debate electoral en Colombia, la reducción de la desigualdad en el país no ha visto la luz entre las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República, más bien enfocados en la macroeconomía. A nivel macroeconómico el asunto pinta bien para Colombia: el crecimiento del PIB supera el 4% y muestra signos favorables para una convergencia con el PIB potencial en 2014 y 2015; la inversión extranjera llega a un 27,5% del PIB, una cifra sin precedentes; el Índice de Precios al Consumidor se encuentra por debajo del 2%, lo cual sin duda es benévolo con el bolsillo de los consumidores; el balance fiscal del Sector Público Consolidado y del Gobierno Nacional Central registra un déficit significativamente bajo, del 1% y del 2,3%, respectivamente; el recaudo tributario sugiere niveles inusuales de ingresos fiscales para el Estado colombiano y así, entre indicador e indicador podríamos decir que en el plano macroeconómico el país ha hecho bien la tarea. Sin embargo la desigualdad persiste. Veamos cómo una disparidad regional describe con elocuencia este fenómeno: a nivel nacional, el ingreso per cápita promedio de la unidad de gasto fue de $500.531 en 2012; en Bogotá este ingreso fue de $857.103 y el de Chocó fue de ¡$227.493!. No se necesita ser un economista muy brillante para entender que la buena salud de la economía colombiana no se traduce necesariamente en una repartición equilibrada de la riqueza ni que todos los ciudadanos se benefician de ella. 

Según un estudio de un par de estudiantes de la Universidad de los Andes, en Colombia el 1% más rico de la población cuenta con el 20% de la riqueza generada del país. La desigualdad tiende a ser mayor cuando el régimen tributario del país no es especialmente progresivo: aún los impuestos en Colombia son muy bajos, especialmente con los dueños del capital, mientras presenta un interesante incremento de las cargas tributarias de los trabajadores dependientes e independientes. El coeficiente de Gini muestra un panorama muy llamativo: a nivel nacional, este indicador se situó en el 0.539, aunque en el Chocó ese indicador era del 0.616 mientras en Atlántico el registro indica 0,464. La gran acogida de la obra del economista francés Thomas Piketty pone sobre el debate académico y político a nivel global cómo el sistema capitalista, muy pertinente para la generación de la riqueza, palidece cuando se trata de distribuirla de una forma apropiada. Tal y como lo propone el autor del best-seller, una de las estrategias más adecuadas para reducir la desigualdad creciente proviene de la imposición de impuestos al capital. La lógica es simple: la remuneración del capital crece a tasas mayores (r') que la tasa de crecimiento económico (g'), lo cual aumenta las brechas sociales y el recaudo fiscal en ese periodo podría ser especialmente provechoso para financiar el gasto público.

Hasta la fecha ningún candidato ha indicado su postura con vehemencia y detalle sobre la desigualdad ni mucho menos ha formulado una propuesta sobre su reducción -quizás la más cercana es la candidata de la izquierda, Clara López, pero palidece por su propuesta macroeconómica-; la mayoría de los candidatos se han enfocado en proponer alternativas para crecer a tasas altas, normalmente asociadas con aquellas cifras mayores o iguales al 6%. Esto es positivo si se tiene en cuenta que sin crecimiento es difícil crear riqueza, pero como se ha propuesto desde algunos sectores de la academia, con una sola estrategia de crecimiento del PIB es posible que la pobreza y la desigualdad se reduzca pero a un ritmo inaceptablemente lento. Como lo advierte el presidente del Banco Mundial, Jing Jom Kim, si se mantiene la estructura de distribución de la riqueza inalterada y los países continúan creciendo como lo hacen hoy día -especialmente los emergentes-, la pobreza solo caería un 10% de aquí a 2030, lo cual es francamente insuficiente. En términos de desigualdad el asunto es más complejo: como lo advierte Piketty, si la economía continúa creciendo por debajo del crecimiento de las remuneraciones del capital, la desigualdad continuará creciendo.

El ejercicio es simple: el consumo de los individuos tiende a crecer a una menor proporción que el crecimiento de sus ingresos. Si un individuo conserva 500 mil dólares, es probable que no los consuma todos, mientras que si esos 500 mil dólares fueran a parar a 5 personas, existe la probabilidad que se gasten en su totalidad, lo cual sin duda es mucho mejor para la economía. Y no se trata de hacer una apología a la igualdad extrema, que realmente anularía incentivos para la inversión y el desarrollo empresarial. Como lo diría el exprimer ministro británico Tony Blair, el asunto no es que haya pocos ricos, el problema es que hay muchos pobres. Y sin duda que las desigualdades de ingreso se extienden a desigualdades en el acceso a la salud o la educación de calidad, entre otros, que impide que los individuos desarrollen la totalidad de sus habilidades y por esa vía la acumulación de capital humano no sea la socialmente necesaria. Desde los candidatos presidenciales se esperaría una propuesta de política fiscal más acorde a las exigencias del país, que en este caso es clave y esencial para detener la creciente desigualdad, como veremos en el siguiente punto.

La política fiscal tradicionalmente ha sido asumida como un mecanismo que puede empujar la demanda. Sin embargo es también una poderosa herramienta de política pública para la reducción de las inequidades. En Colombia esta política ha sido ineficiente para obtener este resultado, en gran medida por problemas estructurales de gasto público y un régimen tributario poco progresivo. En esencia, el principal problema estructural del gasto público es que todavía continúa beneficiando a familias de altos ingresos. Hace un par de años, Fedesarrollo hizo un descubrimiento interesante: el gasto público en pensiones aumenta las desigualdades en un equivalente a 0,16 puntos en la escala de Gini. Es decir, por cada peso que se destina a pensiones, un grupo generalmente con mejores ingresos percibe una proporción mayor de ese peso, en detrimento de quienes menos tienen; y tiene mucho sentido, sobre todo cuando la mayor parte de quienes están en los quintiles de menores ingresos tienen menor probabilidad de pensionarse. En contraste, el gasto del Gobierno destinado a transferencias monetarias directas como Familias en Acción, por ejemplo, ayudan a reducir las desigualdades en un 0,057 puntos de Gini. Si bien este apartado es discutible, lo cito con el objetivo de demostrar que el Gobierno tiene una estructura de gasto que no se compadece en ocasiones de quienes menos tienen y que beneficia a quienes más. Y no es un problema de ahora, es un asunto estructural que a la fecha ningún gobierno se ha atrevido a modificar: el país gasta un 3,5% del PIB en el pago a pensiones, mientras solo destina un 0,3% a las transferencias monetarias directas. Es decir, gasta 10 veces más en un rubro claramente regresivo. En el plano tributario es muy diciente que el impuesto a la renta, que normalmente lo pagan quienes detentan mayores ingresos, apenas alcanza el 5,6% del PIB, mientras en los países más avanzados -promedio de la OCDE- este indicador es de casi el 12%. Esto se explica en gran medida porque el sistema, si bien se modificó a finales de 2012, aún mantiene en el sector empresarial una proporción mayor de pagadores del impuesto de renta mientras la participación de las personas naturales es muy baja. Y esto es regresivo: los impuestos a las empresas se trasladan a los precios de los bienes producidos y finalmente los pagan los consumidores. 

Podríamos extendernos páginas enteras analizando el sistema tributario colombiano y la estructura del gasto público y su incidencia en las inequidades. Sin embargo lo relevante hoy día del asunto es que a medida que la desigualdad se vuelve un tema central en la agenda mundial, en Colombia ha pasado casi inadvertida en el debate presidencial: si bien los candidatos presentan propuestas valiosas en temas de atracción de inversión, generación de empleo y crecimiento económico como un fin de la política económica de sus eventuales gobiernos, existe un vacío asociado a un temor a proponer reformas profundas en la estructura de la distribución de la riqueza en Colombia. Las desigualdades pronto emergerán como un freno al desarrollo económico y eso, hasta el momento, no ha sido un aspecto fuerte en el debate político. Y tristemente no lo será, mientras los medios sigan enfocando su atención en los penosos escándalos de los candidatos punteros.