Los cálculos de la paz

En la evaluación de proyectos se estima el beneficio neto de una iniciativa tras restarle a los flujos todos los costos, gastos e impuestos. El beneficio neto de una inversión, por ejemplo, es lo que realmente le queda libre al inversionista. Bajo esta sencilla lógica funciona también el acuerdo final alcanzado con las FARC. Tal y como está planteado el debate hoy entre los promotores del Sí y del No, parece que además estamos divididos entre quienes vemos que descontando los costos -además de corto plazo- el beneficio sigue siendo positivo y entre quienes creen que los costos son tan elevados que hacen inviable el proyecto mismo de la paz con las FARC. No obstante, no deja de ser insólito que exista tal arraigo entre muchos sectores de esa última idea, hasta el punto que la terminación del conflicto con la mayor agrupación armada del país -una guerra de cinco décadas- pareciera irrisoria. Creo que hay entonces tres nociones al respecto:

El primer argumento es que no puede esperarse que un país en conflicto de tantos años pretenda superarlo sin hacer esfuerzos adicionales. La lógica nos puede indicar que si la legislación, la Constitución y el orden vigentes no lograron evitar ni pudieron acabar el conflicto, se requieren herramientas extraordinarias para lograrlo. El Acuerdo final logrado justamente fue el resultado de la búsqueda de mecanismos razonables para garantizar un entorno de confianza que le permitiera a las partes llegar a la decisión de cesar el fuego y las hostilidades. Sin embargo, resulta exagerado pensar que este documento plantea un cambio de la Constitución, cuando la mayoría de las medidas son transitorias y muchas otras son simplemente disposiciones que permite la ley y la legislación internacional. Es un costo, pero finalmente en un horizonte limitado este desaparecerá y el orden vigente, al cual acepta finalmente unirse las FARC, se mantiene. En últimas, el objetivo de toda negociación en un conflicto armado es detenerlo y cesar sus efectos directos e indirectos.

El segundo argumento para rebatir la tesis de los costos excesivos y del riesgo esgrimido por los promotores del No, es que la historia ha demostrado con amplitud que una paz sin costos no es posible. Las FARC han luchado durante cinco décadas ante la incapacidad del Estado colombiano de llegar a un punto donde los beneficios de entregar las armas y reintegrarse a la vida civil justifiquen el abandono de la lucha armada. Sin garantías jurídicas, sin incentivos económicos y sin la seguridad de una amplia oferta institucional para los combatientes, está demostrado que cualquier intento de acercamiento entre las partes será infructuoso. Y este punto ha generado controversia: ¿por qué unos guerrilleros van a recibir tantos beneficios? Una de las consideraciones es que como país en conflicto que hemos sido es necesario que revaloremos el contexto de lo justo. De alguna manera, no podemos pretender actuar como un país normal cuando justamente estamos superando una etapa de anormalidad. Y si insistimos en buscar la paz acudiendo a fórmulas que han demostrado su inviabilidad, sería de gran torpeza mantenerse en ellas.

El tercer y gran argumento es que llegar al fin de la lucha armada con fines políticos es una conquista que tiene efectos directos e indirectos notables: piense por un momento que en el curso de las negociaciones de la mesa de conversaciones en La Habana la reducción en las acciones bélicas se estima que evitaron 1500 muertes. Con el Acuerdo final, la garantía es que este comportamiento se puede extender indefinidamente en el tiempo y se pueden alcanzar otros efectos positivos derivados de la desaparición del mayor ejército ilegal del país, entre ellos el hecho de enviar un mensaje fuerte de cómo la violencia política en Colombia desaparece. Estabilidad política y confianza en el Estado pueden generar círculos virtuosos que aportarán dividendos significativos, que pueden cuantificarse en inversión, mayor y mejor presencia del Estado en las regiones y una reorientación de las prioridades de política pública en Colombia. Pero la discusión está abierta: si privilegiamos la preocupación por unos costos que se ha demostrado son inevitables y temporales o si realmente el beneficio del acuerdo, ampliamente documentado, determinará nuestra intención de voto en el plebiscito del 2 de octubre.