Paremos y reflexionemos: el problema de la educación en Colombia

La huelga de los maestros en Colombia no pudo llegar en peor momento: unas finanzas públicas resentidas por la disminución de los precios internacionales de nuestras exportaciones tradicionales y cuando en el Congreso aún no se termina el estudio del Plan Nacional de Desarrollo. Pero se debe  partir de un hecho: las exigencias del magisterio son absolutamente válidas. Hay consenso en el país que los docentes colombianos reciben una remuneración inferior que sus pares de otros países, que su oficio es mucho menos valorado socialmente que otras labores, como también es cierto que en una buena proporción, nuestros maestros vienen más cargados de buenas intenciones que de pertinencia que garantice la calidad. Exigir mejoras salariales es una súplica válida, tan válida como la exigencia de mejorar la calidad de la educación en Colombia. Sin embargo, es necesario enfatizar algo: ni los salarios van a mejorar a los niveles que esperan los maestros en huelga ni la calidad de la educación va a tener cambios sustanciales en el corto plazo. Permítanme hacer una exposición de mis impresiones a continuación:

Los salarios no subirán al nivel que los maestros exigen por una razón estrictamente económica que dice que el gasto público es estructural y sus modificaciones rara vez se hacen en el corto plazo. Para un gobierno es posible vía endeudamiento o una reforma tributaria incrementar sus ingresos y financiar más gastos o suprimir ciertos rubros y ahorrar, pero esto toma su tiempo por cuestiones de tipo legal y contractual, normalmente. Cada peso del presupuesto público que se retira de la economía puede significar miles de contratos incumplidos, millonarias demandas en contra del Estado y unos servicios públicos suspendidos. El gasto público es estructural cuando no se puede modificar de manera inmediata y aumentar los salarios de los maestros a los niveles esperados implica modificar otros rubros que, al menos en este año fiscal, ya tienen comprometida la financiación -el principio de recursos escasos rige esta discusión, por tanto para subir un rubro necesariamente se requiere o más ingresos o reducir en otros rubros-. Ahora bien, en los presupuestos de los años fiscales siguientes, que un rubro nuevo emerja y demande recursos adicionales implica que otros gastos imprescindibles -servicios públicos, fundamentalmente- deben tener garantizado su financiamiento. En cifras, hablamos de unas exigencias tasadas en cerca de cuatro billones de pesos adicionales al año que, cuando venimos de un aplazamiento de gasto de seis billones de pesos, lucen a todas luces improbable que se obtengan. Insisto: las exigencias de los maestros son válidas, pero en el corto plazo no son realizables.

Del lado de la calidad, creo yo, está la espina dorsal del debate. De hecho, la propuesta de evaluar a los docentes, que Fecode rechaza de forma vehemente, es apenas una punta de un gran problema: la baja calidad de los maestros en Colombia, especialmente ciudades pequeñas y no capitales. El estudio ya varias veces citado de la Fundación Compartir demostró una realidad que requiere ser vista con atención y profunda apertura a la reflexión; los egresados de bachillerato ubicados en los deciles con puntajes más bajos en las pruebas de acceso a la educación superior optan por estudiar profesiones relacionadas con la educación y la pedagogía. Es decir, tiene razón Fecode al decir que las pruebas que hará el Ministerio de Educación mostrarían resultados decepcionantes, pero se equivoca este sindicato -con una tendencia al radicalismo adherida a su razón de ser-, cuando advierte que intencionalmente estas pruebas están diseñadas para ser reprobadas por los docentes. Estas pruebas serán reprobadas porque, sencillamente, el recurso humano promedio que trabaja en el sector educativo oficial en Colombia no es suficientemente idóneo. El esfuerzo que debe realizarse, entonces, en materia educativa inicia por preparar mucho mejor a quienes deciden ser docentes; pero esto requiere una serie de incentivos que hoy el país no ofrece, empezando por mejores salarios y mejores beneficios por pertenecer al magisterio. Sin embargo, aquí conectamos con el tema fiscal que nos preocupa hoy día en Colombia: no hay recursos para que en el corto plazo esta situación cambie, de modo que, mientras fiscalmente el país hace las adaptaciones necesarias para garantizar el financiamiento de la calidad de la educación, los docentes seguirán recibiendo salarios por debajo de sus aspiraciones y la educación que reciben los estudiantes, especialmente en el sector oficial, seguirá siendo significativamente de menor calidad que quienes asisten a colegios privado de alto costo.

En síntesis: ni los recursos necesarios ni la calidad de la educación exigida llegarán en el corto plazo. El paro de los educadores, si bien se basa en reclamos justos, está movido por un impulso radical que ha demostrado Fecode y que ha sido contestado con algo de soberbia por el Ministerio de Educación y lo que hará es desgastar los esfuerzos de las partes inmersas en un proceso fundamental para el progreso del país como lo es la educación. El paro no debe ser el escenario para acordar  una mejora en la política de educación de largo plazo; esta requiere de una mayor apertura de las partes. Desde el gobierno, es preciso asegurar a futuro que los recursos necesarios fluyan de forma eficiente (esto es, sin corrupción ni negligencia) hacia el sector educativo y desde el magisterio tener presente una condición esencial: lo que suele ocurrir cuando se desea algo en el corto plazo es que dicho deseo no se cumpla. En otros términos, la disposición de esperar puede marcar la diferencia. En este orden de ideas, el paro no resolverá nada: en el mejor de los casos, por tomar una decisión que levante el paro inmediatamente se adoptarán medidas intermedias entre las aspiraciones del magisterio y el gobierno, postergando nuevamente las soluciones de largo plazo.