O se modernizan o desaparecen

Hay que partir de una realidad: hay camioneros que la están pasando muy mal. El negocio dejó de ser rentable para ellos y no tienen la capacidad instalada para adaptarse a las dinámicas del mercado del transporte de carga en Colombia. De allí debe partir el Gobierno y el sector camionero, a fin de garantizar el bienestar de los transportadores y de sus familias. No obstante, es claro algo más y es que las pretensiones de los camioneros y las motivaciones de su paro son absolutamente inconvenientes para la economía colombiana y responden a un deseo de regresar al pasado. Bajo tales condiciones el Gobierno no puede ceder y es necesario que exista un entendimiento: si se mantienen, los transportadores de carga nos están obligando a participar en un juego de suma cero, donde los beneficios de ellos son las perdidas de nosotros. Veamos entonces una a una las pretensiones y motivaciones de los camioneros:

Tabla de fletes. Hasta hace no mucho tiempo era la herramienta por la cual se valoraba el costo de movilizar una mercancía entre un punto y otro. En la práctica era una serie de precios regulados con unos pisos definidos que de una u otra manera resultaban inflexibles para el empresario que  requiere que sus mercancías vayan de un lugar a otro. Luego de una huelga anterior, el Gobierno definió  cambio del mecanismo de precios del transporte de carga hacia una herramienta de precios libres que fluctuaban conforme al mercado. Estos se ajustaron a la baja en beneficio de los usuarios del servicio de carga pero con resultados negativos para muchos camioneros que, inexplicablemente, mantuvieron la misma estructura de producción y su capacidad instalada y por tanto no pudieron adaptarse a las nuevas condiciones -básicamente por la sobreoferta de camiones, como veremos más adelante-; sin embargo hay una realidad: la tabla de fletes encarece los costos de los empresarios y eso puede traducirse en un incremento de los precios finales que pagan los consumidores. Esto además sería insólito, si se tiene en cuenta que por lo general la regulación de precios por parte del Estado busca reducirlos y no aumentarlos, como ocurriría aquí. Si el costo de eso es la pérdida de bienestar de millones de consumidores, la pretensión de los camioneros es inaceptable.

Sobreoferta. Entre 2005 y 2007 ingresaron 22 mil camiones, pero solo salieron 4 mil camiones viejos. El parque automotor ha estado creciendo a un ritmo sostenido, a pesar que existe un fondo que financia la chatarrización de camiones viejos, lo que debería reducir las presiones sobre la oferta de transporte. Sin embargo, todo esto resultó adverso: que el Gobierno pague por sacar camiones viejos parece que ha sido un increíble incentivo perverso para el desarrollo de una economía ilegal que ha impulsado es una captura de rentas a costillas de los recursos públicos. Por eso en lugar de reducirse el parque automotor ha crecido, ¿ve el truco? Pues bien, el asunto va más allá: la pretensión de los camioneros es que el Gobierno subsidie a los camioneros que tienen camiones viejos, lo cual no es otra cosa que una transferencia neta de recursos a todas luces regresiva: los impuestos que pagan muchos colombianos -la mayoría sin activos ni grandes fortunas- se transfieren a quienes tienen como activos uno, dos o más camiones. Ya quisiera un empresario tener semejante gabela del Estado, que le compra una máquina vieja. Ahora bien, ¿qué pasa con el fondo de chatarrización? El argumento de los huelguistas es que esos recursos parece que se los están robando, sin mucha evidencia. No obstante no responden por qué siguen entrando camiones al parque automotor, si en el mejor de los casos este debería estar congelando, ¿quién está jugando sucio? No lo sé, pero resulta también inadmisible que los transportadores pretendan que se regule el mercado de camiones en Colombia. Fijar una cuota incrementará el precio de estos, ¿a quién beneficia esa jugada económica? Nuevamente las miradas hacia los poderosos dueños de 100 o más unidades. Personalmente prefiero que mis impuestos paguen la salud de los más vulnerables y no el funcionamiento de un solo sector económico.

Costos del combustible y otros costos. Es cierto, la gasolina y el ACPM en Colombia podría ser más barata si los impuestos, tasas y sobretasas que tiene se desmontaran o, en el peor de los casos, se redujeran. No obstante hay un argumento falso: la gasolina colombiana no es de las más caras del mundo ni la más cara del continente. Y vendría la otra situación: si se elimina una fuente de ingresos para el Gobierno, debe buscarse una nueva. Si bien en el futuro debe encontrarse una fórmula que incida en los precios del combustible, los recursos que el Gobierno deja de percibir deben garantizarse desde otra fuente y esa no está clara. Imagine si esto ocurre y muchos municipios pierden unos ingresos vitales para el mantenimiento de las vías. Esto no puede ser una decisión a la ligera. Si bien los camioneros tienen razón, no hay en la mesa una propuesta alternativa. Idéntico pasa con los peajes: en un país rezagado en términos de infraestructura, con un programa muy ambicioso y costoso de vías -su valor es equivalente al PIB de Paraguay-, pensar en reducir los precios de uso de las vías no parece una idea sensata cuando la mayor parte de estos proyectos se ejecutan por concesiones. Definitivamente: el problema no es de costos, es de la incapacidad del sector de incorporarlos en su estructura. 

Ingreso de empresas transportadoras nuevas. Los mercados van cambiando y el de transporte de carga no es la excepción. La lógica del sistema de precios y de libre empresa postula que no debe haber barreras de ingreso ni de salida de firmas del mercado. Las empresas eficientes sobreviven y las que no, salen. Con esto ganan los consumidores y los trabajadores. No obstante, nos están convenciendo que esto es el infierno y que no puede ocurrir, ¿por qué no? ¿por qué debemos subsidiar a quienes no son eficientes -producen poco a un alto costo-? Gracias al sistema económico que manejamos, es posible permitir que empresas con economías de escala, más eficientes y competitivas entren a un negocio a menores precios. No obstante, resulta paradójico que partidos políticos que denuncian al Gobierno Santos por ser "socialista" sean los que sin pudor respalden una estructura de mercado casi monopólica como la del transporte de carga hoy. La invitación que el Gobierno debería hacer a través del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de otras entidades estatales al sector transportador de carga es a reinventarse, so riesgo de desaparecer y ceder su espacio a otros más eficientes.

Violencia y vías de hecho. Muchos transportadores en paro han decidido invocar el hecho que si el Gobierno negocia con terroristas, debería negociar con ellos. Por supuesto, el oportunismo político detrás de ello es olímpico. Sin embargo, resulta inaceptable que los camioneros, que operan en la legalidad, se comparen con quienes llevan sesenta años en la ilegalidad y cometiendo toda clase de delitos. La escalada del paro camionero, además de ser económicamente inconveniente y teóricamente cuestionable, se está deslegitimando en la medida en que un grupo de productores -una minoría- impone sus preferencias sobre las de la mayoría a través de la violencia. Están atacando el bienestar general por saciar sus ambiciones particulares, en un abierto desafío al Estado Social de Derecho. Sí, los transportadores tienen derecho a vivir bien y tener condiciones de trabajo dignas, pero su lucha no puede significar dejar sin suministros vitales a regiones enteras y, más aún, negar los derechos que todos tenemos garantizados.

Es así como el paro camionero, si bien es cierto que debe ser atendido por el Gobierno y nos debe poner a reflexionar sobre los conflictos sociales que no hemos resuelto, está mal fundamentado: lo han construido sobre una base que atenta contra la competitividad de las empresas colombianas. También debe darnos las oportunidad de pensar qué clase de país queremos tener. Decisiones desastrosas como permitir la desaparición de los trenes y de la navegabilidad y la colusión entre la dirigencia política y sectores económicos  nos dejan como resultado un rezago que se erige como obstáculo del desarrollo. Hoy los camioneros tienen la posibilidad de elegir entre hacer parte del sueño de una Colombia más productiva, más próspera y más moderna o si se condenan a su desaparición. O se modernizan o desaparecen.