Noche de paz...sin impunidad

La extrema derecha, capitalizada por el senador Uribe y su partido personalizado, ha sabido muy bien vender mitos que, a fuerza de repetirse, se han convertido en protuberantes verdades para muchos. Y efectivamente, el expresidente ha sabido hacer uso muy bien de la memoria de poca duración de la sociedad colombiana para hacer elevados juicios de valor sobre el acontecer nacional, del cual indudablemente él es uno de los grandes arquitectos. El proceso de negociación con las Farc, una de las tres banderas del actual gobierno, ha dado vida y discurso a un partido que, de otra manera, no tendría razón de ser. Y si el presidente ha enarbolado una bandera, el uribismo ha sabido izar otra con mucha fuerza, que se repite en las redes sociales y en el imaginario popular con casi la misma fuerza: la paz sin impunidad. Efectivamente, para el Centro Democrático y la ideología más conservadora del país, las Farc no merecen consideración alguna y deben ser castigadas con severidad, que La Habana debe parecerse más a Nüremberg en 1945 que a Belfast en los acuerdos del Viernes Santo. Y probablemente el primer sentimiento que se nos viene ante los autores del bombazo del Club El Nogal, del secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca o la masacre de Bojayá es que deberían recibir un castigo que les cause tanto o más dolor del causado. Sin embargo, ¿qué tan sano es para una sociedad albergar ese tipo de sentimientos?, más aún, ¿qué tanta autoridad tiene el senador Uribe y su bancada opositora para hablar de la paz sin impunidad?

Aunque algunos sostienen que el presidente Uribe fue un tipo de mano dura, algo que no se le niega, hay que hacer una precisión importante: fue un militarista, pero en materia de justicia fue tan blando como lo que hoy se rasga las vestiduras al denunciar. El Centro Democrático sostiene la tesis que el gobierno está dándole a las Farc muchos beneficios que acercan a los acuerdos de La Habana a la impunidad absoluta y manifiesta que se pretende con ello legitimar la lucha armada en aras de la construcción de un régimen socialista al estilo venezolano. Más allá de las delirantes fantasías de este grupo político, el asunto reside en realmente qué tan viable es apostarle a la reconciliación y a la búsqueda de la paz con una incesante intención de aplicar castigos ejemplares. No existe negociación en la que las partes no hagan una cesión parcial de sus intereses y eso lo sabe el uribismo, que lo hizo así con las Autodefensas en su momento, pero convenientemente hoy lo calla. Y vayamos al proceso de negociación con las Autodefensas y recordemos si realmente la paz con estos grupos se logró a través de un sometimiento a la justicia, a pesar que de entrada se pactaron hasta ocho años en prisión para los autores de algunos de los peores crímenes del conflicto: si se analizan las cifras, por cada diez masacres cometidas por el paramilitarismo, solo tres eran cometidas por las guerrillas. Si la mano dura de la justicia del pasado gobierno hubiese sido tal como hoy nos intentan hacer creer, Salvatore Mancuso estaría cursando sesenta años de prisión en un penal de máxima seguridad en Colombia y no enfrentando una tercera parte de esa condena por  tráfico de drogas a los Estados Unidos en ese país.

Vamos llegando al gran error del Centro Democrático y sus adeptos al exigir justicia, en un país donde el sistema judicial opera con un indicador de impunidad del 90%. Desmontar estructuras armadas ilegales basados en un modelo de justicia penal ordinaria es un camino expedito a la impunidad, contrario totalmente a la lógica de quienes lo defienden así. Profundicemos más: los grupos paramilitares tenían cerca de 30 mil combatientes, que se desmovilizaron y se empezaron a establecer en las ciudades a cambio de importantes beneficios por parte del Estado, como vivienda, salud, educación y medidas para facilitar su reinserción, (sí, en el gobierno del senador Uribe el gobierno daba beneficios económicos a criminales también, cuando estos manifestaban su deseo de reinsertarse). De este grupo, en 2010 algunos informes hablaban de 5300 desmovilizados reincidentes y 2034 asesinados, de los cuales ninguno compareció ante la justicia. En diez años de proceso, solo se profirió una sentencia, mientras se sigue la investigación por 46 mil delitos y se buscan mecanismos para reparar y decirle la verdad a 278.334 víctimas reconocidas como tal en el marco de la ley de Justicia y Paz, de las cuales solo se había compensado por vía administrativa a 11 mil. Y no se trata de decir que el proceso de desmovilización de las AUC fue una oda a la impunidad, porque es una conclusión errada y nos lleva a cometer el mismo error que cometen muchos de sus arquitectos que hoy arengan contra La Habana. 

La conclusión de esto es que es más sensato reconocer que la desmovilización de estructuras de guerra es un fin que implica aceptar que jamás lograremos imponer la justicia punitiva con que muchos sueñan. El gobierno de Uribe lo sabía, tanto que la única manera de imponer algo de justicia ante los máximos capos fue enviarlos a los Estados Unidos, aún sabiendo que allá no serían procesados por sus crímenes de lesa humanidad en Colombia. Y sabe que, por más que se quiera, pretender que la justicia asuma todos los crímenes y dicte condenas sin escatimar esfuerzos y sin un marco alternativo alguno es vano. No obstante, en el Centro Democrático lo han olvidado de forma conveniente: se alimentan de la poca memoria colectiva que tenemos como sociedad. Por eso hoy de forma fanatizada se repite que Colombia quiere por fin una noche de paz sin impunidad, a pesar que ellos saben que, tristemente, como sociedad tendremos que sacrificar un poco de justicia para asumir los costos de matarnos entre colombianos. Lástima que por unos votos no lo reconozcan.

Feliz Navidad y venturoso año 2016 a todos.