Cheques en blanco

Que el municipio de Cali como el departamento del Valle del Cauca necesitan reestructurar la manera en que se administran y gobiernan sus recursos es una realidad. Tanto la gobernadora como el alcalde han presentado a sus entidades de control político la solicitud de facultades extraordinarias para reformar los gobiernos que presiden y existe un interés de la opinión pública de entender lo que se quiere hacer en los órganos de administración. El asunto es muy sencillo: ambos piden facultades legales, pero no anuncian aún qué reformas van a plantear, por lo cual asaltan dudas. Tanto en el concejo como en la asamblea departamental piden los respaldos que den viabilidad técnica a las decisiones que tomen los gobernantes facultados; sin embargo también hay temor porque esto supone, también, tocar el bastión de la clase política tradicional colombiana: la burocracia. La incógnita es si los concejales y diputados están dispuestos a permitir una cirugía en el recurso humando de la administración pública departamental y municipal.

Quizás este aspecto ha generado una mayor polémica y plantea serias dudas, sobre todo en un concejo que, como el actual, es un homenaje al clientelismo y la perpetuación de la política tradicional. No tardó en presentarse el proyecto de reforma administrativa cuando un buen grupo de concejales manifestó su malestar por darle al alcalde unas facultades que, en principio, ponen en riesgo esa maraña de contratación que da tanto oxígeno a las organizaciones políticas de los cabildantes. Porque si hay un beneficio de tener una asignación tan opaca de los recursos humanos en la administración municipal es el que tienen quienes logran poner con comodidad a sus cuotas en ella, a menudo con duplicidad de funciones, en el mejor de los casos. Bajo el criterio político -entendido como un asunto electoral- es difícil garantizar que los administradores públicos asignen a sus usos más valiosos al recurso humano y ahí comienza una seguidilla de decisiones desacertadas o, como dirían los economistas, subóptimas. Y es que a lo largo de las últimas dos décadas las relaciones entre el alcalde o gobernador y el concejo o la asamblea han sido eminentemente transaccionales; de hecho, la gobernabilidad se ha construido sobre la base de pactos donde, entre otras cosas, suele acordarse la entrega de cuotas burocráticas a cambio de la aprobación de todo lo que necesita el gobernante local para poder cumplir sus propósitos de gobierno. En últimas, el alcalde no termina nombrando en cargos estratégicos a quien considere más pertinente sino a quien le recomienden, más allá de si reúne o no las competencias. Copie y pegue la historia y tendrá el mismo fenómeno en la gobernación del Valle. Allí tenemos el primer gran reto: necesitamos reformar la administración pública, pero los intereses de los barones electorales pueden servir de piedra en el camino para arruinar el esfuerzo.

El segundo reto es qué decisiones deben tomarse para garantizar que el recurso humano se optimice en las administraciones departamental y municipal. Claro, si son aprobadas las facultades extraordinarias, cosa que parece más probable en la Asamblea que en el Concejo. Las necesidades de la región han cambiado, en algunos casos, y en otros simplemente se han hecho retos mayores. Hay un acuerdo en que los temas de desarrollo económico local -banderas en sus campañas, especialmente en la del alcalde Armitage- implican generar una institucionalidad que oriente los esfuerzos de los gobiernos hacia el apoyo a las empresas y todo este tema del clima de negocios, así como asuntos relacionados con la innovación y el desarrollo sectorial. Ni Cali ni el Valle cuentan hoy día con herramientas institucionales para la gestión del desarrollo local y eso demuestra la necesidad de reformar la administración. Sin embargo el tema obliga a hilar más fino: una de las grandes falencias de las estructuras organizacionales en el sector público es la carencia de sistemas de gestión por procesos y de aseguramiento de la calidad, esenciales para darle un norte a la gestión y al servicio. La construcción de estos esquemas permite delimitar los horizontes de las funciones, de los procesos y de los procedimientos, facilitando así la acotación de las competencias de los funcionarios y brindar así herramientas para la evaluación, seguimiento y toma de decisiones oportunas y pertinentes. 

De modo que el asunto tiene gran trascendencia. Sorteado el primer paso de lidiar con los insaciables apetitos de ciertos concejales y diputados, la gobernadora y el alcalde se enfrentan al reto real y mayúsculo de modernizar y hacer pertinente a una vetusta administración pública: no se trata ya, únicamente, de definir qué necesita el ente territorial sino cómo asigna cada recurso a sus fines más valiosos. No basta con saber que necesitamos una secretaría de desarrollo económico, sino cómo hacemos que esta y el resto de dependencias alcancen los niveles de eficiencia, efectividad y oportunidad que se exige y, para esto, se requiere entender que si para las empresas es fundamental tener al mejor talento humano adecuadamente asignado, para el Estado esto no es excepción. De modo que tanto el alcalde como la gobernadora deben conocer qué harán con las facultades que se le otorguen y así explicarlo, de lo contrario es difícil que les den un cheque en blanco.