La tesis del riesgo: el No

Promover y votar el No en el plebiscito es necesario. La unanimidad y la tendencia a buscar consensos despreciando el disenso no es sano para la democracia. Sin embargo, eso no nos exime de la posibilidad de referirnos a las ideas y propuestas contrarias. En el caso del No, ha venido haciendo carrera un relato bastante convincente que sugiere que votar por esa opción es lo mejor que le puede suceder a Colombia: se renegociarán los acuerdos logrados en La Habana, de modo que se satisfarán los deseos de justicia y participación política de los promotores del No y sus simpatizantes, que ciertamente no son pocos. Por supuesto, es válido que algunos sectores crean en eso. No obstante, hay algunas observaciones importantes que bien podrían aportar a la reflexión.

Lo primero que debemos desestimar es que habrá renegociación de los acuerdos de La Habana. Es poco probable que eso ocurra. Ni el Gobierno ni las FARC van a sentarse en una mesa por tiempo indefinido hasta convencerse de nuevos puntos de encuentro. En primer lugar porque no los hay y en segundo lugar porque lo logrado desde 2012 ha satisfecho a las partes, tanto que hoy estamos en mínimos históricos de violencia asociada al conflicto armado. Suscribo la idea que sugiere que la victoria del rechazo a los acuerdos de paz no nos llevará automáticamente a la guerra de nuevo. Lo que sí ocurrirá, es que si vence el No nos enfrentaremos a haber preferido la incertidumbre sobre el desarme de las FARC. Las consecuencias son amplias: se extenderá indefinidamente la espera para su desarme, toda vez que no es claro cuál será la situación jurídica de los combatientes, ¿sus órdenes de captura volverán a tener vigencia? Si se encuentran con la fuerza pública, ¿se enfrentarán?, ¿cómo refrendar los acuerdos si no se van a renegociar? ¿asamblea constituyente? Si es así, ¿permitirán que las FARC participe en ella? Si dejan que vaya a la Asamblea, ¿por qué no nos ahorrábamos ese esfuerzo y los dejábamos mejor ir al Congreso? 

Por otro lado, ¿realmente los acuerdos de La Habana suponen un cambio de modelo económico, impunidad total y más violencia posteriormente? La respuesta es no, no hay evidencia. El punto que más acercaría a la preocupación de los promotores del No dice que el Estado tomará tierras para repartirlas entre campesinos sin tierras suficientes y eso puede implicar expropiaciones arbitrarias, ¿pero qué tierras entran en el acuerdo? Baldíos y tierras adquiridas de forma irregular. Uno podría decir que si alguien compró legalmente su tierra, no se ven motivos de preocupación, según lo contemplado en el acuerdo. Ahora bien, ¿impunidad total? Está claro que depende cuál es la visión de justicia con que se evalúe el asunto: el acuerdo de justicia indica que las partes deberán acudir a una jurisdicción y decir la verdad y reparar, so pena de ir a la justicia ordinaria y cumplir penas de cárcel. Pero pensemos en que en Colombia la impunidad supera el 80% y que el sistema carcelario hace rato rebasó su capacidad, un 140%, lo que nos hace pensar, ¿realmente la justicia transicional promueve la impunidad? La mirada rápida sugiere que una jurisdicción dedicada a juzgar los hechos del conflicto armado parece mucho mejor que una justicia ordinaria congestionada.

Ahora bien, los promotores del No apelan a una retórica que Albert Hirchman encierra en lo que llama la tesis del riesgo: convencer que el costo de la reforma propuesta tiene un costo muy elevado, tanto que pone en riesgo logros precedentes. El argumento ha sido que los acuerdos logrados van a traer más violencia, ante la ausencia de justicia real, terminando de echar al traste los logros de seguridad de los últimos 15 años. Pues parece que la evidencia no soporta mucho estos argumentos: el proceso con el M19 no generó nueva violencia de parte de sus miembros desmovilizados, la justicia transicional no impidió que muchos paramilitares se rearmaran y en Irlanda del Norte los antiguos terroristas pudieron ingresar al orden legal luego de una larga negociación y la violencia no regresó. En dos de esos tres casos, la justicia no fue particularmente protagónica. En esencia, los procesos de paz requieren que se sacrifique justicia pero que se desarrolle una agenda que maximice los beneficios del desarme. 

Y ese es el Sí que yo defiendo. Parto del hecho que las caras visibles del Sí y del No son representantes del establecimiento fragmentado, pero que en su momento cogobernaron. El sí y el No para ellos son victorias y puntos de llegada, el Sí que defiendo es un punto de partida y debe ser una iniciativa ciudadana. Resulta fundamental que se geste una agenda que permita capitalizar los beneficios del fin del conflicto: nuevos liderazgos políticos y sociales, una agenda realmente ambiciosa que anule los entornos generosos para la violencia y promueva la construcción de una paz duradera basada la inclusión. El sí, por donde se le mire, ofrece un panorama diferente: el No, al final de cuentas, nos dejará en el mismo lugar en el que hoy estamos y hemos estado en las últimas décadas. Y no sé si ese sea el punto en el que queramos permanecer.