Cali, ley y justicia

El asesinato de un hombre, que llevaba a su hija al momento del atentado, ha conmocionado a Cali. No sólo por la extrema barbarie del hecho sino porque resultó implicada una menor de edad, prácticamente una bebé, quien perdió a su padre y por poco pierde su vida. Más allá del caso puntual, este es otro episodio de una ciudad que no logra salir de la espiral de violencia en la que está inmersa desde hace más de dos décadas y que parece una herencia maldita del narcotráfico, del conflicto armado y de sus efectos en la región. A esto se suma un aumento de los hurtos callejeros y de la percepción de inseguridad de los ciudadanos, lo que hace que hoy se crea de forma generalizada que vivir en Cali es estar en una situación de constante peligro.

Hay que empezar por entender los determinantes del delito en Cali: por un lado, sin duda que la influencia del negocio de las drogas ilícitas sigue siendo la variable que más incide en la violencia y la criminalidad en la ciudad. Por un lado, Cali está en medio de corredores naturales que comunican al Pacífico con las zonas montañosas donde se siguen presentando cultivos ilícitos, hoy pretendidos por bandas criminales, reductos de las FARC y otros grupos armados, dedicados a ser intermediarios en la cadena de valor del negocio. Por otro lado, la capital del Valle es un mercado muy apetitoso para las estructuras criminales que distribuyen y comercializan drogas ilícitas. En Cali el consumo de sustancias psico-activas (SPA) es mayor que en el resto del país -hace no mucho vi una encuesta del Ministerio de Salud que da cuenta que en la ciudad la cifra de personas que han consumido drogas ilegales en el último año es 69% mayor que el promedio nacional-. Sin duda, el control del mercado es una prioridad de las empresas criminales y eso se ve reflejado en muertes violentas y crimen en ascenso.

Pero hay otros factores que inciden, quizás no en menor proporción: aún en la ciudad tenemos a 120 mil niños y jóvenes fuera de las aulas escolares, sumado al hecho que la desigualdad es persistente y existe una discriminación espacial que es notoria en el oriente y en la ladera de la ciudad, donde el transporte, los servicios públicos y la atención del Estado son deficientes. Hay miles de jóvenes que no acceden ni a la educación ni al empleo y terminan siendo mano de obra barata para las empresas criminales. Por supuesto, esto no es una realidad exclusiva de Cali, pero se acentúa su gravedad con el elevado consumo y comercio de drogas ilegales. Esto también nos permite entender que no hay una receta para acabar en el corto plazo la violencia ni la criminalidad y es un antídoto contra el populismo de quienes creen que sí es posible pero que la Administración Municipal no la implementa de forma deliberada. La realidad es que los homicidios en Cali se han reducido a casi la mitad de los indicadores de hace cinco o seis años, lo que sin duda es un buen resultado, aunque es insuficiente.

Así las cosas, es necesario intervenir en los más graves problemas sociales que tiene Cali para poder combatir desde la raíz a la violencia. Esto se ha entendido en los últimos años -prueba de ellos es el programa de Territorios de Inclusión y Oportunidades, TIO-. Sin embargo, ¿qué hacer en el corto plazo para que la gente se sienta segura? Este asunto reviste gran importancia, porque es del orden nacional: ciudades como Barranquilla, Bogotá y Medellín presentan un deterioro de los indicadores de seguridad y de percepción, principalmente cuando delitos de alto impacto como el robo de teléfonos celulares se ha incrementado en todo el país. Y aquí es donde el Gobierno Nacional debe asumir como prioridad la recuperación de la seguridad urbana: por una parte, la justicia debe ser más ágil y certera, de lo contrario el incentivo para delinquir se mantendrá intacto -un riesgo bajo de castigo hace que el delincuente actúe con mayor tranquilidad, como de hecho ocurre- y, por la otra parte, es imperativo que se aumente el pie de fuerza de la policía en las ciudades. Este debe ser el compromiso de la Nación en el corto plazo y algo que deben presionar los alcaldes.

No obstante, uno sí lamenta que pocos candidatos presidenciales hablen de la seguridad urbana y de la reforma a la justica y sigan con el mismo tema de finales de siglo pasado y comienzos de este: las FARC.