¿Por qué Cali?

Cali vuelve a clasificar como una de las diez ciudades más violentas del mundo. La tasa de homicidios se mantiene por encima de la media nacional y pareciera que las muertes violentas no retrocedieran. Esto se complementa de forma perversa con unas tasas de desempleo más altas que las registradas en el conjunto de las 13 áreas metropolitanas más grandes del país y una desigualdad y unos niveles de pobreza significativamente superiores que las tasas nacionales. El panorama se presenta adverso, según la perspectiva de casi la mitad de los caleños, y sucesos de violencia como los de la última semana alejan el optimismo. Pero en el fondo, ¿por qué Cali? ¿por qué Cali pareciera seguir viviendo los rezagos de los ingratos años 1990? no existe una respuesta única. La capital del Valle ha avanzado significativamente, pero también ha sido menos exitosa que otras ciudades de Colombia y América Latina en la resolución de sus problemas estructurales. Sin duda la violencia es uno de ellos.

Cali, casi que sin dudarlo, es catalogada como la ciudad más insegura de Colombia. Los homicidios se han reducido en los últimos 15 años de una tasa de 130 muertes violentas por cada 100 mil habitantes a una de 90 muertes por cada 100 mil habitantes. Una reducción relevante, sin duda, pero que sitúa a Cali en una tasa tres veces superior a la media nacional y seis veces mayor que la de Bogotá, que no vive por estos días buenos tiempos. Al analizar los datos se descubre que, en 2013, 1962 personas murieron de forma violenta en la capital vallecaucana, lo que supone algo así como el 14%  de los homicidios nacionales. De estas muertes, 913 ocurrieron por venganzas, 451 por peleas entre pandillas y 133 asesinatos por hurto. Mientras tanto, las denuncias por hurtos en las intersecciones viales y en zonas públicas, tuvieron una reducción leve del 4% el año anterior. Esta violencia, sin duda, dejó de ser un problema coyuntural y se ha convertido en una triste falla estructural de la sociedad caleña. El fenómeno criminal que experimenta Cali proviene de unos aspectos profundamente arraigados: por un lado, la alta criminalidad reduce el capital social, al incrementar la desconfianza de los ciudadanos en sus autoridades y en sus vecinos y por ello crea un entorno de incertidumbre que altera sensiblemente la conducta de los invididuos. Las calles solas son una expresión de estas conductas que buscan reducir el riesgo de sufrir un delito que ponga en riesgo su integridad, con efectos nocivos en el desempeño económico -menos actividad comercial, por ejemplo-. El otro factor clave es que la pérdida de autoridad y legitimidad del Estado a nivel local ha permitido la expansión de economías subterráneas, como el transporte pirata, que se alimenta del escepticismo de los ciudadanos con respecto a sus instituciones y autoridades. En la base del problema son las rentas captadas de actividades ilícitas las que alimentan la violencia y la criminalidad, especialmente desde la época del narcotráfico de finales de los años 1980. Desde entonces no ha habido ningún Gobierno ni ninguna autoridad que recupere el terreno arrebatado por las grandes empresas criminales. Y esos vacíos continúan siendo llenados por grupos delincuenciales más pequeños pero con gran poder. 

Estos aspectos son mucho más fuertes en presencia de una marcada exclusión y segregación de la sociedad caleña. La falta de acceso a la educación, la justicia, formalidad laboral y bienes públicos en buena parte de la ciudad, dificulta el proceso de integración y profundiza la capacidad de los violentos de establecer sus reglas de juego y captar personas en zonas marginadas que entran a formar parte de grupos criminales. Y el Estado se quedó corto: más de 100 mil jóvenes en Cali se quedan anualmente sin acceso a la educación básica, otro tanto no lo hace a la educación superior y 33 de cada 100 jóvenes caleños no logra emplearse. Esto se adiciona a que Cali, en comparación con Medellín y Bogotá, tiene para la operación de su Policía un presupuesto que oscila entre 2 mil y 8 mil millones de pesos, frente a los 40 mil millones que asigna la Capital de la República y los 18 mil millones de la capital antioqueña. Esto, finalmente, nos sugiere una clave para la formulación de política de convivencia y paz duradera: pensar en soluciones de corto plazo conectadas con soluciones profundas de largo plazo. Entonces, el problema de la violencia que agobia a la capital del Valle parte de entender que su solución, posiblemente, no llegue en esta generación y por tanto tendrá efectos en el largo plazo. Es posible que en Cali estemos creyendo que la seguridad es un asunto de policías en la calle, pero realmente con esto evitamos el actuar de los violentos, no su renuncia definitiva a la violencia. 

Insisto, la magnitud del problema implica unas políticas de amplia envergadura. Según un informe de la Defensoría del Pueblo, un 10% de la población de Cali se encuentra en riesgo por la actividad criminal de bandas delincuenciales y grupos armados ilegales. El crimen es una gran empresa que se constituye en la locomotora de toda una economía subterránea, basada en la extorsión, el tráfico de drogas ilegales y los mercados negros de bienes y servicios, con elevados costos para los comerciantes de la ciudad. Debe llamar la atención que cerca de 2200 jóvenes han sido reclutados por grupos delincuenciales y, normalmente, estos jóvenes provienen de familias en situación de vulnerabilidad extrema. Alejar a la población de los efectos nocivos de la violencia implica el diseño de programas agresivos de inclusión al sistema educativo, al emprendimiento y a la recreación, entre otras, y a la capacidad de los individuos de desarrollar su potencial plenamente. Es probable que solo un ejercicio fuerte de la autoridad reduzca la capacidad destructiva de las empresas criminales, pero solo una acción estatal orientada al crecimiento y acumulación de capital humano y la recuperación del capital social evitará que generaciones próximas encuentren en la violencia un modo de vida. La pobreza y la violencia en Cali son fenómenos que se retroalimentan y se constituyen en una trampa de la cual salir es difícil. Un big push del gobierno tendrá más fuerza si se atacan las bases del problema con estrategias integrales. El futuro se construirá si se piensa que vale más un joven que va a la universidad que uno que va a la cárcel.