Desigualdad, seguridad y convivencia

La seguridad es una preocupación para los habitantes de las principales ciudades del país. Por supuesto, Cali no es una excepción. Nuestra ciudad mantiene una de las tasas de homicidios más elevadas, con 82 muertes violentas por cada 100 mil habitantes, -unas 2,5 veces mayor que la tasa nacional-, así como sigue habiendo una alta presencia de hurtos a personas, a residencias, a comercios y el robo de vehículos se convierte en un dolor de cabeza. Si bien hay que reconocer algunas disminuciones en estos delitos, estos siguen teniendo un alto impacto y parte de ese impacto se demuestra en que el 40,40% de los ciudadanos en la capital del Valle se sientan inseguros en la ciudad, el 69% considera que no tiene confianza en las autoridades y solo el 16% considera que la justicia está cumpliendo con su labor de reducir la criminalidad. Y en una sociedad profundamente desigual como la nuestra, incluso los efectos de la criminalidad se distribuyen de forma odiosa: el año pasado, en un trabajo sobre la estructura del crimen en Cali presentado al profesor Alexei Arbona, del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Javeriana, encontramos que el 95% de los delitos contra la vida y la integridad se registraron en las comunas con mayor incidencia de pobreza, específicamente en las comunas 6, 13, 14 y 15. Las comunas 17, 19 y 22, donde se asientan las familias en los deciles de ingresos más altos, tienen una mayor comisión de delitos contra el patrimonio (la comuna 19 tiene el mayor número de hurtos a personas y la comuna 17 el más elevado número de robo a vehículos).

El anterior ejercicio arroja resultados más dramáticos cuando se contrastan los datos de homicidios con los de escolaridad: las cuatro comunas con mayores tasas de homicidios -por encima de las 100 muertes violentas por cada 100 mil habitantes-, tienen una población que tiene 2,5 veces menos oportunidades de acceder a la educación superior o a la formación para el trabajo. Sin establecer relaciones de causalidad, existe una posible correlación entre el nivel de escolaridad promedio de una población y la tasa de homicidios, mientras no se evidencia que la educación tenga relación alguna con los delitos contra el patrimonio, ¿por qué son importantes estos hallazgos?, porque sin lugar a dudas el diseño de una política de seguridad y convivencia efectiva debe partir del reconocimiento de la existencia de una dualidad en la situación de seguridad de la ciudad, algo que se podría entender no ha sido asimilado por las estrategias actuales contra el crímen. De hecho, el éxito de una política de seguridad podría medirse en su capacidad de vincular de manera armónica a la oferta institucional en los esfuerzos por reducir la comisión de delitos y, además, reducir el ingreso de mano de obra a las empresas criminales de Cali.

La estrategia de seguridad y convivencia en la capital vallecaucana, entonces, debe tener múltiples componentes: en aquellas zonas que padecen un impacto mayor de los delitos contra el patrimonio resulta fundamental el fortalecimiento de la presencia policial, la constitución de redes de información y cooperación ciudadana -encabezadas por las Juntas locales de las comunas y barrios-, la conexión de las cámaras de seguridad privadas y públicas a una sola red con vigilancia de las autoridades competentes, la inserción de tecnologías para alerta temprana o en tiempo real y la adecuada iluminación de los espacios públicos. Pero en donde detectamos una mayor presencia de delitos contra la vida y la integridad, generalmente comunas empobrecidas y rezagadas, es claro que la estrategia debe ser integral: no basta con la acción de la fuerza pública orientada a atender con pertinencia los eventos delictivos; los resultados que se deriven de ahí serán muy débiles si no se generan espacios de reintegración, de fortalecimiento y desarrollo comunitario y de reducción de las inequidades: mejorar las coberturas de los servicios sociales, generar oportunidades de acceso a la educación y la cualificación y reorientar las estrategias de lucha contra la pobreza son esenciales para que el ejercicio de la autoridad tenga efectos reales. No por vivir en un contexto empobrecido y abandonado la gente tiende a ser violenta, pero sí puede ser presa fácil de las empresas criminales ávidas de mano de obra barata, de ahí que ese fenómeno debe atacarse con vehemencia.

Una buena conclusión de este tema es que no puede seguirse aplicando la misma estrategia para combatir a la inseguridad en nuestra ciudad, desarticulada y alejada muchas veces de los esfuerzos gubernamentales por generar mejores condiciones de vida dentro de la población. De hecho, la capacidad de segmentar el público objetivo de la política de seguridad y convivencia, con un entendimiento suficiente que Cali no es un único público sino que está conformado por grupos sociales diversos y con problemáticas muy específicas, permitirá el desarrollo de herramientas de trabajo diferenciadas que facilitarán el proceso de acompañar a una fuerza pública que combate a las empresas criminales mientras se reduce el espacio para que más individuos ingresen a estas organizaciones a través de la provisión de bienes públicos y un acompañamiento estatal apropiado. Para una ciudad resulta desastrosa la destrucción de su capital físico por cuenta de la violencia, pero más aún, es no menos que una catástrofe la destrucción de su capital humano. Y en las comunas más rezagadas socialmente estamos permitiendo que esto último ocurra, sin mucho éxito en impedirlo.